Alicia López Dominguez

Expediente 1023/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1023/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Alicia López Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, con el que remite la demanda original promovida por Alicia López Domínguez, misma que registró bajo el número de juicio de amparo 2119/2023-IV, de su índice. Una vez analizadas las constancias que integran el aludido sumario constitucional, se comparte el criterio sustentado por el órgano declinante; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Alicia López Domínguez, contra actos del Comisariado de Bienes comunales y Consejo de Vigilancia, con sede en Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca y otra autoridad. Acúsese recibo. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1023/2023 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Convalidación de actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a la parte quejosa, informándole que se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° y continúese con el trámite legal del presente juicio, únicamente por lo que hace al quejoso, acto y autoridades antes precisadas. Vinculación de expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 2119/2023 de su índice, al diverso 1023/2023, de la estadística de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a fin de proveer lo conducente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, esencialmente, la determinación emitida por las responsables de privarla de las tierras -sujetas al régimen agrario- donde habitan sus padres, en caso de que no cumpla con el trabajo comunitario que le fue asignado al interior de la referida comunidad. En ese sentido, se considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte" "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la trascripción, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo que, la procedencia del juicio tratándose de actos de particulares, está condicionada a que éstos "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación". De ahí que, será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese tenor, en el presente asunto -en principio- la quejosa reclama actos que atribuye a los integrantes del comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, relacionados con la privación de tierras -sujetas al régimen agrario-, donde asegura, habitan sus padres, ante su eventual renuencia a cumplir con el trabajo comunitario que le fue asignado en Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca. En ese sentido, los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, si bien resultan ser una institución reconocida por la Ley Agraria, para el caso que nos ocupa, respecto del acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que se trata de integrantes de órganos de representación y de vigilancia de la comunidad o ejido agrario, no del Estado, por lo cual no pueden considerarse como autoridades en estricto sentido, según lo prevé esencialmente el artículo 99, fracción II, de la Ley Agraria, esto es, que actúan como integrantes de un órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros. En ese sentido, los artículos 99, 107, 21, 23, 32, 33, todos de la Ley Agraria, en lo que interesa establecen: "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: La asamblea; El comisariado ejidal; y El consejo de vigilancia. Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". De los preceptos trascritos de la Ley Agraria, se advierte que los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; toda vez que, como integrantes del Comisariado respectivo, le corresponde la ejecución de los acuerdos de la asamblea de comuneros, representarla y realizar las gestiones administrativas; entre sus facultades se encuentran la de representación y administración, como si fuera un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; convocar a la asamblea, cumplir los acuerdos de ésta, dar cuenta con las actividades realizadas y con el movimiento de fondos. Por tanto, no son autoridades en sentido lato para efectos del juicio de amparo, al constituir meros órganos de representación, administración y vigilancia, cuya actuación es esencialmente en sus respectivos ámbitos, como apoderado general de la asamblea, ejecutor y representante de ésta. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 151-156 Tercera Parte, Séptima Época, página 44.), de rubro y contenido siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes". En ese sentido, las controversias relacionadas con la posesión de los bienes ejidales o comunales, como los que se pretende reclamar en esta instancia constitucional, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por las relacionadas consideraciones, se considera que se encuentra actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a la que se ha hecho referencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, de la citada ley, respecto del acto reclamado; por tanto, se DESECHA de plano la demanda de amparo. Cabe destacar que el hecho de que se actualicen causas de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional, que no configura una denegación de justicia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Se gira exhorto para notificar. Ahora, tomando en consideración que el domicilio señalado en la demanda de amparo, se encuentra ubicado en ********************, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en turno, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes precisado y notifique la presente determinación a la parte quejosa. Además, deberá requerirla para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días, contado legalmente, señale domicilio procesal en la zona metropolitana de Oaxaca; apercibiéndola que en caso de no manifestar nada dentro del término concedido, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista fijada en los estrados de este Juzgado, en términos del numeral 29, de la Ley de la materia. Se faculta al juzgado que auxiliará en la citada diligencia, a agotar los medios legales con que cuente para el éxito de la misma; y, hecho que sea lo anterior, solicítese de la manera más se sirva devolver únicamente las actuaciones relativas a la diligenciación de la comunicación oficial remitida, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Respecto de la medida cautelar, habilitación de días y horas inhábiles, domicilio, autorizada y correo electrónico. Deberá estarse a lo acordado en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se proveyó al respecto. Notifíquese mediante exhorto a la parte quejosa.

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