Alicia Maldonado Guillén

Expediente 390/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
390/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Alicia Maldonado Guillén

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a las autoridades responsables Secretaría de salud del Estado de Morelos, Secretaría de Salud de Jiutepec Morelos, Consejo de Salubridad General, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos en representación del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social; al respecto, mediante oficio comuníquesele que a la fecha aún no ha quedado firme la sentencia dictada. Por otra parte, para estar en condiciones de declarar firme dicha sentencia, instrúyase al Actuario adscrito para que en su oportunidad notifique personalmente la sentencia dictada al Agente del Ministerio Público adscrito, vinculándola correctamente en el expediente electrónico, toda vez que a la fecha en la casilla correspondiente a dicho agente de la notificación de la citada sentencia, se encuentra un archivo de notificación hecha a la parte quejosa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la razón actuarial que antecede, en la cual, la fedataria adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para entregar el oficio 1571/2021 dirigido al "Consejo de Salubridad General", toda vez que al constituirse en las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, fue atendida por quien describe en la razón actuarial, persona que le indicó que no podía recibir el oficio por los motivos que expone; por tal motivo, se instruye al personal de actuaría para que envíe el oficio de referencia al domicilio correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 390/2020, promovido por Alicia Maldonado Guillén, Berenice Torres Maldonado, Gerardo Méndez Velázquez, Roberto López Hernández, Graciela Elisha Benítez Badillo, Alejandro Méndez Varela y Carmín Mahali Torres Maldonado en representación de sus menores hijos de iniciales Y.J.A.T. y G.M.T., contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinte, recibido por el Secretario de guardia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Alicia Maldonado Guillén, Berenice Torres Maldonado, Gerardo Méndez Velázquez, Roberto López Hernández, Graciela Elisha Benítez Badillo, Alejandro Méndez Varela y Carmín Mahali Torres Maldonado en representación de sus menores hijos de iniciales Y.J.A.T. y G.M.T., solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (denominación correcta), Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud del Estado de Morelos, Secretaría de Salud de Jiutepec, Morelos y Secretaría de Salud de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ".La negativa de realizar a los suscritos quejosos de manera gratuita en nuestro domicilio, el estudio pormenorizado para determinar si poseemos o no el virus denominado Covid-19, y de ser positivo que nos indiquen cuales son las medidas y acciones que debemos tomar." SEGUNDO. El veintidós de mayo de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 390/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La negativa de practicar la prueba científica idónea para determinar si son portadores positivos del virus Covid-19 y de resultar positivos, el tratamiento las medidas y acciones que deban tomar. TERCERO. Inexistencia de acto. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados. En ese sentido, no son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (denominación correcta), Secretaría de Salud del Estado de Morelos, consistentes en la negativa de practicar la prueba científica para determinar si son portadores positivos del virus Covid-19, de resultar positivos de otorgarles los servicios médicos necesarios para su recuperación y evitar que contagien a terceros, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación. De igual forma, no son ciertos los actos reclamados al Consejo de Salubridad General, pues si bien fue omisa en rendir su informe con justificación, de las constancias que obran en autos se advierte que los propios quejosos refieren que el día diecisiete de mayo de dos mil veinte, acudieron a la Clínica del Seguro Social en Jiutepec, Morelos, así como al Sector Salud más cercano a su domicilio (Jiutepec. Morelos) de donde se advierte es diversa autoridad la que efectuó los actos negativos reclamados. Por su parte las autoridades señaladas como Secretaría de Salud de Jiutepec, Morelos y Secretaría de Salud de Cuernavaca, Morelos, no fue posible entregar las comunicaciones oficiales respectivas, como se desprende de la razón actuarial de veintiséis de mayo de dos mil veinte, por tanto, resultan inexistentes. En ese tenor, si bien se trata de actos negativos que combaten por el rechazo de practicarles la prueba de Covid-19, supuesto en el que la carga de la prueba a fin de corroborar su inexistencia corresponde a las autoridades responsables, de las constancias que integran el expediente, se advierte que la solicitud de prueba Covid-19, como lo refieren los propios quejoso fue ante la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Jiutepec, Morelos, y del Sector Salud más cercano a su domicilio, ante quien refieren acudieron para que