Alicia Maria Bueno Ziaurriz

Expediente 12/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Alicia Maria Bueno Ziaurriz

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la parte tercera interesada mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento al fallo protector dado por el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, aun cuando se les apercibió que se resolvería en relación a ello conforme a las constancias que obran en autos. Luego, mediante sentencia dictada en autos, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Operadora de Guarderías de Tepic, Sociedad Civil, para los efectos siguientes: "El Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, deje insubsistente la resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca civil 163/2019 de su índice, y en su lugar se dicte otra, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, esto es, al realizar los cálculos respectivos relacionados con el incidente de liquidación, deberá tomar en consideración las obligaciones fiscales existentes a cargo del demandado, tomando como base del cálculo de las operaciones aritméticas respectivas la cantidad de $7,000 (siete mil pesos 00/100, moneda nacional); asimismo, en cumplimiento a su obligación fiscal contenida en el artículo 118, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá requerir al actor la expedición de los comprobantes fiscales respectivos, dentro del plazo máximo de cinco días y en caso de incumplimiento, informarlo al Servicio de Administración Tributaria" Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, modificó la sentencia dictada en el presente expediente, para los efectos siguientes: "a) El Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, deje insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca civil 163/2019 de su índice, y en su lugar emitiera otra, atendiendo a los lineamientos inmersos en el fallo protector, adicionalmente, al realizar los cálculos respectivos relacionados con el incidente de liquidación, deberá tomar en consideración las obligaciones fiscales existentes a cargo del demandado, tomando como base del cálculo de las operaciones aritméticas respectivas la cantidad de $7,000 (siete mil pesos 00/100, moneda nacional). b) Con base en lo previsto en el artículo 118, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá requerir a la parte actora la expedición de los comprobantes fiscales por los periodos consignado a pagados, así como las que correspondan una vez pagada la totalidad de lo reclamado, ello en el plazo máximo de cinco días y en caso de incumplimiento, informarlo al Servicio de Administración Tributaria" En cumplimiento a ello, el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, acompañó a su oficio recibido en este Juzgado de Distrito el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, copia certificada del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós del que se advierte que dejó insubsistente la sentencia emitida por la referida sala el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Asimismo, el citado Magistrado por oficio recibido en este juzgado el dos de diciembre de dos mil veintidós remitió copia certificada de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en la que acató los lineamientos dictados en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos violados. Se dice lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable en la determinación que allegó señalada en el párrafo que precede, consideró que el monto pactado por concepto de renta ascendió a $7,000.00 (siete mil pesos moneda nacional 00/100), monto que se tomó en cuenta para las operaciones aritméticas para establecer las obligaciones del demandado. Asimismo, se advierte que se ordenó al juez de origen requerir a la parte actora la expedición de los comprobantes fiscales por los periodos consignados o pagados y depositados ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, ello en los expedientes 392/2015 y 133/2016, lo cual se debería hacer dentro del plazo de cinco días, y en caso de incumplimiento debería informarlo al Servicio de Administración Tributaria. En este orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de cinco de diciembre de dos mil veintidós y el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Por último, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años, por lo que agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la demanda de amparo presentada por ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, por su propio derecho, y documentales que acompaña, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 12/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro electrónico de gobierno de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, 99 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los numerales 3, 4, 13, 21, 22, 25, 31 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; Acuerdos que fueron reformados por su similar que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 3°, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, se instruye al oficial de partes de éste juzgado para que digitalice e integre al expediente electrónico de este juicio, todas las promociones y anexos (que se acompañen a las mismas) que se reciban de forma física en éste órgano jurisdiccional. