Alicia Peña Méndez

Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
792/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
  • Alicia Peña Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acusa recibo de oficio y de constancias. Téngase por recibido el oficio que remite la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo del oficio 6164/2022 por medio del cual se le devolvió un tomo de pruebas, relativo al toca I-121/2021. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomos de prueba. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de prueba relativo al toca I-121/2021, que remitió el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Devolución de documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 792/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, Alicia Peña Méndez, a través de su apoderado jurídico Arturo Rojas López, presentó ante la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, demanda de amparo directo en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, habiendo correspondido su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado, donde se registró con el número de amparo directo 408/2021. En resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dicho Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, en razón de que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, ni una resolución que pusiera fin al juicio; por lo que, a través de su oficio 3881 remitió la demanda de amparo a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. El asunto se turnó a este Juzgado de Distrito, por lo que, por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento y se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, registrándose con el número 792/2021, se dio vista a las partes con el informe justiciado rendido por el Magistrado de la Octava Sala Civil, se requirió informe al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán y se tuvo por emplazados a los terceros interesados Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama. Posteriormente, en proveído de veinte de septiembre siguiente, fue recibido pedimento formulado por la Fiscal Federal de la adscripción; y, mediante data de dieciocho de octubre siguiente, se tuvo rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, y como prueba documental de su parte el testimonio del toca I-121/2021 del que deriva el acto reclamado. Previo los trámites de ley, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. 1) De la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del toca I-121/2021 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el incidente de pago de honorarios profesionales y la condenó al pago de la cantidad de $70,475.89 (setenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 889/100 moneda nacional), dentro del juicio sucesorio intestamentario 306/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán. 2) Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán: La resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el incidente de pago de honorarios profesionales, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario 306/2018. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Octava Sala Civil y al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán. La primera de las citadas autoridades en apoyo a su informe justificado remitió testimonio del toca I-121/2021, documental a la que se concede valor probatorio pleno, por ser un documento público, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO". Es previo añadir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. En el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, consistente en la resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el incidente de pago de honorarios profesionales, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario 306/2018. El artículo y fracción en mención, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; . .". La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: por revocación; y, por sustitución. La primera se verifica cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél, ya depende de lo resuelto en la nueva determinación, la cual sustituye procesalmente al anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. Lo anterior tiene sustento en la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En el caso, la resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el incidente de pago de honorarios profesionales, fue sustituida procesalmente por la resolución dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del toca de apelación I-121/2021, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Esto es, la resolución dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno dentro del recurso de apelación, hizo cesar los efectos de la interlocutoria del incidente de pago de honorarios profesionales, al sustituirlo procesalmente. Dicho de otra manera, la resolución que recayó al recurso de apelación sustituyó procesalmente a la