Alicia Irene Nachon Hesless

Expediente 519/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
519/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Alicia Irene Nachon Hesless

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa IV DEVUELVE EXHORTO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Actuaria Judicial del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por el que devuelve diligenciado el exhorto 131/2021-IV (orden 131/2021) del orden estadístico de este Juzgado, el cual fue remitido para notificar a la quejosa *******, el acuerdo de catorce de junio de la anualidad en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Acúsese recibo. En consecuencia, se tiene por notificada a la quejosa de referencia. CAUSA ESTADO. Con relación a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto el auto de catorce de junio del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido por las partes; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no se tiene conocimiento del destino del exhorto remitido al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, EN TURNO, con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno. En esas condiciones, se solicita al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para que en el término de tres días informe el destino del exhorto 131/2021 de catorce de junio pasado, remitido al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, EN TURNO, el cual fue enviado vía interconexión el quince de junio siguiente, como se advierte del acuse generado con folio 2230850; debiendo remitir copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho. Apercibido de que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA IV RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 519/2021-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: La resolución de fecha trece de mayo de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 130/2021, por la cual la autoridad Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante la cual declinó competencia en favor del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, (Altiplano), por razón de fuero. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J.55/98, publicada con el número de registro 195745, en la página 227, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, este juzgado advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. (...)". De los preceptos transcritos, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto. El criterio anterior, quedo plasmado en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada el catorce de agosto de dos mil quince, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, es incuestionable, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, pues en el caso la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 130/2021, no se ha tornado definitivo; en virtud de que en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, únicamente se encuentra declinando la competencia para conocer del asunto; por lo que, será hasta que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, (Altiplano) se pronuncie sobre la declinatoria de mérito, cuando se producirán las consecuencias del acto. Lo anterior se concluye, dado que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; y, si en la especie, esta circunstancia no ha ocurrido, la determinación de referencia no se ha tornado definitiva. En ese sentido, es inconcuso que al existir jurisprudencia que resuelve el tópico planteado en la demanda, dicha cuestión no puede desvirtuarse con la tramitación del juicio de amparo, por lo que la improcedencia de la demanda resulta notoria y manifiesta. Sirven de sustento a lo anterior, los criterios siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO YA SE ENCUENTRA DEFINIDO EXPRESAMENTE POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE TAL CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN ALGÚN ACTO DETERMINADO, SÍ ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE ESTE ASPECTO EN LA CITADA ACTUACIÓN, SIN QUE SEA DABLE LA APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA EN ESE MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Empero, no debe considerarse como excepción la aplicación analógica de la hipótesis prevista en una jurisprudencia, pues ello implica que no sea manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, puesto que para ello necesariamente se tendría que hacer un análisis exhaustivo para encuadrar el caso concreto al previsto en el criterio jurisprudencial que no lo contempla expresamente, lo que jurídicamente no debe llevarse a cabo en el auto inicial del juicio de amparo, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia" "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto". En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Ahora bien, por lo que hace al domicilio señalado y en razón a que éste se encuentra fuera de la jurisdicción de residencia del este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, respecto al correo electrónico y número telefónico proporcionados, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé dichos medios para realizar las notificaciones a las partes; sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de lista que se publica, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. Ahora, tomando en consideración la presente determinación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena librar exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en Isla Marina número nueve, Fraccionamiento Isla Dorada, Cancún, Quintana Roo, Código Postal 77500 y notifique la presente determinación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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