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. De igual forma, con fundamento en el artículo 22 de la disposición normativa indicada, se procederá a la digitalización de las constancias atinentes para la integración cronológica del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, realizando la certificación correspondiente en el expediente electrónico que dé cuenta de esa circunstancia Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "RECLAMO DEL C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE BUCERÍAS: LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES AL DEBIDO PROCESO, CONTRARIO A LA FORMA QUE PRETENDEN HACER VALER EN MI CONTRA EN LOS AUTOS DEL JUICIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 244/2022 DEL ÍNDICE DE DICHO JUZGADO. Y/O DE LA ACTUARIA, DILIGENCIARIA O NOTIFICADORA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE BUCERÍAS: EL ILEGAL CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO QUE PRETENDE HACER VALER EN MI CONTRA EN LOS AUTOS DEL JUICIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 244/2022 DEL ÍNDICE DE DICHO JUZGADO." Asimismo, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo la parte quejosa señala: "Y ES EL CASO DE QUE EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AHÍ AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, PERO EL DÍA DE AYER CUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, AL REVISAR EL EXPEDIENTE DE DICHO JUICIO DE GARANTÍAS QUE PROMOVÍ, ME ENTERÉ POR LAS CONSTANCIAS CERTIFICADAS QUE FUERON EXHIBIDAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO DE DICHA AUTORIDAD, DE QUE SE ESTÁ LLEVÁNDO A CABO EN MI CONTRA UN JUICIO DEL CUAL NO HE SIDO NOTIFICADA NI EMPLAZADA, VIOLANDO CON ELLO TODAS LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONAL QUE TODO GOBERNADO TIENE DERECHO, DEJANDOME CON ELLO EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN, POR LO CUAL NO SE HAN CUMPLIDO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICAR Y EMPLAZAR PERSONALMENTE EL INICIO DE UN JUICIO PARA GARANTÍZAR UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA, EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EL DEBIDO PROCESO. ASI LAS COSAS, EN DICHAS CONSTANCIAS PRESENTADAS QUE SEÑALO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, AL VERLAS EL DÍA DE AYER, ME PERCATÉ QUE EN ESE JUICIO, FALSAMENTE PRETENDEN HACER CREER QUE CON FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, FUI EMPLAZADA POR ESTRADOS, ESTO SUPUESTAMENTE DEBIDO A QUE CON FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, LA LIC. HILDA MAGDALENA MARÍN LOMELÍ, NOTIFICADORA DE DICHO JUZGADO, FALSAMENTE DICE HABER DEJADO UN CITATORIO DIRIGIDO A MI NOMBRE, EN EL QUE DICE HABER DEJADO "EN LA PUERTA", Y MAS ABAJO SOLO TIENE EL NOMBRE DE "LUIS ALBERTO, TRABAJADOR", SITUACIÓN LA CUAL DESCONOZCO, ADEMÁS DE QUE CON ELLO, NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL DEBIDO PROCESO." Por tanto, se desprende que lo que la parte quejosa destacadamente reclama es la diligencia de emplazamiento de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, practicada a la quejosa ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, en el juicio civil ordinario 244/2022, por la Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos en comento disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" En ese sentido, es conveniente referir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/90, en relación a las personas extrañas a los procedimientos, indicó que debe hacerse la distinción de dos tipos, a saber: i) el propiamente dicho o stricto sensu y ii) el equiparado parte formal en el juicio natural; respecto del segundo, por ser el que interesa para el presente estudio, indicó que es aquella persona, a quien, la falta de citación, implicó que no conociera de ninguna forma la existencia de un juicio en su contra, enterándose del mismo cuando ya existe sentencia definitiva o laudo. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.' es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." De esta forma, lo trascendente para la procedencia del juicio en términos de la hipótesis del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, radica en que la persona que se ostenta extraña al procedimiento desconozca totalmente su existencia y tramitación, y en tal medida, esté imposibilitada para promover su defensa en el juicio de origen. Asimismo, es menester recordar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/1992, sostuvo que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva. Lo anterior, en razón de que en ese supuesto, al ser parte el quejoso en el juicio, no puede equiparársele como persona extraña a juicio, pues sólo tienen ese carácter quienes no son parte en el propio juicio, por tanto, no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones, antes de que se pronuncie la sentencia definitiva o alegar esa infracción como agravio a través del medio de impugnación que se haga valer en contra del fallo definitivo, pues si bien es cierto, la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legal previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado estado. De esta ejecutoria surgieron las jurisprudencias 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 58, octubre de 1992, páginas 15, 16 y 17, Octava Época, intituladas: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo." "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL, sostuvo que cuando en un juicio de amparo promovido en la vía indirecta el acto reclamado se hace consistir en la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso compareció al juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los artículos 73, fracción XVIII, y 114, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el quejoso ya no es persona extraña al juicio, ya que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia. Esta ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 401/2011, abordó la problemática consistente en si la condición de tercero extraño a juicio por equiparación se perdía o no con la sola circunstancia de que quien se ostentaba con tal carácter hubiera tenido conocimiento del procedimiento de origen, antes del dictado de la sentencia, sin haber comparecido a éste. Y, siguiendo la línea argumentativa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL, determinó que la condición de tercero extraño a juicio por equiparación se perdía con la sola circunstancia de que quien se ostentaba con tal carácter hubiera tenido conocimiento del procedimiento