Alicia Mora Terán
Expediente 645/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Alicia Mora Terán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión a las demás partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. (.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Por otro lado, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Quedan notificados los terceros interesados por medio de lista de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil quince, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. (sobreseimiento)
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte tercera interesada Víctor Manuel Guadarrama Jasso, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 645/2015 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Alicia Mora Terán; en relación a lo solicitado, previo a acordar lo conducente, es conveniente precisar algunas cuestiones jurídicas sobre la ampliación de demanda. Respecto del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, a través de la jurisprudencia, el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo, por considerarla necesaria para la resolución adecuada de la controversia planteada y, por entenderla como parte natural del sistema procesal, pues a través de ella es factible integrar correctamente la litis constitucional, para una impartición de justicia completa, pronta e imparcial, tutelada en el artículo 17 de la Ley Fundamental. Así, se explica en la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:(...) Asimismo, cabe precisar que nuestro Máximo Tribunal en el País, ha establecido criterios jurisprudenciales en el sentido de que la ampliación de la demanda de amparo no es ilimitada, sino que está sujeta a la satisfacción de diversos requisitos. Lo anterior se desprende de la diversa jurisprudencia número P./J. 15/2003, del propio Pleno del Máximo Tribunal del país, localizable en la página doce, tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Al respecto, debe decirse que la Suprema Corte, ha establecido, en tesis aisladas, algunas reglas en relación con el momento procesal que puede ejercitarse la ampliación de la demanda: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esta etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de demanda; 2.Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal; 3.Que en ningún de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional. En apoyo a lo considerado se emitió la tesis 2ª.XLI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, materia común, con registro electrónico 194333, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido literal:(...) Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte quejosa solicita la ampliación de su demanda de amparo respecto de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene tal carácter: C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, con domicilio en su recinto oficial. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIAL DE LA NACIÓN, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, con domicilio en su recito oficial. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con domicilio en su recinto oficial. C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con domicilio en su recinto oficial. IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO.- A todas y cada una de las Autoridades Responsables tanto en mi escrito inicial como en el presente ocurso les reclamo la orden de embargar bienes en mi domicilio particular donde vivo y habito, sin que exista un auto en el que funde y motive la causa legal de su proceder, a demás de no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; así mismo a las Autoridades Responsables señaladas en este escrito en base a mi ampliación de demanda de garantías, les reclamo que permitan por omisión la ejecución del Auto dictado por el Juez Segundo Civil de esta ciudad en fecha 14 de los corrientes mediante el cual pretenden embargar bienes en mi domicilio particular donde la suscrito vivo y habito, sin ser parte del juicio 913/2009 ni guardar ningún tipo de relación con las partes del mismo, constituyendo en mi perjuicio un Acto de imposible reparación. SEGUNDO.- A las Autoridades señaladas como responsables les reclamo todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven o desprendan de la ejecución del anterior Acto Reclamado por tener como subalternos a titulares y ejecutores de la dependencia local (Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia) de cuyas actuaciones me duelo a personal no calificado ni certificado como competentes laboralmente para la emisión y ejecución o cumplimiento de actos en base a actuaciones y autos incongruentes en su contenido que los funcionarios de esa dependencia dictan en el ejercicio de sus funciones." Una vez precisado lo anterior, se acuerda: No ha lugar a proveer de conformidad la solicitud de ampliación de demanda signada por la parte quejosa, dado que, los actos reclamados que asienta en su escrito de cuenta, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia de la ampliación de demanda de amparo indirecto, descritas en párrafos que anteceden. Lo anterior es así, pues atendiendo a las razones que llevaron al impetrante a pretender se amplíe su escrito de demanda de amparo respecto a las autoridades responsables y actos que menciona, no obedecen a que haya tenido conocimiento de su participación con el informe justificado rendido en los autos que integran el presente sumario; o que en el referido informe con justificación se funde o motive el actuar de las autoridades responsables por las que ahora solicita se atienda su pretensión; menos aún que la amparista haga evidente que tuvo conocimiento por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados en su escrito inicial, al acudir a esta instancia constitucional. Además de la copia simple del acuerdo de catorce de agosto del presente año, reclamado en su escrito inicial, no se advierte la participación de las nuevas autoridades que ahora señala. Sin que lo que hoy se provee, implique que la parte quejosa no pueda reclamar o quede en estado de indefensión respecto de los actos que ahora considera le afectan en su esfera jurídica, pues tiene expedito su derecho a hacer valer el medio legal correspondiente; sin embargo, se insiste, no es por la vía de ampliación en que puede reclamar los nuevos actos que en este juicio pretende.
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