Alicia Patiño Méndez
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
Partes del expediente
- Alicia Patiño Méndez
Actuaciones
- Principal
Visto; el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, mediante el cual acusa recibo del diverso 12634/2021, con el que se remitió el original del juicio de amparo 499/2021, del índice de este juzgado, e informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del mismo; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes, en virtud de que por auto de treinta de junio del dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo, además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el citado artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto el escrito signado por ***, compareciendo en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria de ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de junio del año en curso, anexando copia certificada de la escritura quince mil ciento ocho, para acreditar su personalidad. ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se advierte que la quejosa basa el acto que reclama en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, referente a los artículos 51 y fracción III del mismo; 53 párrafo segundo; 56 fracción XI y la diversa XII; 57; 59 bis; y párrafo segundo de la fracción II, del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos. Los cuales, los hizo consistir de la siguiente manera: De la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: La aprobación y expedición del inconstitucional decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 2021, así como los efectos y consecuencias tanto de las disposiciones orgánicas como de las transitorias de dicho decreto. Mediante el referido decreto se reforman los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adicionan una fracción III al artículo 51, una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos. La aprobación y expedición del inconstitucional decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como sus efectos y consecuencias. Mediante dicho decreto se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La expedición del Decreto promulgatorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, así como sus efectos y consecuencias efectos y consecuencias tanto de las disposiciones orgánicas como de las transitorias de dicho decreto. Mediante el cual se reforman los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adicionan una fracción III al artículo 51, una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos. Se reclaman los efectos y consecuencias. La expedición del decreto promulgatorio del decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como sus efectos y consecuencias. De los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía: Actos de ejecución relacionados con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, así como sus efectos y consecuencias efectos y consecuencias tanto de las disposiciones orgánicas como de las transitorias de dicho decreto. Mediante el referido decreto se reforman los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adicionan una fracción III al artículo 51, una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos. Se reclaman los efectos y consecuencias. - La expedición acuerdo número A/015/2021 por el que la Comisión Reguladora de Energía da cumplimiento al Transitorio Tercero del "Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, es necesario precisar que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior, y una vez analizados los actos reclamados, con fundamento en los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito ES LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, como quedó precisado en párrafos precedentes, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos, público en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, específicamente sus artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis y 86, así como cuarto y sexto transitorio; así su ejecución. De los artículos en cita, se desprende lo siguiente, para el "transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía" se requerirá de permisos, mismos que serán expedidos por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán en el ámbito de sus competencias revocar de los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos. Como se ha destacado, la quejosa acude a esta instancia federal reclamando en esencia el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el publicado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en cuanto prevé el establecimiento de permisos previos para transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, así como, su revocación o suspensión previa substanciación de procedimiento; por tanto, la naturaleza de los actos concierne a la subespecialidad en competencia económica y no a la administrativa genérica, pues como ya se indicó es la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus competencias quienes tienen las facultades para revocar o suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en Ley de Hidrocarburos; por tanto, dicha autoridad es la encargada de llevar a cabo tales actos, lo que evidencia la competencia de un órgano especializado en competencia económica que en su caso, analizará la congruencia de lo peticionado. Por lo que, en atención a los citados preceptos legales, así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la naturaleza de los actos reclamados, resulta dable indicar, que para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, en atención a que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el once de junio de dos mil trece, siempre que pueda colegirse que el acto reclamado guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el peticionario de amparo en su escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, pues en caso contrario, se corre el riesgo de que el quejoso participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, para conocer y resolver en relación a la demanda de amparo, lo que resultaría una violación al principio de seguridad jurídica. Circunstancia por la que dicha competencia para conocer de una demanda de amparo, debe determinarse atendido al análisis del acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional. Así, en el presente asunto, en que se reclaman actos relacionados a la Ley de Hidrocarburos, los cuales pudieran incidir en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; por lo que se estima que se trata de un asunto que implica dirimir una controversia que comprende temas técnicos de la regulación en materia de hidrocarburos; consecuentemente, es inconcuso que la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Máxime que como se desprende de la demanda de amparo, en el presente asunto, se diriman cuestiones que comprenden temas técnicos de la regulación en materia de hidrocarburos. Por lo tanto, en atención a los razonamientos anteriormente expuestos, resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, con sede en la Ciudad de México. En esas condiciones y en atención a que todos los asuntos nuevos que se presenten a partir del diez de agosto de dos mil trece, que correspondan a la materia administrativa, en específico a los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Especializados de que se trata, remítanse los autos del juicio de amparo 499/2021, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en dicha materia, en turno, que corresponda. Sirve de apoyo por las razones que la informan: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y la legislación ordinaria derivada de éste provocaron el establecimiento de un modelo constitucional y legal que reconoce la participación de terceros en actos posteriores a la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; por ello, esa reforma tiene, entre otros objetivos, crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo de combustibles, mediante un orden jurídico que busca fomentar la libre competencia y concurrencia en la comercialización y expendio al público de las gasolinas y el diésel. Por tanto, de los juicios de amparo o sus recursos en los que se reclamen actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, deberán conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, ya que esos actos tienen como finalidad fomentar la libre competencia y concurrencia en ese sector, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido, en virtud de que forman parte de toda una política de competencia tendente a lograr una mayor participación de los agentes económicos en ese mercado. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017". Asimismo, la diversa tesis de jurisprudencia PC.XXXIII.CRT.J/4 A (10 a.) sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Marzo de 2015, Tomo II, visible en la página 1746, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES.DEBE DETERMINARSE ATENDIDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado" De igual manera, la tesis I.1o.A.E.2 A (10 a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, visible en la página 1813, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones, es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades". Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo respectivo. X. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Deberá de estarse a lo acordado en auto de dieciocho de junio del año en curso. XV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.
- Principal
REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como albacea de la sucesión testamentaria de ***, que acredita su personalidad con el instrumento notarial que anexa en copia simple, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 499/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. PREVENCIÓN. A efecto de proveer respecto de su admisión, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a ***, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, realice lo siguiente: Exhiba el documento idóneo con el que acredite la personalidad que aduce respecto de ***, para promover el juicio de amparo, debido a que anexa únicamente copia simple de la escritura con la que pretende hacerlo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 60 10/90, materia común, de la Octava época, emitida por la Tercera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1990, localizable en la página 228, del Tomo V, Primera Parte, con registro 207220. "COPIAS FOTOSTATICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidos dentro de los medios de prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido Código, en consecuencia, para determinar su valor probatorio debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio es el de un simple indicio, con independencia de que no hayan sido objetadas." (Énfasis añadido) Apoya a la prevención realizada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en rubro y texto dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." III. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Asimismo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios a ***, pues su cédula se encuentra registrada ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por otro lado, con base en el citado numeral 12 párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, se faculta a ***, como autorizados para oír y recibir notificaciones. Ahora, atento a lo peticionado por la promovente, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario "GBolioR", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario "GBolioR"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Sin que se soslaye el hecho de que la quejosa haya señalado domicilio físico para oír y recibir notificaciones, sin embargo dada la petición de dicha parte procesal, aunado a que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, se deben de privilegiar las notificaciones electrónicas. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.
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