Alicia Paulina Martinez Mendoza
Expediente 786/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alicia Paulina Martinez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de catorce de abril del año actual, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento de sentencia. Sentencia Por sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "I. En el ámbito de sus facultades y competencias, resuelvan de manera pronta y expedita el trámite de solicitud de otorgamiento de pensión por ascendencia presentada por la quejosa. En el entendido que, de considerar necesario que para la resolución del trámite en cuestión la peticionaria deba realizar algún trámite o cumplir con algún requisito en específico, de manera fundada y motivada deberán requerirle con toda precisión la acción que en concreto deberá acatar, cuidando que su cumplimiento no se demore; para lo cual incluso, deberán señalar fecha, lugar y hora, con la finalidad de que la peticionaria acuda a realizar lo solicitado. II. Hecho lo anterior, notifique personalmente su determinación, en el domicilio señalado para tal efecto por la parte quejosa." Por proveído de cinco de octubre de ese año, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. Previo a las gestiones necesarias a fin de acatar el fallo constitucional, finalmente mediante oficio recibido en este juzgado el trece de abril del año en curso, la autoridad responsable acompañó la comunicación 24.5.4.J/833/2023, a la cual anexó copia certificada de la concesión de pensión otorgada a favor de la aquí quejosa, con folio 24001177785602, así como la confirmación de elección de oferta de cuenta individual; mismas que contienen la firma de recepción de la promovente. Cumplimiento. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable resolvió el trámite de solicitud de otorgamiento de pensión por ascendencia presentada por la quejosa, misma que fue notificada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración del expediente. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Se informa a las responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de catorce de abril del año actual, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento de sentencia. Sentencia Por sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "I. En el ámbito de sus facultades y competencias, resuelvan de manera pronta y expedita el trámite de solicitud de otorgamiento de pensión por ascendencia presentada por la quejosa. En el entendido que, de considerar necesario que para la resolución del trámite en cuestión la peticionaria deba realizar algún trámite o cumplir con algún requisito en específico, de manera fundada y motivada deberán requerirle con toda precisión la acción que en concreto deberá acatar, cuidando que su cumplimiento no se demore; para lo cual incluso, deberán señalar fecha, lugar y hora, con la finalidad de que la peticionaria acuda a realizar lo solicitado. II. Hecho lo anterior, notifique personalmente su determinación, en el domicilio señalado para tal efecto por la parte quejosa." Por proveído de cinco de octubre de ese año, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. Previo a las gestiones necesarias a fin de acatar el fallo constitucional, finalmente mediante oficio recibido en este juzgado el trece de abril del año en curso, la autoridad responsable acompañó la comunicación 24.5.4.J/833/2023, a la cual anexó copia certificada de la concesión de pensión otorgada a favor de la aquí quejosa, con folio 24001177785602, así como la confirmación de elección de oferta de cuenta individual; mismas que contienen la firma de recepción de la promovente. Cumplimiento. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable resolvió el trámite de solicitud de otorgamiento de pensión por ascendencia presentada por la quejosa, misma que fue notificada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Valoración del expediente. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Se informa a las responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de abril de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se provee: Vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Cambio de adscripción Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de abril de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se provee: Vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Cambio de adscripción Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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