interlocutoria de referencia, de modo que es la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, la que rige la situación jurídica de la quejosa y la que realmente le causa perjuicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de tal acto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. A efecto de evidenciar lo anterior, y para mejor entendimiento del presente asunto, es conveniente citar los antecedentes que se desprenden del toca I-121/2021: 1) El trece de noviembre de dos mil veinte, Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama -terceros interesados- promovieron incidente sobre pago de honorarios profesionales en contra de la aquí quejosa Alicia Peña Méndez, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018, el cual se tuvo por admitido sin suspensión del procedimiento el veinte de noviembre de dos mil veinte, y se ordenó dar vista por el término de tres días. 2) Mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la aquí quejosa desahogando la vista en relación al incidente; posteriormente, en uno de marzo de dos mil veintiuno, se abrió el incidente a prueba por el término de ocho días, por lo que, en autos de nueve y diecinueve de marzo, se tuvo a las partes ofreciendo pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, respectivamente. 3) Una vez concluido el periodo probatorio, en cinco de abril se mandaron poner los autos a la vista de las partes por el término de dos días para formular alegatos, los cuales fueron desahogados el nueve siguiente por la parte actora incidentista, y en veinte de abril se pusieron los autos a la vista del juez para el dictado de la resolución. 4) En veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, dictó resolución interlocutoria en la que declaró procedente el incidente de pago de honorarios profesionales, por lo que condenó a Alicia Peña Méndez al pago de $70,475.89 (setenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 889/100 moneda nacional) en concepto de honorarios profesionales devengados conforme al contrato de prestación de servicios profesionales. 5) Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Octava Sala Civil, registrado con el toca I-121/2021, resuelto el treinta de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: "(.) TERCERO. Los conceptos de agravio expuestos por Alicia Peña Méndez resultan inoperantes, con base en las consideraciones que a continuación se vierten. El A quo, en la resolución impugnada, considerandos tercero y cuarto, decretó procedente el incidente de pago de honorarios, condenando a pagar a la inconforme Alicia Peña Méndez a favor de los incidentistas Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama, la cantidad de $70,475.89 (setenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con ochenta y nueve centavos 89/100 moneda nacional), equivalente al 4% cuatro por ciento pactado en la cláusula décima segunda del contrato escrito de prestación de servicios profesionales de fecha 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve concertado entre Alicia Peña Méndez en calidad de "EL CLIENTE" y Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama en cuanto "Los Profesionistas", tomando como base el valor de la masa hereditaria de la sucesión que dio origen a la prestación de servicios profesionales, sosteniendo su determinación en los siguientes argumentos torales: Que con los documentos públicos y privados que los incidentistas demostraron ".que ciertamente, la aquí incidentada Alicia Peña Méndez, otorgó a favor de los profesionistas Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama, quienes están autorizados, únicamente los primeros dos para ejercer la profesión de licenciado en derecho, un poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, con el objeto de que la representaran legalmente en los trámites judiciales del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018 a bienes de Gema Marín Peña y/o Gemma Marín Peña, derivándose la legitimación activa de los impetrantes para demandar, así como la pasiva enjuiciada para ser requerida del pago de honorarios. Sin que pase desapercibido para esta autoridad que, los profesionistas en su escrito inicial señalan que Luis Alberto Padilla Lizama, se encuentra en trámites de su cedula profesional, sin embargo en ningún momento acreditó tal hecho, por tanto carece de legitimidad activa para promover el presente incidente, lo anterior de conformidad con el numeral 1769 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como la ejecutoria de Registro digital 227006, citada en líneas anteriores Por último el incidentista ofertó presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones confiriéndoles valor convictivo a la luz de los numerales 505, 506, 507, 508, 536 y 552 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en virtud de que por un lado se encuentran probados los hechos de los cuales se deducen las presunciones, esto es, la celebración del contrato escrito de prestación