Alicia Rodriguez Olan
Expediente 1378/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1378/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alicia Rodriguez Olan
Actuaciones
- Principal
MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veintinueve de agosto del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Alicia Rodríguez Olan, transcurrió del seis al doce de septiembre del año en curso, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 9.- NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Alicia Rodríguez Olan, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1378/2019-9. DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por la promovente de mérito lo hace consistir en: "[.] el ilegal Auto de fecha Dieciséis (16) de Julio del presente Año (2019), dictado dentro del procedimiento del Expediente Civil Número 914/2016, relativo al Juicio Ordinario de ACCIÓN REIVINDICATORIA, promovido por MANUEL MEDINA HERNÁNDEZ [.]" (sic) En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil 914/2016, en el que se impone a las partes el pago de los honorarios del perito tercero en discordia designado por el Juez responsable. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.]XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que los impetrantes de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agoten los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido de los artículos 342, 347 y 352, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que establecen lo siguiente: "ARTICULO 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja. [.]" "ARTICULO 347.- Procedencia En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." -Lo resaltado es propio- "ARTICULO 352.- Resoluciones apelables Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." De la lectura de los anteriores preceptos, se advierte que las resoluciones judiciales son impugnables únicamente en los términos y en los casos que prevé el ordenamiento legal en comento. De igual forma, que el recurso de apelación es procedente siempre y cuando la ley lo disponga expresamente y en caso de no señalarlo, procede el recurso de reconsideración, a excepción que la ley disponga que no son recurribles. De ahí, que contra el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil 914/2016, en el que se impone a las partes el pago de los honorarios del perito tercero en discordia designado por el Juez responsable, es procedente el recurso de reconsideración, por tanto, es incuestionable que la parte quejosa estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo el recurso de reconsideración, contemplado en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley que rige al acto, previo al ejercicio de la acción constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Jesús Meraz Cabrera, y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
- Principal
MESA 9.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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