iniciado en su contra, sin haber comparecido a éste, antes del dictado de la sentencia en el juicio de origen, el juicio de amparo promovido en la vía indirecta por el quejoso contra la falta o ilegalidad del emplazamiento al juicio seguido en su contra, resultaba improcedente porque ya no podía considerarse que se ubicaba en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, concluyó que si el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualizaba el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, Décima Época, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Criterios jurisprudenciales que a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. Sentado el marco jurisprudencial sobre la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la ilegalidad del emplazamiento y el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen, antes del dictado de la sentencia, pero decidió no comparecer al procedimiento natural, en el caso concreto, como se adelantó se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: Del examen integral de los autos del juicio de amparo indirecto 2023/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, los que se traen como hecho notorio, se desprende que la aquí quejosa ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, reclamó del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Nayarit y otra autoridad, esencialmente la orden y ejecución de desposesión del bien inmueble ubicado en la fracción 10 diez segregada de la parcela 179 Z-5 P1/3 (Ciento setenta y nueve letra "zeta", guión cinco, letra "pe", uno diagonal tres), que formaba parte del ejido Higuera Blanca, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit el cual cuenta con una superficie total aproximada de 3-52-07.71 HA (tres hectáreas, cincuenta y dos áreas, siete punto setenta y un centiáreas), cuyas medidas y colindancias se describen en la escritura pública exhibida, ostentándose como tercera extraña. Asimismo, de dicho expediente se advierte que al rendir su informe justificado, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, remitió las constancias que integran el juicio civil ordinario 244/2022 de donde derivan los actos reclamados en el presente juicio, poniendo de manifiesto lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, Guillermina García Rentería, entabló demanda en contra de la aquí quejosa ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, a quien le reclamó las prestaciones deducidas de la citada demanda. 2. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió la demanda, registrándola con el número de expediente 244/2022, y ordenó el emplazamiento por exhorto de la demandada, aquí quejosa. 3. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por emplazada a juicio a la citada demandada ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ. 4. El once de noviembre de dos mil veintidós, se le decretó la correspondiente rebeldía. De los antecedentes narrados, se llega a la conclusión de que no puede equipararse a la quejosa ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, como persona extraña a juicio, pues es parte demandada en el citado expediente, y tiene pleno conociendo de la existencia del juicio seguido en su contra y a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva. En ese tenor, es indudable que si la aquí quejosa ya fue emplazada al juicio de origen está en posibilidad de acudir al mismo y hacer valer sus derechos, lo que desvirtúa su carácter de persona extraña por equiparación al procedimiento. Es así, pues sólo tienen el carácter de tercero extraño quienes no son parte en el juicio o quien siendo parte en éste, el ilegal emplazamiento o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra, en virtud de haberse ya dictado sentencia ejecutoria. En esa medida, no puede considerarse que el emplazamiento reclamado por la quejosa, le ocasionó un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento natural, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, como quedó puntualizado, puede acudir al mismo y hacer valer sus derechos, puesto que, en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva. En las condiciones anotadas, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por ALICIA MARÍA BUENO ZIAURRIZ, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su escrito de demanda de amparo, y por autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier José de la Hoz Martínez y Brisa Yolanda Álvarez Salinas, por así haberlo solicitado expresamente. Luego, como lo solicita la parte promovente en el sentido de que se designe a en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a un abogado de oficio y a efecto de no dejarla en estado de indefensión solicítese al Titular del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, de no tener inconveniente se sirva a designar un Asesor Jurídico, a efecto de que asista legalmente en el presente juicio a la quejosa de referencia. En cuanto a lo diverso solicitado en el sentido de que se le autorice la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la firma electrónica con el nombre de usuario "CORPJH", para la consulta del??expediente en esa vía. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31, de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, realicen las notificaciones correspondientes a la parte quejosa vía electrónica con el nombre de usuario "CORPJH", sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. De igual forma, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, previa toma de razón que se deje en autos. Asimismo, en cuanto a lo diverso que solicita, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, se autoriza las copias que peticiona previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos, la ocursante o a las personas que autoriza para para tal efecto. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLAS.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano