Alicia Martinez Contreras
Expediente 952/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alicia Martinez Contreras
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tal virtud, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, así como por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, propone a Pablo Alberto Ramos y Francisco Simeón Bustillos Porcayo, para que funjan como peritos en las especialidades de psiquiatría y traumatología, respectivamente, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. En tales condiciones, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a Pablo Alberto Ramos Moyao y Francisco Simeón Bustillos Porcayo, por conducto de la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos, para que comparezcan ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), a las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, debidamente identificados para aceptar y protestar el cargo como perito de la parte quejosa. En atención a la fecha para que comparezca ante este juzgado, la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de acuerdo a la "Agenda OJ", será la encargada de generar la cita al profesionista de mérito, a efecto de que tenga un código QR, a fin de que se le permita, ingresar al órgano jurisdiccional para cumplir con el requerimiento señalado en este auto, en la fecha y hora respectiva. Asimismo, se le indica para que el día que comparezca ante este juzgado federal a cumplir con la obligación impuesta, cumpla con las medidas sanitarias correspondientes que en el caso conviene citar, como lo es el uso obligatorio de cubre bocas; no tener temperatura corporal mayor a 37.5°C; o que haya presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. En el entendido que de incurrir en alguno de los supuestos anteriores, no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este juzgado de distrito. Bajo el apercibimiento a Mónica Isabel Loyde García, en su calidad de Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos, que de no presentar al perito que propuso para aceptar y protestar el cargo como perito de la parte quejosa, sin causa justificada en el término concedido, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización1, esto en observancia a lo establecido por los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso tópico, con la finalidad de proteger la situación de vulnerabilidad que en su caso llegara a presentar el perito multicitado frente al virus Covid-19, se le requiere para que en un plazo de tres días informe a este juzgado si se encuentra bajo los supuestos de vulnerabilidad consistentes en ser una persona mayor de sesenta años, si padece diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, inmunosupresión (adquirida o provocada), o con insuficiencia renal o hepática; de ser el caso de que se encuentre en alguno de los supuestos, presente dentro del citado plazo, la constancia que acredite dicho padecimiento. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante informando la imposibilidad que tiene para designar a un perito en la materia de cardiología, en razón de que en la cartera de servicios de la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos no se cuenta con dicho especialista. En mérito de lo anterior, y tomando en consideración que el aquí quejoso José Manuel Mercado Centeno, se encuentra privado de su libertad, lo que implica que carece de los medios económicos para sufragar los gastos que le generaría el pago de dicha pericial, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, para la cabal integración de la pericial en comento, gírese oficio a los Titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en auxilio de las labores de este juzgado, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, informen si cuentan con un perito en la especialidad de cardiología; y en caso afirmativo se sirvan proponerlo. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, o de no informar dentro lapso concedido, el impedimento legal o material que tuvieren para no efectuar lo solicitado, se harán acreedores a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización1, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. En tal sentido, se hace del conocimiento que se encuentran a su disposición los medios especiales de comunicación, consistentes en el teléfono celular 55-23- 34-81-40 y correo electrónico oficial nicolas.contreras.velazquez@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de participar en el presente juicio de amparo, de manera electrónica; salvo los casos en que cuenten con firma electrónica. Finalmente, vista la constancia de notificación realizada al quejoso respecto del auto de once de agosto actual, refiere: ".solicito me sea otorgada una llamada telefónica con la licenciada Karen María Cruz, defensora pública federal con tal carácter de quien suscribe a efecto de tratar cuestiones que conciernen a sus atribuciones y funciones". En mérito de lo anterior, córrase traslado con copia simple de la constancia de notificación de cuenta, a la asesora jurídica de la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a su asesora jurídica.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ***, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 952/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.****************************************Admisión de la demanda.****************************************Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ********************, respecto de la autoridad y acto siguientes: ****************************************I.- De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo siguiente:****************************************a.- La omisión de dictar resolución en forma de laudo en el juicio laboral ********************.****************************************Del incidente de suspensión.****************************************Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa.****************************************Requerimiento de informe justificado. ****************************************De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado.****************************************Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa.****************************************Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.****************************************Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del********************salario mínimo.****************************************Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita.****************************************De la audiencia constitucional.****************************************Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************De la parte tercero interesada.****************************************Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama diverso acto en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la quejosa -que subsista tal omisión-, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio.****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. ****************************************Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales".****************************************En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa, con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte.****************************************Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario, la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa, ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación, amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo, beneficiaria también a la parte tercera interesada, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada).****************************************De la personalidad del promovente.****************************************Con apoyo en el dispositivo********************11,********************en relación con el diverso********************121,********************ambos********************de la Ley de Amparo, se********************requiere********************a la autoridad responsable,********************para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a ********************, como apoderado legal de ******************** ,********************dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a********************cincuenta********************unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral********************254********************de la Ley de la Materia.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia********************2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo********************XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,********************cuyo rubro establece:****************************************"PERSONALIDAD********************EN EL********************AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL********************PROMOVENTE********************PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL********************152********************DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA."****************************************En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida de actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos********************238********************y********************240********************de la legislación en consulta.****************************************Vista al Ministerio Público Federal.****************************************Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************Domicilio procesal y autorizados.****************************************En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo.****************************************También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica.****************************************De las pruebas.****************************************Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la documental que anexa, misma que se desahoga debido a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva.****************************************Medios electrónicos.****************************************Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.****************************************"REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente.****************************************Obligaciones de las partes.****************************************Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta.****************************************Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del********************salario mínimo.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional.****************************************Transparencia y acceso a la información pública.****************************************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.****************************************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial.****************************************De las notificaciones a las partes.****************************************Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia.****************************************Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.****************************************Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente:****************************************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar".****************************************Se exhorta a las partes.****************************************En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario.****************************************En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. ****************************************Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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