Alicia Rodríguez Martínez

Expediente 1296/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1296/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Alicia Rodríguez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil veintiuno. I. Escrito. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído inmediato anterior, se reservó proveer en relación a un escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, hasta que transcurriera el término otorgado con el que se dio vista en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsable y vinculadas para tal efecto; lo que ya aconteció, en consecuencia, se levanta la reserva de referencia y en atención a su contenido, se le tiene a la parte quejosa, por conducto de autorizada en términos amplios, realizando diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, las cuales serán tomadas en consideración al momento del resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. II. Pronunciamiento. Ahora, toda vez que ya transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable y las diversas vinculadas, y al efecto desahogó la vista conferida al tenor de las manifestaciones agregadas en autos, por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con tal determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por la superioridad, en la que determinó confirmar la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por lo que se requirió a la autoridad responsable y a las diversas vinculadas el cumplimiento al fallo protector. Durante la tramitación del presente asunto, en aras de la pronta impartición de justicia, se tuvo como autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el Pleno, ambos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, así como al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. Ahora bien, una vez reseñado lo antes expuesto, se traen a glosa extractos de la sentencia de amparo: "[.] Así las cosas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ..., en contra del acto atribuido al Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, consistente en la expedición del oficio por el cual se negó el inicio del trámite de jubilación, para los efectos que se precisarán en el siguiente apartado. [.] "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para que el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio número DRH/3423/2019 de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 2. Emita otro en el que resuelva que el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, beneficia a la trabajadora quejosa, pues conforme a éste, basta que tenga veintiocho años de servicio, sin importar su edad, para que pueda acceder a la jubilación; y determine si con base en dicho convenio, cumple con los requisitos para la jubilación solicitada. [.] Entonces, en aras de una pronta impartición de justicia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el Pleno, ambos de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, quedan vinculadas para que en el ámbito de sus facultades en su oportunidad realicen todas las acciones a su alcance a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado en la presente sentencia; por lo que desde este momento deberá enviárseles testimonio de la presente resolución, ya que de conformidad con la normativa aludida, dichas autoridades también están constreñidas a observar lo dispuesto en la sentencia amparatoria que se dicta, esto es, a resolver lo concerniente al trámite de jubilación de la parte quejosa con base en el convenio laboral respectivo." Por su parte, en autos obran agregados los oficios mediante los cuales la autoridad responsable y las diversas vinculadas remitieron las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que de las documentales allegadas por la autoridad responsable y las diversas vinculadas se advierte lo siguiente: Que el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dejó insubsistente el oficio en el que se le negó el derecho a la jubilación a la parte quejosa y emitió otro en el que reconoció su antigüedad y declaró procedente su solicitud de jubilación; posteriormente, previos trámites, remitió a la Legislatura del Estado, el expediente relativo a la solicitud de jubilación de la parte quejosa, para continuar con el procedimiento respectivo. Que la Legislatura del Estado de Querétaro, tomando en consideración los lineamientos de la ejecutoria de amparo, emitió el decreto por el que concedió jubilación a la aquí promovente, asignándole, de forma vitalicia, el 100% (ciento por ciento) de la suma de su sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que correspondan; el cual surtiría efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". Que el Gobernador del Estado de Querétaro, informó de la publicación del decreto en comento en el periódico oficial de esta entidad federativa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte que la autoridad responsable y las diversas vinculadas dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la medida de que se dejó insubsistente el oficio mediante el cual se negó la jubilación a la parte quejosa, y se emitió otro en el que reconoció su antigüedad y declaró procedente su solicitud de jubilación y se remitieron las constancias correspondientes a la autoridad legislativa, para continuar con el trámite respectivo; asimismo, esta última, emitió el decreto por el que se concedió la jubilación a la aquí promovente, asignándole el pago ahí indicado de forma vitalicia; y finalmente, se realizó la publicación respectiva del mencionado decreto. Abona a lo anterior, el escrito mediante el cual la parte quejosa por conducto de su autorizada en términos amplios, desahogó la vista otorgada en relación al cumplimiento del fallo protector, mediante el cual manifestó su conformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" III. Archivo definitivo. Ahora, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. IV. Devolución de constancias. En otro aspecto, devuélvanse al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el tomo de pruebas que allegó al presente juicio, previo glose que se haga de la carátula respectiva, sin que en el caso resulte necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la constancia de notificación del presente proveído hace las veces del mismo. V. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio SSP/881/20/LIX, con anexo, suscrito en representación de la Legislatura del Estado de Querétaro, únicamente para que obre como constancia, toda vez que de su contenido se advierte que informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, y al efecto remite diversas constancias con las que acredita su dicho; sin embargo, no se considera necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, ya que en párrafos precedentes se tuvo por cumplida la sentencia que nos ocupa y se ordenó el archivo del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó la vigencia de la suspensión de los plazos y términos procesales establecida en la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se instruyó el regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la forma de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Delegado del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables agregadas en la etapa de ejecución de este juicio, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que aún no ha recibido el decreto relativo a la solicitud de jubilación de la parte quejosa. Ahora, toda vez que en proveído anterior se requirió a la Legislatura del Estado de Querétaro dicha circunstancia, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento, ello hasta en tanto la última en mención cumpla el requerimiento de referencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de diciembre de dos mil veinte. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, informa que se aprobó el proyecto de dictamen de la solicitud de jubilación de *****. Ahora, toda vez que de conformidad con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, una vez resuelto el dictamen de manera favorable deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga, requiérase a la autoridad oficiante a efecto que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, acredite haber remitido el decreto correspondiente al Gobernador del Estado de Querétaro para su publicación. VINCULA GOBERNADOR. Asimismo, en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

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