Alicia Lerma Espitia
Expediente 688/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alicia Lerma Espitia
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de ocho de junio de dos mil diecisiete. CAUSA ESTADO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de la Materia, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo, el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por el juez único civil de partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, consistentes en dos tomos del juicio especial civil C1522/2017, se ordena devolverlos a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del primer tribunal colegiado en materia civil del decimosexto circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual en alcance al oficio 5128 de su índice, remite constancias relativas al juicio especial civil C***/2013 de la numeración del juzgado único civil de partido de Cortazar, Guanajuato, derivadas del amparo directo civil 581/2017. El cual se ordena agregar a los autos sin mayor trámite, toda vez que en resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo promovida por ***.
- Principal
RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Por recibido el oficio 5128, signado por la secretaria de acuerdos del primer tribunal colegiado en materia civil del decimosexto circuito, al cual adjuntó el original de la demanda de amparo promovida por ***, cinco copias de la misma, oficios 1576 y 1580 en copia certificada, dos tomos en copias certificadas del juicio especial civil ***, y un legajo de copias simples con el que la quejosa cumple requerimiento. Acúsese recibo. Se ordena formar dos tomos de pruebas con los tomos referidos en el párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de la superioridad declinante que en esta fecha el suscrito juzgador federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida. Así, vista la demanda de amparo signada por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la justicia de la Unión contra actos del juez primero civil de partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, y otra autoridad, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número *** anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. EXAMINACIÓN DE DEMANDA. Una vez analizada la demanda de amparo, este juzgado federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de cuenta, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: " I.- La radicación de demanda inicial presentada el día 18 de diciembre de 2013. II.- Sentencia dictada y emitida por el C. JUEZ CIVIL DE PARTIDO de la ciudad de Cortazar, gto., de fecha 23 veintitrés de Mayo del 2014 dos mil catorce dictada dentro del juicio C1522/2013, como consecuencia del acto violatorio de derechos fundamentales." Tales actos, según lo señalado bajo protesta de decir verdad por la quejosa Alicia Lerma Espitia, en el capítulo de antecedentes los conoció el día veintiocho de abril de dos mil catorce, por conducto de ***, por haber recibido un citatorio dirigido a la quejosa en el que se le solicitaba que espera el día veintinueve de abril de ese mismo año, a la ministro ejecutora del juzgado menor responsable. Ahora es un hecho notorio para el suscrito juez que dentro del juicio de amparo *** del índice de este Órgano de Control Constitucional, del que se ordena obtener copia simple de las principales constancias para ser agregadas al expediente en que se actúa, se advierte que en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la aquí quejosa ***, promovió juicio de amparo contra de actos que a continuación se transcriben: "ACTO RECLAMADO 1.- DILIGENCIA DE EJECUCIÓN DE JUICIO ESPECIAL SUMARIO HIPOTECARIO ORDENADO MEDIANTE REQUISITORIA de fecha 29 de Abril de 2014. Realizada por la oficial Judicial "B". 2.- La integridad de las resoluciones de los autos posteriores a la diligencia del 29 de abril de 2014. 3.- Sentencias dictadas y emitidas por el C. JUEZ CIVIL DE PARTIDO de la ciudad de Cortázar. Gto., dictadas dentro del juicio C1522/2013, como consecuencia del acto violatorio de derechos fundamentales. 4.- RESOLUCIÓN INCIDENTAL de 9 de septiembre de 2016." Al narrar los hechos en que se apoyaba la demanda, la quejosa adujo como motivo de inconstitucionalidad de los actos reclamados, entre otros, la ilegalidad del llamamiento que se le hizo, tal y como ahora pretende hacerlo ver en la nueva demanda de amparo que promueve. Ahora, en el auto que recayó a la presentación de dicha demanda de amparo 1048/2016-V.2, se dijo: .En el caso, por lo que se refiere a los actos reclamados en mención, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que la promovente tuvo conocimiento de la existencia de los aludidos actos reclamados, por lo menos, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, fecha en que presentó la demanda con que se formó el juicio de amparo 713/2016-VI-2; y en la cual, reclamó los mismos actos reclamados a que se ha hecho mérito; por tanto, la solicitante del amparo debió ejercer la acción constitucional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha indicada; esto es, el término de quince a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a computarse el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; día hábil siguiente a aquél en que se tiene dato la aquí promovente tuvo conocimiento de