Alicia Najera Soriano

Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
516/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Alicia Najera Soriano
  • Fiscal Regional de la Zona Sur Poniente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Se declara cumplida la ejecutoria de amparo, archívese el expediente y devuélvase los documentos que refiere.

  2. Principal

    NO HABIÉNDOSE PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA, A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO PASADO, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS TABLEROS DEL JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL ACUERDO QUE DICE: "... Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de julio de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios constitucionales, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".1.- En lo que fue materia de la protección constitucional deje insubsistente el acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, decretado en la carpeta de investigación ***; 2.- Con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios aquí apuntados, se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la petición ministerial realizada por la quejosa con relación a la restitución del inmueble que reclama, y para ello, deberá establecer el resultado de las diligencias ordenadas en el domicilio asegurado, ponderando un plazo razonable para su desahogo teniendo como punto de partida la fecha de aseguramiento." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de los Delitos de Homicidios de la Zona Sur Poniente en el Estado de Morelos, mediante oficio presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, remitió copia cotejada del acuerdo de ocho de julio del año en curso, emitido dentro de la carpeta de investigación ***, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, y en su lugar, declaró procedente levantar el aseguramiento del inmueble reclamado por la parte quejosa, toda vez que se practicaron las diligencias conducentes en dicho inmueble, y tuvo por acreditado el carácter de detentador de la quejosa por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó sin efectos el acuerdo emitido el cinco de marzo del año en curso dentro de la carpeta de investigación ***, y en su lugar, emitió uno diverso en el que de manera fundada y motivada se pronunció respecto de la petición ministerial realizada por la quejosa sobre de la restitución del inmueble que reclamó, estableciendo el resultado de las diligencias ordenadas en dicho inmueble, y toda vez que, se concluyeron dichas diligencias y tuvo por acreditado el carácter de detentador de la quejosa, ordenó levantar el aseguramiento de dicho inmueble para ser restituido a la misma, ello con plenitud de jurisdicción, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acataron en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara insubsistente el acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, decretado en la carpeta de investigación ****, y con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios apuntados en el fallo protector, se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de la petición ministerial realizada por la quejosa, con relación a la restitución del inmueble que reclama, y que para ello, estableciera el resultado de las diligencias ordenadas en el domicilio asegurado, ponderando un plazo razonable para su desahogo, teniendo como punto de partida la fecha de aseguramiento. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que por acuerdo emitido el ocho de julio de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación ****, dejó insubsistente el acuerdo de cinco de marzo del año en curso, y en su lugar, se pronunció respecto de la petición realizada por la parte quejosa con relación a la restitución del bien inmueble que reclamó, por lo que de manera fundada y motivada, al haberse practicado las diligencias pertinentes en dicho inmueble, y al haberse acreditado el carácter de detentador por parte de la quejosa, ordenó levantar el aseguramiento del inmueble a fin de que el mismo sea restituido a dicha parte, lo anterior, con libertad de jurisdicción. Por lo que con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva, como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, se proceda a su depuración. Asimismo, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, glósese a los autos el cuaderno principal, y una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se negó. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de las documentales que anexó a su informe justificado por las cuales se formó el anexo I en esas condiciones, devuélvase a dicha autoridad, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo, tomando en consideración que el oficio mediante el cual le notifique el presente proveído hará las veces de acuse de recibo. Por otra parte, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..."

  3. Principal

    Como lo solicita el promovente, hágase la devolución de la documental que refiere y expídasele copia certificada de las constancias mencionadas.

  4. Principal

    Se da vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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