Alicia Ordoñez De La Cruz
Expediente 842/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- Alicia Ordoñez De La Cruz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de noviembre de dos mil veinte. ..... Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Alicia Ordoñez de la Cruz, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente asunto, consistentes en las documentales: Aviso de cobro por ajustes de facturación de trece de octubre de dos mil diez. Recibo de luz y comprobante de pago. Atento a lo anterior, devuélvanse los documentos referidos, como lo prevé el numeral 280, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, previa copia simple que se deje en autos y comparecencia de persona autorizada para tales efectos; teniéndose como autorizadas a las personas designadas para recibir dichos documentos. En el entendido que para la comparecencia, con el fin de recoger las copias de me´rito, en el local que ocupa el Juzgado de la adscripcio´n, la promovente debera´ realizar el tra´mite correspondiente al que alude el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adema´s de que quien acuda debera´ presentar identificacio´n oficial vigente y copia de la misma. Se hace del conocimiento al promovente que a este Juzgado de Distrito, le corresponde laborar en un horario de doce treinta a dieciocho treinta horas de lunes a viernes, ello de conformidad con el anexo uno del acuerdo de referencia, lo cual se le hace del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. .....
- Principal
Toluca, Estado de México a once de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alicia Ordoñez de la Cruz, por propio derecho, contra actos del Titular de la División Comercial Valle de México Sur, Zona DN50-Toluca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 842/2020-IIl. Causa de improcedencia. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas, deberá desecharse de plano la demanda. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: ....En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: .....En primer término se debe precisar que la impetrante reclama: "1.- Del Titular de la División Comercial Valle de México Sur, Zona DN50-Toluca: a) La orden verbal o escrita de la que deriva el aviso de cobro por ajuste a la facturación 4729-2019. Que tiene como consecuencia realizar un cobro indebido en su contra por la cantidad de ********************de manera por demás injusta y arbitraria, suspensión del servicio, así como cobro de intereses moratorios a partir del día siguiente del vencimiento, calculados al seis por ciento anual sobre dicho adeudo. b) La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, del cual derivó el aviso de cobro por ajustarse a la facturación 4729-2019. 2.- Del C.P. Vicente Boris Gamboa Colli, Jefe del departamento comercial CFE SSB Zona Toluca, de la Comisión Federal de Electricidad Zona Toluca: b) (sic) El aviso de cobro por ajuste de la facturación 4729-2019. Que tiene como consecuencia realizar un cobro indebido en su contra por la cantidad de ********************de manera por demás injusta y arbitraria, suspensión del servicio, así como cobro de intereses moratorios a partir del día siguiente del vencimiento, calculados al seis por ciento anual sobre dicho adeudo. c) La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, del cual derivó el aviso de cobro por ajuste de la facturación 4729-2019". Desechamiento. En esas condiciones, en relación con los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud de que el acto reclamado no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: .....Así, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo; razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de sus anexos, ya que los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, porque hay elementos de prueba que demuestran la situación del promovente frente al acto que pretende impugnar. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado y de la situación particular de la promovente como usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. No pasa inadvertido para este Juzgado que en la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, ese criterio no resulta aplicable en el caso que nos ocupa. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro, así como la venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad (específicamente del acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas), lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) y sosteniendo que las controversias con la Comisión Federal de Electricidad que deriven del contrato de suministro de energía eléctrica, se deben ventilar en la vía ordinaria mercantil; entonces, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría el criterio establecido. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 156/2017 (10a.), publicada el viernes doce de enero de dos mil dieciocho cuyo rubro y sinopsis son : ..... Aunado a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y aun cuando fue objeto de modificación para ajustarla a un caso específico, distinto al que aquí se plantea, lo cierto es que como se señaló, actualmente subsiste el criterio de que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, cuestión para la cual ya no es necesario realizar un estudio exhaustivo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclama actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con el particular respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. .... Sin embargo, dicho criterio no es obstáculo para la presente determinación, pues en él se alude expresamente que lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencia una relación de coordinación entre particulares, supuesto en que no será un acto de autoridad. En ese sentido, como se sostuvo, a partir del análisis del caso en concreto, se sostiene que los actos que la promovente reclama en su carácter de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que derivan del contrato de suministro de dicho servicio, de tal manera que no puede considerarse que ésta actúe en una relación de supra a subordinación respecto de la parte promovente, sino en una relación de coordinación, y como particular, con motivo del referido contrato. ..... De ahí que, invariablemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se deba desechar de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud que los actos reclamados no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa inserto en el proemio de la demanda de amparo. Autorizados. ....