los indicados actos reclamados. Por tanto, si la solicitante del amparo tuvo conocimiento de los mencionados actos reclamados el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; el término a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, quedó comprendido entre el diecisiete de junio y siete de julio de dos mil dieciséis, con exclusión de seis días por ser inhábiles; a saber, los sábados dieciocho y veinticinco de junio, y dos de julio, así como los domingos diecinueve y veintiséis de junio, y tres de julio, todos de dos mil dieciséis. En consecuencia, si la demanda, génesis del juicio de amparo 1048/2016-V-2, fue presentada ante el Juzgado Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; ello significa que en relación con los mencionados actos reclamados, la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea a los quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo que conduce a la conclusión de que al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo que para ello establece el indicado precepto legal, los aludidos actos reclamados fueron consentidos tácitamente tal y como lo dispone el diverso numeral 61 fracción XIV, primer párrafo, del apuntado ordenamiento legal. Sin que en la especie, la parte quejosa se ubique en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 en sus fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días (fracción I); no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, en la que se imponga pena de prisión, caso en el cual podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (fracción II); de igual forma, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el término es de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados (fracción III); y de igual modo, el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; caso en que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo (fracción IV)..." Lo que llevó a este juzgado a desechar la demanda referida (1048/2016-V.2). Determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, en resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete, en el recurso de queja civil 180/2016, al establecer: ".el artículo 62, de la Ley de Amparo, prevé que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo que significa que el Juez de Distrito, antes de proceder al estudio de fondo de las controversias planteadas por la parte quejosa, tiene la ineludible obligación de examinar si en el caso se surte o no una causa de improcedencia, por ser de orden público y estudio preferente, como lo marca la legislación aplicable en la materia; por ello, si el juzgado federal advierte que en el asunto sometido a su consideración se surte alguna de las hipótesis marcadas en el numeral 61, del mismo ordenamiento, como ocurrió en la especie, es evidente que debe desechar la demanda de garantías -o en su caso sobreseer en el juicio de garantía-, sin entrar al estudio de fondo del asunto." En cuanto al conocimiento de los citados datos, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Toda vez que la demanda de amparo fue presentada por la promovente en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Es aplicable la jurisprudencia J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la diversa tesis del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición." Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. Así tenemos que en fecha seis de abril de dos mil diecisiete, la quejosa interpuso la demanda de amparo que ahora nos ocupa, ante el juzgado único civil de partido de Cortazar, Guanajuato. Fecha que se advierte del matasellos estampado en la misma. Empero, contrario a lo que se afirma, Alicia Lerma Espitia tuvo conocimiento de los actos reclamados al menos desde el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, como se advirtió en el diverso juicio de amparo 1048/2016-V.2. Por tanto, es indudable que al formular su nueva demanda hasta el seis de abril de dos mil diecisiete, lo hizo fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que se estima extemporánea. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados, se desecha la demanda promovida por ***. Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice; "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." De igual forma, cobra aplicación la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo IX, Junio de 1992, en la página 364, la cual es del tenor literal siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la ley de amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Atendiendo a que el quejoso ***, en su demanda de amparo señaló los estrados del Tribunal al que correspondiera conocer del asunto, para oír y recibir notificaciones personales, no obstante que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto, como lo indica el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo), se ordena practicarle la notificación del presente proveído y las subsecuentes que tengan dicho carácter por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado de su parte a ***, en términos restringidos del artículo 12 de la ley de amparo, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO, la demanda de amparo promovida por ***, por las razones y consideraciones expuestas en el presente proveído.
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