Alicia Juárez Ibarra
Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alicia Juárez Ibarra
- Johathan Corona Rosas
- Juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala
- Alicia Juárez Ibarra y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia con fecha de engrose veintinueve de abril del año en curso, en la que se negó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la provisional y definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su depuración, por lo que deberá conservase el acuerdo donde se otorgó la medida cautelar, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obra un documento aportado por la parte quejosa, de los catalogados como originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Devuélvase al Juez Octavo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, las copias auténticas de las constancias escritas que integran la causa judicial 171/2020-8, así como un DVD que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el quince de septiembre de dos mil veintiuno, que adjuntó al momento de rendir su informe justificado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 913/2021, promovido por Angélica Sánchez Ramírez, en su carácter de Defensora particular de Alicia Juárez Ibarra, contra actos del Juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado al día siguiente, a este Juzgado de Distrito, Angélica Sánchez Ramírez, en su carácter de Defensora de Alicia Juárez Ibarra, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: La determinación de quince de septiembre de dos mil veintidós, emitida en los autos de la causa penal 171/2020-8, por la cual declaró infundada la petición de sobreseimiento solicitada en favor de la quejosa SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, registrándose bajo el número de juicio constitucional 913/2021; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se ordenó emplazar a la parte tercero interesado, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación para promover el juicio de amparo. Angélica Sánchez Ramírez, está legitimada para promover el presente juicio de control constitucional, en representación de Alicia Juárez Ibarra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo, y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita [.]. [.] Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el Defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente [.]. Ello es así, toda vez que, de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que la promovente se ostentó como Defensora Particular de Alicia Juárez Ibarra, lo cual efectivamente se encuentra demostrado, pues de las constancias que la autoridad judicial responsable remitió como justificante de sus actos consta que Angélica Sánchez Ramírez, cuenta con dicho carácter dentro de la causa judicial de donde emana el acto reclamado (foja 93 Cuaderno de pruebas). Lo anterior se corrobora con la audiencia de sobreseimiento de quince de septiembre de dos mil veintiuno, celebrada en la causa judicial 171/2020, en la que Alicia Juárez Ibarra estuvo asistida de la referida profesionista como su Defensora Privada, ya que el juez responsable en la fecha indicada le concedió el uso de la palabra a la defensa (como consta en el minuto 2:08 del registro de audio y video de dicho acto procesal que se contiene en el disco versátil digital remitido por el Juez responsable). Asimismo, consta en el índice cronológico de la audiencia intermedia de treinta de junio del año próximo pasado y en el escrito de la hoy quejosa presentado en la misma fecha (treinta de junio del año en cita), en el que nombró a Angélica Sánchez Ramírez, como su defensora particular. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Alicia Juárez Ibarra a través de su defensora privada Angélica Sánchez Ramírez, reclama: La determinación de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en los autos de la causa penal 171/2020, por la cual declaró infundada la petición de sobreseimiento solicitada en favor de la quejosa. CUARTO. Certeza del acto reclamado sobreseimiento. El Juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, consistentes en copias auténticas de la causa judicial penal 171/2020 y del registro audiovisual (disco óptico en formato DVD), documentales que son valoradas de manera plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, por tratarse de actuaciones practicadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y de las cuales se advierte la existencia de la audiencia celebrada el quince de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se no se decretó sobreseimiento de la causa judicial planteada por la imputada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, conviene traer a colación los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. De las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se sabe que: 1. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la quejosa Alicia Juárez Ibarra por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 232, fracción II y 239 fracción X del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala y se determinó que el plazo de cierre de la investigación será de tres meses, el que fenecería el veintiocho de noviembre de del año en cita (foja 26 a 27 del cuaderno de pruebas). 2. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el licenciado Arturo Gálvez Alvarado, Agente del Ministerio adscrito al Departamento de Investigación del Delito, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, formula escrito de acusación dentro de la carpeta de investigación número UIAPIZD-2/251/2020, en contra de Alicia Juárez Ibarra, por el delito de lesiones calificadas. 3. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable estableció que se desprendía de la audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte que se autorizó prórroga de plazo de cierre de investigación de tres meses, el cual feneció el veintiocho de febrero del año próximo pasado, y declaró que el escrito de formulación de la imputación fue presentado extemporáneamente por el Ministerio Público; lo que se ordenó hacer del conocimiento por el término de quince días al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronunciaría respecto de la omisión, apercibido que transcurrido el plazo indicado sin mayor pronunciamiento alguno por parte del Procurador o del Servidor Público a quien se le haya delegado dicha facultad, se decretará el sobreseimiento de la causa. 4. Por oficio 1391/2021 suscrito por el Agente del Ministerio Público José Francisco Pérez Hernández, Titular del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, nombrado por el Procurador General de Justicia del Estado, presentó el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la acusación en la carpeta de investigación UIAPIZD-2/251/2020, en contra de Alicia Juárez Ibarra, por el delito de lesiones calificadas. 5. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo al representante social en tiempo y forma formulado acusación en contra de la quejosa. 6. Por escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó al juez responsable decretara el sobreseimiento de la causa judicial (fojas 87 y 88 del cuaderno de pruebas). 7. El catorce de septiembre el juez responsable señaló fecha para la celebración de la audiencia de sobreseimiento de la cusa (foja 89). 8. El quince de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de sobreseimiento en la cual no se decretó el sobreseimiento de la causa judicial y se ordenó continuar con el procedimiento. Lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de Fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta que deba ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La quejosa alega que el acto reclamado le causa agravio, por el hecho de que los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no establecen que la investigación o acusación deba ser en forma indefinida en contra del imputado, por lo que si en la causa judicial se declaró agotada la investigación formal por el término de tres meses y la ampliación fue de quince días, el Ministerio Público tenía que efectuarla dentro de los cuarenta y cinco días, por lo que una vez transcurrido dicho plazo el fiscal dejó de tener la capacidad para efectuarla, por lo que si fue desechada la acusación del representante social por extemporánea, ya no podía presentarse una nueva acusación en contra de la víctima de conformidad con lo previsto por el invocado artículo 325, dado que este dispositivo solamente se refiere a la omisión del Ministerio Público de cumplir con su obligación sin que implique que pueda efectuar una nueva acusación a través del Procurador o funcionario delegado. Continúa manifestando la parte quejosa que la prevención establecida en el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es para dar vista al Procurador o al servidor público a quien se delegue la función de contestar sobre el incumplimiento, imposibilidades o los motivos jurídicamente justificables de la falta del cumplimiento de la obligación del Ministerio Público de formular la acusación, por lo que el referido dispositivo no da al Procurador la facultad de formular una nueva acusación por lo que el juez responsable no se ciñe al cumplimiento estricto de la Ley. Los anteriores motivos de inconformidad examinaran en su conjunto por su íntima relación; al respecto los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación." "Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento." De los preceptos transcritos, se desprende la consecuencia de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, que una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso, o formular acusación; y que la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo, se da cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días y transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Una vez precisado lo anterior, se establece que no le asiste razón a la quejosa, ya que si bien cierto que se declaró como fecha para el cierre de la investigación el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de la prórroga otorgada; y, el Agente del Ministerio Público presentó escrito de acusación en contra de la quejosa hasta el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, motivo por el cual el juez responsable tuvo por extemporánea su presentación y ordenó hacer del conocimiento del Procurador General de Justicia del Estado, para que en el término de quince días se pronunciara respecto a la omisión de presentarse la acusación dentro del término concedido para ello, lo que fue notificado el cuatro de mayo siguiente (foja 17 del cuaderno de pruebas). Por lo que el Agente del Ministerio Público José Francisco Pérez Hernández, Titular del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, nombrado por el Procurador General de Justicia del Estado, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, formuló acusación en la carpeta de investigación UIAPIZD-2/251/2020, en contra de Alicia Juárez Ibarra, por el delito de lesiones calificadas, dentro del término de quince días; que otorga la ley para que se pronuncie respecto del sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formule la acusación respectiva, término que transcurrió del cinco al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, previo descuento de los días cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del citado mes y año por ser inhábiles ello conforme al artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el juez responsable por auto de veintisiete del mes y año en cita, tuvo por presentada en tiempo y forma la acusación. Por lo que, contrariamente a lo sostenido por la quejosa la formulación hecha con motivo de la vista que se dio al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, no constituye una nueva acusación, ni con ello hace que se trate de una investigación por tiempo indefinido, ya que los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son puntuales en señalar que una vez que cierre la investigación complementaria el Ministerio Público tiene quince días para solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso, o formular acusación, lo que en la especie no sucedió, por el hecho de haberse presentado en forma extemporánea la acusación, por lo que la vista que se dio al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, es para el efecto de que se pronuncie en el plazo de quince días, en cualquiera de los tres supuestos que establece el numeral 324 invocado, como lo sostuvo el juez responsable en el minuto 21:34 del audio y video que obra en autos. En ese orden de ideas, se considera correcta la consideración indicada, ya que la vista que el Juez de control confiere al Titular de la Fiscalía, no provoca indefinición en perjuicio de la imputada, sólo constituye una medida para que ante la omisión de algún pronunciamiento con motivo del cierre de la investigación, el Procurador estime lo conducente, a fin de evitar la paralización del procedimiento, sin que constituya una nueva acusación, ni ello implique una investigación indefinida, como lo refiere la peticionaria del amparo. Por último, la quejosa refiere que el juez responsable sostiene su decisión ante el argumento realizado por el Ministerio Público en la audiencia de la cual generó el acto reclamado en la que señaló que la facultad de la acusación es procedente de conformidad con el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado número siete Extraordinario, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Procuradora; sin embargo, en su artículo Segundo, fracción VI, del invocado acuerdo, hace referencia a la notificación que se debe hacer al Titular del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría, respecto del incumplimiento del Ministerio Público de formular acusación en un plazo de quince días; sin señalar que se deba de formularse la acusación que omitió realizar el Ministerio Público. Es infundado lo señalado por la quejosa ya que el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado número Siete Extraordinario, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis emitido por la Procuradora; en sus artículos Segundo, fracción VI y Tercero, establece que "SEGUNDO. Se delegan las facultades siguientes: VI. Pronunciamiento en el plazo de quince días, ante la notificación del incumplimiento del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación al cierre de la investigación en el artículo 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales."; "TERCERO. La facultades referidas en el artículo segundo del presente Acuerdo, se delegan a la titular del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.". Con lo transcrito se llega al conocimiento que el Procurador General de Justicia del Estado, delega a la titular del Departamento de Investigación del Delito de la indicada Procuraduría, la facultad de pronunciarse en el plazo de quince días, ante el incumplimiento del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación al cierre de la investigación en el artículo 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que si el Agente del Ministerio Público José Francisco Pérez Hernández, Titular del Departamento de Investigación del Delito, nombrado por el Procurador General de Justicia del Estado, presentó ante el juez responsable mediante oficio 1391/2021, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la formulación de acusación en la carpeta de investigación UIAPIZD-2/251/2020, en contra de Alicia Juárez Ibarra, por el delito de lesiones calificadas, se considera que es legal la determinación del juez natural de no haber decretado el sobreseimiento de la causa judicial de la que deriva el acto reclamado. Es aplicable al respecto la tesis 1a. LXXXIV/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, registro digital: 2020669, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 120, que dice: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVENCIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- El citado precepto al prever la vista al Procurador en caso de que el Ministerio Público haya omitido solicitar de manera parcial o total el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación en contra del imputado, no genera una invasión del Juez de control a las facultades de la representación social para formular su acusación, ya que la vista al Titular de la Fiscalía no implica que el juzgador se sustituya o realice atribuciones de acusación o de órgano investigador que no le corresponden, ni corrige la acusación ni auxilia al órgano acusador, pues su papel como rector del proceso, únicamente se limita a informar al Procurador que el Ministerio Público no cumplió con la referida obligación, para que se pronuncie en el plazo de quince días, sin que ello implique asumir facultades de la representación social como sería el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, ya que únicamente vigila la instrucción legal del proceso. Tampoco puede considerarse que tal prevención constituya una oportunidad para que se mejore o corrija la acusación, ya que es la ausencia de las conclusiones ministeriales o su presentación extemporánea, lo que actualiza la hipótesis en la que el juzgador interviene como rector del proceso, al hacer del conocimiento del Titular de la Fiscalía tal acontecimiento. Por ende, el precepto reclamado cumple con la exigencia constitucional de que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Máxime que la hipótesis normativa controvertida no tiene como finalidad arrojar una carga al juzgador o que le atribuya un ejercicio de valoración acerca de la omisión del Fiscal de cumplir con alguna de las obligaciones consignadas en el diverso artículo 324. De esta manera, tratándose del supuesto normativo del precepto reclamado, no se actualiza una violación al principio de imparcialidad, por el contrario, es acorde con la división de funciones de los actores esenciales del proceso, que tutela el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral a través de los principios que lo rigen, pues garantiza que la actuación del juzgador cumpla con los aludidos parámetros de referencia, a saber, la imparcialidad y la objetividad frente al juicio que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera que no tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de aplicación de la ley penal en el margen de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas.". En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo y no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega a Alicia Juárez Ibarra, la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De Conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia Juárez Ibarra, respecto de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y terceros interesados, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con trece minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 913/2021, promovido por Alicia Juárez Ibarra, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Alicia Juárez Ibarra; auto admisorio de seis de octubre de dos mil veintiuno; informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Octavo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y escrito quejosa presentado el veintiuno de enero del actual, por el que formula alegatos. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Norte adscrito al Departamento de Investigación del Delito, José Francisco Pérez Hernández, María Aleyda Contreras Paredes y Johathan Corona Rosas, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que acompaño la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y hace constar que la autoridad responsable Juez Octavo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, remitió copias auténticas de las constancias escritas que integran la causa judicial 171/2020-8, así como un DVD que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el quince de septiembre de dos mil veintiuno. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por relacionados los alegatos de cuenta para ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce electrónicamente los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. La Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Juez Karina Juárez Benavides (Firmado electrónicamente) El Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera (Firmado electrónicamente)
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Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el con el escrito de Angélica Sánchez Ramírez, en su carácter de defensora de Alicia Juárez Ibarra, por el que formula alegatos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de dichos alegatos, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.
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