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE LISTA AVISO... Toluca, Estado de México a once de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alicia Ordoñez de la Cruz, por propio derecho, contra actos del Titular de la División Comercial Valle de México Sur, Zona DN50-Toluca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 842/2020-IIl. Causa de improcedencia. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas, deberá desecharse de plano la demanda. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: ....En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: .....En primer término se debe precisar que la impetrante reclama: "1.- Del Titular de la División Comercial Valle de México Sur, Zona DN50-Toluca: a) La orden verbal o escrita de la que deriva el aviso de cobro por ajuste a la facturación 4729-2019. Que tiene como consecuencia realizar un cobro indebido en su contra por la cantidad de ********************de manera por demás injusta y arbitraria, suspensión del servicio, así como cobro de intereses moratorios a partir del día siguiente del vencimiento, calculados al seis por ciento anual sobre dicho adeudo. b) La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, del cual derivó el aviso de cobro por ajustarse a la facturación 4729-2019. 2.- Del C.P. Vicente Boris Gamboa Colli, Jefe del departamento comercial CFE SSB Zona Toluca, de la Comisión Federal de Electricidad Zona Toluca: b) (sic) El aviso de cobro por ajuste de la facturación 4729-2019. Que tiene como consecuencia realizar un cobro indebido en su contra por la cantidad de ********************de manera por demás injusta y arbitraria, suspensión del servicio, así como cobro de intereses moratorios a partir del día siguiente del vencimiento, calculados al seis por ciento anual sobre dicho adeudo. c) La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en su contra, del cual derivó el aviso de cobro por ajuste de la facturación 4729-2019". Desechamiento. En esas condiciones, en relación con los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud de que el acto reclamado no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: .....Así, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo; razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de sus anexos, ya que los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, porque hay elementos de prueba que demuestran la situación del promovente frente al acto que pretende impugnar. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado y de la situación particular de la promovente como usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. No pasa inadvertido para este Juzgado que en la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, ese criterio no resulta aplicable en el caso que nos ocupa. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro, así como la venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad (específicamente del acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas), lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) y sosteniendo que las controversias con la Comisión Federal de Electricidad que deriven del contrato de suministro de energía eléctrica, se deben ventilar en la vía ordinaria mercantil; entonces, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría el criterio establecido. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 156/2017 (10a.), publicada el viernes doce de enero de dos mil dieciocho cuyo rubro y sinopsis son : ..... Aunado a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y aun cuando fue objeto de modificación para ajustarla a un caso específico, distinto al que aquí se plantea, lo cierto es que como se señaló, actualmente subsiste el criterio de que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, cuestión para la cual ya no es necesario realizar un estudio exhaustivo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclama actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con el particular respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. .... Sin embargo, dicho criterio no es obstáculo para la presente determinación, pues en él se alude expresamente que lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencia una relación de coordinación entre particulares, supuesto en que no será un acto de autoridad. En ese sentido, como se sostuvo, a partir del análisis del caso en concreto, se sostiene que los actos que la promovente reclama en su carácter de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que derivan del contrato de suministro de dicho servicio, de tal manera que no puede considerarse que ésta actúe en una relación de supra a subordinación respecto de la parte promovente, sino en una relación de coordinación, y como particular, con motivo del referido contrato. ..... De ahí que, invariablemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se deba desechar de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud que los actos reclamados no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa inserto en el proemio de la demanda de amparo. Autorizados. ....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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