se les aplicara la prueba referida, son diversas a las señaladas, por lo que queda plenamente evidenciado que los quejosos, previamente a la interposición del escrito de demanda de amparo, no les solicitaron la prestación de los servicios médicos cuya negativa de proporcionarles reclaman. Habida cuenta que la parte quejosa no exhibió medio de convicción alguno que acreditara lo contrario, siendo que al haber reclamado un acto de naturaleza negativa -de efectuar una prueba para diagnosticar el virus COVID-19- le correspondía la carga probatoria, de modo que debía aportar los elementos que estimara necesarios para demostrar que efectivamente las autoridades responsables hayan emitido y ejecutado los actos que les reclama en este juicio, carga procesal que les corresponde, además, fue omisa en señalar como responsable a la clínica donde refieren acudieron a solicitar la práctica de dicha prueba. En efecto, la parte quejosa se abstuvo de aportar pruebas o datos de los que pudiera advertirse que hicieron la petición o informaron a las autoridades responsable la situación que presentaban respecto al virus Covid-19 y éstas omitieron hacerlo o se negaron a dar la atención correspondiente, aplicar la prueba de Covid-19, dar seguimiento y tratamiento oportuno. Se afirma lo anterior, porque las documentales que aportaron en esta instancia constitucional, consistentes en las credenciales de elector, acta de matrimonio, actas de nacimiento, no revelan o dan cuenta de que pusieron en conocimiento a las autoridades sanitarias señaladas como responsables la situación de vulnerabilidad de salud en que se encontraban. Aunado a ello, la responsable Secretaría de Salud del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado manifestó que no es cierto el acto que le reclaman en razón a que son los Centros de Salud y Unidades Hospitalarias son unidades administrativas del Organismo Público Descentralizado Servicios de salud de Morelos, que cuentan con patrimonio y personalidad jurídica propia, los encargados de prestar los servicios de salud a la población que lo solicite, con fundamento en los artículos 3 y 7 del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud de Morelos: "Artículo 3. Servicios de Salud de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que, además de lo previsto en su Decreto de creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la población en general, así como instrumentar los Programas Asistenciales, otorgamiento de subsidios a instituciones de asistencia no lucrativas y administrativas y administrar la Beneficencia Pública Estatal, en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de Coordinación. Artículo 7. Para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, y a fin de cumplir con su objeto, el Organismo contará además con las siguientes Unidades Administrativas: (.) 1. Jurisdicción Sanitaria I Cuernavaca; (.)" Por su parte el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al negar el acto reclamado manifestó que de conformidad con el artículo 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el facultado para representar al Instituto ante todas las autoridades y para el eficaz desempeño de sus atribuciones se integra con las jefaturas, unidades administrativas que sean autorizadas por la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, por tanto, no está facultado para realizar la prueba de detección de virus Covid-19, aunado a ello, señala que el Director de la Unidad de Medicina Familiar número 20, de Cuernavaca, Morelos, como de la Unidad de Medicina Familiar número 3, de Jiutepec, Morelos, le informaron que no cuentan con registro de que los quejosos hayan sido atendidos en las unidades de medicina familiar señaladas, de ahí su negativa. Cierto es, que las circunstancias que acontecen en torno a la epidemia del virus Covid-19 imposibilitan a las personas a acudir de manera presencial ante las autoridades médicas para su atención, públicas como privadas, no obstante, el sector salud público ha proporcionado herramientas a su alcance como números telefónicos de contacto específico, así como de lugares donde se realiza la prueba de Cóvid-19 gratuita, cuando cuentan con cierta sintomatología para su práctica, y en el caso, los quejosos argumentan haber acudido a la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Jiutepec, Morelos, -que les corresponde, Unidad de Medicina Familiar número 3, de Jiutepec, Morelos- y al Sector Salud más cercano a su domicilio, sin haber acreditado tal hecho, así como de cursar con sintomatología que presumiera el posible contagio de Covid-19, para su atención, en tal circunstancia, el acto reclamado no existe. Sustentan la anterior determinación la jurisprudencia s VI. 2º. J/308, Registro: 210,769, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de 1994, Página: 77 y 310, registro 394,266, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página: 209, que son del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades a que se hace mención en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cuatro de marzo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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