de servicios profesionales, que conlleva la delegación de un poder para pleitos y cobranzas a favor de los incidentistas, por parte de la incidentada, así como la obligación del primero de cumplir respecto de dicho asesoramiento legal y de la última del pago de honorarios por tal asesoramiento; y por otro existe un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca. En ese contexto, con los medios de convicción analizados y calificados precedentemente, se demuestra sin lugar a dudas, que los licenciados Benjamín Machuca López y Susana Torres Medina, representaron legalmente a Alicia Peña Méndez, en el trámite y prosecución del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018 a bienes de Gemma Marín Peña y/o Gema Marín Peña, quedando fehacientemente su participación en el mismo, si bien no fue desde un inicio ni hasta su total conclusión virtud a la revocación de mandato que se le otorgó al efecto, si en otra etapa. De lo anterior se insiste deriva la legitimación activa y el derecho de los profesionistas Benjamín Machuca López y Susana Torres Medina, para exigir el pago de los emolumentos profesionales que les conciernen por la asesoría legal prestada, a cargo de la incidentada, pues el poder para pleitos y cobranzas con cláusula Recial que ésta les confirió, cumple con las exigencias del artículo 1716 del Código Civil para el Estado de Michoacán, al haber sido Otorgado en escritura pública firmada ante dos testigos y ante Notario Público. Bajo ese panorama, se estima que la presente incidencia sobre pago de honorarios profesionales resulta procedente y fundada, habida cuenta que se justificó la prestación de servicios profesionales a través del contrato celebrado entre las partes, de donde deriva el poder general para pleitos y cobranzas que les fue concedido por la parte incidentada, y si no concluyo en su totalidad fue debido a la revocación que sobrevino, así pues, aplicando en este supuesto el numeral 1771 del Código Civil para el Estado de Michoacán, ya que el pago deber verificarse ante la separación del negocio de los profesores, imponiéndose a la incidentada a cubrir dicho emolumento a favor de los profesionistas, siendo la cantidad de $70,475.89 (setenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con ochenta y nueve centavos 89/100 moneda nacional) a razón del 4% cuatro por ciento estipulado en la cláusula décima segunda el referido contrato que le corresponde a Alicia Peña Méndez, tomando como base la cantidad de $29,952,255.00 (veintinueve millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) que es el valor de la masa hereditaria de la sucesión que dio origen a la prestación de servicios profesionales, misma que es amparada con las constancias dentro de la segunda sección, que dividida entre los 17 diecisiete herederos, corresponde a cada uno la suma de $1,761,897.35 (un millón setecientos sesenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos)." Luego, el Juez primario se ocupó del análisis de las excepciones y defensas hechas valer por la demandada incidentada Alicia Peña Méndez, aquí apelante, declarándolas improcedentes al establecer en el considerando cuarto que: "CUARTO. En este considerando corresponde abordar el examen de las excepciones y defensas hechas valer por la incidentada Alicia Peña Méndez, en su escrito mediante el cual compareció por propio derecho a dar respuesta a la incidencia, analizando los medios de prueba que al efecto aportó: Y bien, de la literalidad de su ocurso opositor, se alcanza advertir que la incidentada sostiene su réplica bajo el argumento toral de que dicho contrato de prestación de servicios es nulo, porque hubo vicios en el consentimiento, como el error dolo y mala fe, al aprovecharse su falta de conocimiento en el presente juicio, ya que por medio del engaño, la hicieron firmar dicho contrato, argumentando una representación que en ningún momento realizaron, engañándola los abogados con que faltaban varias etapas y lo único que faltaba era la venta de los inmuebles de la masa hereditaria y distribución de la cantidad que le toca a cada heredero. Ahora bien, con la intención de probar su defensa, la incidentista ofertó como medios de prueba: Contrato de prestación de servicios profesionales en fecha 15 quince de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, el cual celebró con los profesionistas Benjamín Machuca López y/o Susana Torres Medina y/o Luis Alberto Padilla Lizama, mismo que fue valorado en líneas que anteceden del cual se da por reproducido en sus términos en atención al principio de economía procesal que impera en la materia. Acuerdo judicial de data 9 nueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se aprueba, sanciona y eleva a categoría de cosa juzgada los acuerdo de voluntades celebrados en data 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto ambos del 2019 dos mil diecinueve. Documental que por tratarse de constancia judicial y al reunir los requisitos de los artículos 367 fracción II y 424 fracciones III, VI y VII, 530 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, tienen eficacia demostrativa sobre su contenido, pues se trata de constancias que obran dentro de las secciones que integran el juicio sucesorio intestamentario, de donde deriva este incidente. Así pues, tenemos que la incidentista, ofertó como prueba el contrato de prestación de servicios procesionales celebrado con los referidos profesionistas, de tal manera que con ello acepta la existencia de dicho acuerdo de voluntades, ahora bien respecto de sus defensas en el sentido de que dicho contrato debe considerarse nulo, en atención que se elaboró con mala fe al aprovecharse de su falta de conocimiento respecto del presente juicio, ya que lo único que faltaba era la venta de la masa hereditaria, dichas defensas resultan improcedentes, virtud a que la incidentada Alicia Peña Méndez, no oferto ningún medio de prueba suficiente y bastante, que acreditara que tal acuerdo de voluntades fuese elaborado de mala fe y con dolo. Pues contrario a lo expuesto por la incidentada, de autos se advierte con documental que ella misma ofertó respecto del auto de data 9 nueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se aprobó, se sancionó y elevó a categoría de cosa juzgada los acuerdos de voluntades celebrados en fecha 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, audiencias de conciliación de las cuales se advierte que estuvo presente Alicia Peña Méndez por tanto dicha incidentada tuvo conocimiento en todo momento del trámite sucesorio, ya que ella intervino en dichas audiencias de las cuales llegaron a un convenio con su Consentimiento, por tanto resulta inverosímil que oponga como defensa el desconocimiento respecto del trámite del referido sucesorio intestamentario. Por tanto los medio de prueba ofertados por la incidentada, en nada le benefician, por tanto resultan improcedentes sus defensas." Al respecto, la inconforme sostiene que tales determinaciones fueron incorrectas, ya que el juez de primer grado omitió el estudio del supuesto contrato de prestación de servicios profesionales que fue celebrado con fecha 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve; como de la existencia dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018 a bienes de Gemma Marín y/o Gemma Marín Peña, de los acuerdos de fecha 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto, anteriores al acuerdo judicial elevado a la categoría de cosa juzgada, de fecha 9 nueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve, permitiendo que le cobraran también honorarios los abogados Antonio y Cesar Bernal, por la misma cantidad y por el mismo concepto. Que además en la audiencia de herederos el juzgador se comprometió a velar que no hubiera un cobro o aprovechamiento de los abogados por honorarios dolosos y fraudulentos, al asegurar que no permitiría que dejaran en la calle a personas de la tercera edad, pero fueron promesas, ya que -aduce- resolvió la incidencia de manera ilógica y errónea, pues -explicó- que en la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales, el 3 tres de octubre del año 2019 dos mil diecinueve a la data en la que se concluyó la sucesión el 9 nueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve, los abogados sabían que el asunto era cosa juzgada y solo se requería vender los inmuebles, sin la necesidad de intervención de abogados, por esa razón, arguye la apelante el juzgador favoreció a los abogados incidentistas, con un criterio fuera de la realidad. Aunado a ello, la apelante arguyó en su pliego de agravios que la condena que se le impuso del 4% cuatro por ciento de la parte que le corresponde de la masa hereditaria le causa perjuicio, debido a que ya había pagado honorarios a los abogados Bernal, quienes le cobraron hasta el acuerdo de fecha 9 nueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve, que elevó los acuerdos judiciales a categoría de cosa juzgada; agregando, que fue engañada por los profesionistas accionantes el día en el que suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, ya que éstos sabían que, el trámite judicial restante dentro del juicio sucesorio del que deriva la incidencia era el vender los inmuebles; que por ese motivo, afirma, resulta injusto y contrario a derecho el pago a los abogados incidentistas por un trabajo que no realizaron. Aserciones que como se anticipó resultan inoperantes, virtud a lo siguiente: Conforme a lo previsto por el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dispone de manera categórica que el inconforme señalará con relación a cada agravio la parte de la resolución que lo causa, citando el o los preceptos violados y estableciendo el concepto por el cual lo fueron, ya que el agravio se integra por la manifestación de los motivos de inconformidad en forma concreta sobre cuestiones debatidas y lo constituyen los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso específico tiendan a demostrar una violación legal, una interpretación inexacta de la ley, o una omisión de la misma. Aspectos que no satisfacen los motivos de disenso que se analizan, ya que carecen de la trascendencia adecuada para destruir las razones torales por la cuales el juzgador determinó declarar procedente el incidente sobre pago de honorarios profesionales, pues se circunscribe a exponer una reiteración casi literal de las razones que expuso en su escrito de contestación de demanda incidental presentada en ocurso de fecha 26 veintiséis de mayo del 2020 dos mil veinte, en donde sostuvo que el contrato de prestación de servicios profesionales es nulo por haberse elaborado con dolo y mala fe, por aprovecharse de su falta de conocimiento del juicio, que por medio de engaño la hicieron firmar con el argumento de que faltaban varias etapas del juicio, pero que el juicio sucesorio del cual deriva la incidencia llegó a acuerdos judiciales, elevándose a categoría de cosa juzgada, lo único que faltaba era la venta de los inmuebles integrantes de la masa hereditaria. Argumentos que fueron analizados por el juez primigenio al emitir la sentencia recurrida, concretamente en el considerando cuarto transcrito en párrafos precedentes, declarándolas improcedentes, porque no demostró con ningún medio de prueba que el contrato de prestación de servicios de fecha 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve fue celebrado con dolo y mala fe por parte de los profesionistas Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama; y, debido a la revocación que efectuó la apelante del poder general para pleitos y cobranzas que les confirió la inconforme a los incidentistas derivado del contrato de prestación de servicios celebrado, se actualizó el pago del 4% cuatro por ciento sobre el valor comercial de la masa hereditaria estipulado en la cláusula décima segunda del contrato de prestación de servicios profesionales; consideraciones que la inconforme no combate, pues omite precisar por qué, el sentenciador debió de tener por demostrado el engaño que adujo sufrió por parte de los incidentistas al suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales, pese a no haber aportado pruebas que evidenciaran la mala fe y el dolo con los que aduce se condujeron los incidentistas al celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales el día 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve. Tampoco precisó por qué la revocación del mandato general para pleitos y cobranzas que otorgó a favor de los accionantes, no actualiza la condena al pago del 4% cuatro por ciento del valor de la masa hereditaria, por concepto de honorarios estipulados en la cláusula décima segunda del contrato de prestación de servicios profesionales, cuando en la misma se pactó que en el caso de que el cliente revocara el contrato a los profesionistas en cualquier momento antes de la partición de los bienes hereditarios pagaría un 4% cuatro por ciento del valor comercial de la masa hereditaria, cláusula que es del siguiente tenor: "DECIMA SEGUNDA. "EL CONTRATO" terminará por la conclusión del negocio, asuntos u obra que se encomienda a "LOS PROFESIONISTAS" o por consentimiento. Por considerarse un contrato "personalísimo", también terminará en los casos de muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Ambas partes acuerdan que para el caso de que "EL CLIENTE" revoque a "LOS PROFESIONISTAS" en cualquier momento antes de la adjudicación y/o partición de los bienes que conforman el caudal hereditario, pagará "EL CLIENTE" a "LOS PROFESIONISTAS" el 4% cuatro por ciento sobre el valor comercial de la parte que le corresponda a cada uno de la masa hereditaria del juicio indicado en la cláusula primera (cuota litis) previo avalúo comercial que se realice." Lo cual estaba constreñido a realizar atendiendo a lo dispuesto por el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y no concretarse a sostener en los motivos de disenso que la resolución impugnada resulta ilegal, porque el juzgador favoreció a los abogados, que al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios fue engañada por los incidentistas, porque conocían que solo faltaba vender los inmuebles de la masa hereditaria; pues tales argumentos como está dicho, no controvierten las consideraciones contenidas en la resolución de primer grado, solo constituyen una reiteración de lo por ella argumentado en el escrito de contestación de la demanda incidental, por lo que, al no exponer con claridad, los errores, omisiones e ilegalidad de la resolución impugnada, inconcuso resulta que las consideraciones expuestas por el juzgador, ameritan subsistir en sus términos para continuar rigiendo el sentido del fallo apelado, en virtud de la inoperancia del agravio que se trata, acorde con lo dispuesto por los artículos 92 y 95 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Sirve de apoyo en vía de orientación, la jurisprudencia localizable en la Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, febrero de 2003. Tesis: 1a. /J. 6/2003. Página: 43, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido." Así como, la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Novena Época. Tomo I, mayo de 1995, Página 333 que a la letra dice: "AGRAVIOS INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.- Si en la sentencia de primer grado el juez del conocimiento expresó diversos argumentos independientes entre sí y suficientes cada uno de ellos para sostener el sentido del fallo; al no ser impugnados en su totalidad por el apelante, en los casos en que el recurso es de estricto derecho, la sala responsable debe tener los agravios respectivo como insuficientes para revocar la sentencia recurrida, porque aun cuando los expresados fueren fundados, ello no traería como consecuencia revocar esa resolución, precisamente por quedar subsistente por falta de impugnación, algún otro motivo que rige el sentido de la materia del recurso". En otra tesitura, es infundado lo argüido por el recurrente en el sentido de que el juzgador de primer grado no tomó en consideración al momento de resolver la cuestión procesal sometida a su conocimiento, el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve; como la existencia de los acuerdos de fecha 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto del 2019 dos mil diecinueve, anteriores al acuerdo judicial elevado a la categoría de cosa juzgada, de fechas 9 nueve de octubre de la misma anualidad. Es así, porque de la transcripción del considerando tercero, de la sentencia combatida efectuada en antelíneas se aprecia que el resolutor primario arribó a la determinación de tener por justificada la legitimación activa de los profesionistas Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama para reclamar el pago de honorarios, como la legitimación pasiva de la inconforme con base en el contrato de prestación de servicios citado, al cual le otorgó eficacia probatoria; y, al abordar el estudio de las excepciones y defensas que opuso la demandada incidentada, en el considerando cuarto antes transcrito, se patentiza de manera nítida que el juez de origen al momento de resolver las excepciones y defensas hechas valer por la incidentada, aquí apelante, tomó en consideración los acuerdos de fechas 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto del 2019 dos mil diecinueve, porque -el juez resolutor- precisó que en el proveído de fecha 9 nueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en el que se elevaron a categoría de cosa juzgada, los acuerdos de voluntades celebrados en fecha 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto del mismos año, se advierte que la incidentada Alicia Peña Méndez tuvo conocimiento del trámite sucesorio, por inferirse que intervino en dichas audiencias, con ello puntualizó el juez de primera instancia que resultaba inverosímil que la incidentada opusiera como defensa el desconocimiento del trámite del juicio sucesorio. Consideraciones del resolutor primario a través de las cuales se demuestra que al resolver el incidente de pago de honorarios profesionales, dicho resolutor lo hizo tomando en consideración los acuerdos realizados los días 6 seis de junio y 19 diecinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve anteriores al proveído 9 nueve de octubre del año 2019 dos mil diecinueve y el contrato de prestación de servicios, fundatorio de la incidencia; atento a lo cual, resulta claro que lo argumentado por la inconforme en este sentido es infundado. En otro aspecto de sus agravios, la apelante esgrime que también le fueron cobrados los honorarios de los abogados Antonio y Cesar Bernal, por la misma cantidad y por el mismo concepto; que además no era dable la condena que se le impuso del 4% cuatro por ciento tomando en consideración la masa hereditaria, debido a que ya había pagado honorarios a los abogados Bernal e incluso le cobraron hasta el acuerdo de fecha 9 nueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve. Acotaciones que resultan inoperantes, porque se trata de argumentos que no fueron materia de la litis, pues al analizar su escrito de contestación de demanda incidental, se advierte que la aquí recurrente solo tildó de ilegal el cobro exigido por los accionantes Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama, bajo el argumento de que la hicieron firmar el contrato de prestación de servicios profesionales, fundatorio de la incidencia, con el engaño de que faltaban varias etapas, pero lo único que restaba era la venta de los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria; lo que pone de relieve que los argumentos que ahora expone en la presente alzada, en el sentido de que le requirieron del pago de honorarios de los abogados Antonio y Cesar Bernal; que también cubrió los honorarios de los abogados Bernal e incluso le cobraron hasta el acuerdo de fecha 9 nueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve, no fueron materia de la controversia