Alicia Mendoza Mendoza
Expediente 1017/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alicia Mendoza Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 732/2018 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de diecinueve de enero pasado y se le envió un tomo de prueba que contenía copias certificadas del juicio especial civil F0314/2017 de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en proveído de diecinueve de diciembre pasado, se ordenó el archivo del presente expediente; en tal virtud, devuélvase el tomo de pruebas que se formó con las copias cotejadas del juicio de oralidad familiar F0314/2017 de la estadística del Juzgado Único de lo Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, que remitió la autoridad señalada al rendir su informe justificado; se solicita acuse de recibo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexo signado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 634/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para emplazar a la tercera interesada **********. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede se advierte que feneció el término concedido a la tercera interesada **********, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de veintisiete de noviembre pasado, y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada de: El escrito signado por **********, mandatario judicial de la aquí quejosa **********; Dos actas de nacimiento a nombre de ********** y **********, ambos de apellidos **********; Los proveídos de veintidós y veintitrés de noviembre del presente año así como de los oficios JOFAA/2741/2017 y JOFAA/2742/2017, constancias que obran en el juicio oral ordinario F314/2017 del que emana el acto reclamado. Ahora bien, de las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: La quejosa señaló como acto reclamado: El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, dentro del juicio oral ordinario número F314/2017, mediante la cual, inadmitió el recurso de revocación hecho valer en contra del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el que no se acordó de conformidad la solicitud de que se le practicara un estudio socioeconómico para determinar si se encontraba en posibilidades económicas y de salud para viajar, y pagar el costo de las actas de nacimiento de sus descendientes de nombres ********** y **********, ambos de apellidos **********, documentos que se encuentran en los registros civiles de Michoacán y el Estado de México, respectivamente, a fin de enderezar la demanda en su contra. Luego, de acuerdo con las constancias que remitió el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, que fueron anexadas al oficio que se acuerda, se desprende que: 1) Mediante escrito presentado el diecisiete de los actuales, el mandatario judicial de la actora expuso al juez de los autos que debido a las condiciones de salud y económicas de aquella, no le es posible viajar ni pagar los derechos para la expedición de las referidas actas de nacimiento, y pidió que se giraran oficios a las autoridades correspondientes a fin de que expidieran las actas respectivas y fueran mandadas al tribunal mediante correo certificado, para estar en posibilidades de enderezar la demanda en contra de los referidos hijos de la accionante. 2) A dicha promoción recayó auto de veintidós de noviembre del presente año, en el que en atención a lo solicitado, se ordenó girar comunicados a la oficialía del Registro Civil 005 de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como a la oficialía del Registro Civil de Jungapeo, Michoacán, a fin de que expidieran sin costo y con cargo al erario público, copias certificadas de las siguientes actas de nacimiento: a) número ********** de veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, asentada en el libro **********, a nombre de **********; y, b) la asentada en el libro número **********, Tomo **********, a foja ********** vuelta, de fecha de registro veintitrés de enero de mil novecientos setenta y tres, a nombre de **********. Lo anterior, por ser de utilidad dentro de la causa familiar promovida por ********** en contra de ********** y **********, ambos de apellidos **********. 3) Mediante oficios JOFAA/2741/2017 y JOFAA/2742/2017, librados al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México y su homólogo del Estado de Michoacán, se remitieron sendos exhortos a fin de que se llevara a cabo lo reseñado en el punto precedente. Por tanto, es evidente que el acto reclamado cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable ordenó enviar oficios a las oficialías del Registro Civil de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y Jungapeo, Michoacán, con la finalidad de que se expidieran y se enviaran al tribunal de origen, sin costo para la parte actora, aquí quejosa, las actas de nacimiento de sus descendientes antes mencionados para estar en posibilidad de enderezar la demanda de alimentos en su contra, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la orden girada para que las autoridades competentes expidan y envíen sin costo para la ahora quejosa, las actas de nacimiento de sus hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, cesaron los efectos del acto reclamado, dado que desaparecieron los efectos del proveído en el que se negó admitir el recurso de revocación en contra del diverso en el cual, no se acordó de conformidad la petición de que se hiciera a la peticionaria del amparo un estudio socioeconómico, para determinar si se encontraba en condiciones de salud y económicas para viajar y pagar el costo de las actas de nacimiento de referencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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