Alicia Reséndiz Hernández

Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
536/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Alicia Reséndiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en La Ciudad de México, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le informó que este juzgado no aceptó la competencia planteada para conocer de los actos reclamados en la demanda de amparo promovida por Alicia Reséndiz Hernández. Asimismo, comunica que reservó acordar lo conducente hasta en tanto se reanude el procedimiento del juicio de amparo 730/2021 de su índice, en virtud de la suspensión del procedimiento ordenada con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite vía electrónica la demanda de amparo promovida por Alicia Reséndiz Hernández, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-536/2021-Y. Acúsese recibo. Analizada íntegramente la demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo del primer acto de aplicación que se contiene en la orden de bloqueo y/o aseguramiento de las siguientes cuentas bancarias: 1. 40-622590-5, a nombre de la quejosa Alicia Reséndiz Hernández, aperturada en la institución bancaria denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en esta ciudad de Morelia, Michoacán; y, 2. 0008225257 a nombre de la referida quejosa, aperturada en la institución bancaria denominada Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. Actos que atribuye a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la juez federal mencionada estima carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alicia Reséndiz Hernández por razón de territorio, únicamente respecto de la cuenta bancaria número 40-622590-5, aperturada en la institución bancaria denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en esta ciudad, ya que refiere se actualiza la hipótesis del artículo 37, primer párrafo, así como las tesis, que enseguida se transcriben: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se colige, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado los actos reclamados, de tal manera que sí la ejecución de los actos tildados de inconstitucionales tuvo verificativo materia en el Estado de Michoacán, por ser en esa demarcación territorial en donde se apertura la cuenta bancaria 40-622590-5, en la Institución bancaria denominada HSBC México, Sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC que defiende la quejosa y es ahí donde se ejecutó la orden verbal del embargo, bloqueo y congelamiento de dicha cuenta; de ahí que este juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de garantías. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª/J. 74/2011, visible en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Así como la tesis visible en la página 90, Tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el criterio que sostiene, que a la letra dice: "COMPETENCIA.ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento." Sin embargo, contrario a la respetable opinión de la juez homóloga, este juzgado considera que se actualiza la hipótesis del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que en su caso el acto puede resultar violatorio de los derechos humanos del quejoso directo, quien resulta titular de ambas cuentas bancarias al ser un mismo acto reclamado que ejerce una afectación sobre ambas y no por separado, por lo que cuando el acto reclamado comienza a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, a prevención, será competente el juez ante el que se haya presentado la demanda como en la especie acontece. Criterio que precisamente contiene la tesis que invoca el juzgado declinante, específicamente en lo relacionado a que si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Lo que robustece la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 161677, cuyo rubro y texto a la letra expresan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." En virtud de lo anterior, se considera que el estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado, no sería propiamente divisible como pretende el juzgado homólogo, por lo que se considera competente para conocer de la demanda al juzgado al que a prevención, le correspondió conocer de la misma originalmente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo y 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. Hágase del conocimiento de lo anterior al juez declinante, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio al juzgado homólogo. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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