incidental de primer grado; ante ello, no es factible jurídicamente que este Tribunal Ad quem esté en posibilidades de abordar el análisis de tales aspectos, pues de lo contrario se atentaría contra el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución judicial, al ocuparnos de argumentos que no forman parte de la litis de origen. Lo anterior, en términos del artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles del estado, conforme al cual debe señalarse con relación a cada agravio la parte de la resolución que lo causa, precisando el concepto por el cual considera se transgrede alguna disposición legal en su perjuicio, y el agravio lo constituyen los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso específico tiendan a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley, o una omisión de la misma. Resulta aplicable en sustento de lo anterior la tesis de la Séptima Época. Registro: 239473, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte. Página: 74. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 86, página 77, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis." Así como la jurisprudencia sostenida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, bajo el registro digital: 176045, en Materias(s): Común, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIII, febrero de 2006, Tesis: I.11o.C. J/5, página: 1600, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes." Por otra parte, no participa de razón la disidente al argüir en el segundo concepto de agravio que le causa perjuicio el pago al que resultó condenada por concepto de honorarios devengados conforme al contrato de prestación de servicios profesionales, porque los incidentistas no fueron sus abogados desde el inicio del juicio sino que formalmente fueron desde el 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve, con base en engaños, debido a que sabían que el asunto por el cual fueron contratados estaba concluido por los acuerdos judiciales, que a virtud de ello se vulneran los preceptos legales 1768 del Código Civil del Estado, como lo dispuesto en los artículos 18, 26 y 29 de la Ley del Arancel de Abogado. Es así, porque el pago de honorarios que le impuso el juez de primera instancia a favor de los profesionistas Benjamín Machuca López y Susana Torres Medina, no fue porque no la hubiesen representado desde el inicio dentro del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018 a bienes de Gemma Marín Peña y/o Gamma Marín Peña, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia en materia civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán; sino que, el cobro de los honorarios, derivó de actualizarse una de las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios celebrado en fecha 3 tres de octubre del 2019 dos mil diecinueve por la propia apelante, Alicia Peña Méndez en calidad de "El Cliente" y Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama, en calidad de "Los Profesionistas"; pues al respecto en la cláusula décima segunda se pactó lo siguiente: "DECIMA SEGUNDA. "EL CONTRATO" terminará por la conclusión del negocio, asuntos u obra que se encomienda a "LOS PROFESIONISTAS" o por consentimiento. Por considerarse un contrato "personalísimo", también terminará en los casos de muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Ambas partes acuerdan que para el caso de que "EL CLIENTE" revoque a "LOS PROFESIONISTAS" en cualquier momento antes de la adjudicación y/o partición de los bienes que conforman el caudal hereditario, pagará "EL CLIENTE" a "LOS PROFESIONISTAS" el 4% cuatro por ciento sobre el valor comercial de la parte que le corresponda a cada uno de la masa hereditaria del juicio indicado en la cláusula primera (cuota litis) previo avalúo comercial que se realice." Y, como se dijo, en escrito de fecha 15 quince de octubre del 2020 dos mil veinte dentro del juicio sucesorio del cual deriva la incidencia, la inconforme Alicia Peña Méndez revocó el poder notarial otorgado a favor de los licenciados Benjamín Machuca López, Susana Torres Medina y Luis Alberto Padilla Lizama; por lo que, el juez de origen consideró que se actualizaba la hipótesis fáctica contenida en dicha cláusula; no por el hecho de que los profesionistas no hubiesen intervenido en su representación desde el inicio del juicio sucesorio intestamentario número 306/2018 a bienes de Gemma Marín y/o Gemmá Marín Peña, de ahí que, las aseveraciones que hace la apelante resulten infundadas. Así, atendiendo a que el apelante no planteó ninguna otra inconformidad en tanto a la sustanciación de la cuestión procesal de estudio, y que el tribunal de alzada debe concretarse a examinar exclusivamente, lo dilucidado en primera instancia, porque el recurso de apelación es de estricto derecho y solo puede concretarse a examinar a través de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en Primera Instancia, pues de lo contrario, el fallo resultaría incongruente, vulnerando con ello lo dispuesto por el artículo 692 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no resta sino confirmar la sentencia interlocutoria de data 28 veintiocho de abril del 2020 dos mil veinte. (.)" Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, es pertinente señalar que en el presente juicio de amparo no opera la suplencia de la queja en favor de la quejosa Alicia Peña Méndez, pues no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente, previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como se adelantó son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, de acuerdo con las siguientes consideraciones. La quejosa en sus conceptos de violación sostiene que se viola en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Es infundado el concepto de violación. Los artículos 14 y 16 Constitucionales, que considera vulnerados la quejosa, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica; que condicionan a la emisión de los actos de autoridad por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse su fundamentación y motivación, debiéndose entender por lo primero que han de expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir la configuración de las hipótesis normativas. En la especie, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, en virtud de que el Magistrado responsable expuso con claridad los preceptos legales aplicables y las razones por las cuales consideró inoperantes los agravios esgrimidos y confirmó la sentencia interlocutoria, lo cual es suficiente para colmar los postulados constitucionales. Por otra parte refiere la quejosa, que se viola en su perjuicio el Código Familiar 1020 y los artículos 5, 7, 13 y 21 de la Convención sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, por su inobservancia e inexacta aplicación, en cuanto a que pasa por alto que para la tramitación y resolución de los asuntos ante los Tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por este código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, ni modificar o renunciarse las normas del procedimiento, salvo en los casos y con las formalidades consignadas en el mismo; así como en cuanto que no se ocupa de todos los puntos litigiosos planteados, no hace la debida separación de uno y otro, emite estudiar las cosas y acciones que constituyen la litis, y sí en cambio oficiosamente introduce cuestiones ajenas a ésta, amén de que incurre en severas contradicciones. Es inoperante el concepto de violación. Resulta inoperante el concepto de violación al no controvertir de manera directa y eficaz, las consideraciones establecidas por la autoridad responsable para determinar confirmar la resolución interlocutoria, se limita hacer afirmaciones genéricas sin sustento, motivo por el que esta juzgadora no puede analizar el fallo de que se trata de manera oficiosa, por no actualizarse alguna de las hipótesis de suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo Sirve de apoyo a lo anterior, por contener el principio jurídico anotado, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". En efecto, por tratarse de un asunto en materia civil, en el que además no se advierte que se haya cometido en contra de la parte inconforme una violación manifiesta de la ley que la hubiese dejado sin defensa, opera el principio de estricto derecho y por ende, el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe efectuarse a la luz de los razonamientos vertidos en los conceptos de violación. Por lo anterior, no puede realizarse libremente el estudio de los actos impugnados, sino que debe limitarse a establecer si éstos son contrarios a la Constitución General de la República, siempre y cuando ello sea basado en un razonamiento expresado en la demanda de garantías, por virtud de la aplicación del principio de estricto derecho. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. No se soslaya que la Fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, éstos se atendieron al precisar la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alicia Peña Méndez, en términos del considerando cuarto, del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia Peña Méndez, de conformidad a lo expuesto en el considerando quinto. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el séptimo considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente con apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la dirección general de servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alicia Peña Méndez, en términos del considerando cuarto, del presente fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia Peña Méndez, de conformidad a lo expuesto en el considerando quinto. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el séptimo considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente con apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la dirección general de servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe.

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