Alicia Ibarra Rios

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Alicia Ibarra Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el secretario auxiliar de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de los tomos devueltos. Notifíquese. Mesa II.

  2. Principal

    Se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO instaurada. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Devuélvase a la sala responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese; y por oficio a la autoridad que se precisa. Mesa II.

  3. Principal

    aviso judicial se notifica por medio de lista el proveido de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno a la parte promovente Recepción de colegiado. Ténganse por recibidos los oficios signados por la secretaria de acuerdos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual hace del conocimiento que por auto de tres de noviembre del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo directo 519/2021 ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Alicia Ibarra Ríos, por derecho propio; y al efecto, acompaña los documentos que se detallan en la cuenta. Acúsese el recibo de estilo. Con las constancias remitidas, ante la dificultad en su digitalización, con fundamento en los artículos 22, in fine, y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena formar por separado cuadernos auxiliares, los cuales estarán a disposición de las partes en la mesa de trámite correspondiente para su consulta; en el entendido de que se continuará actuando en el expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Amparo, la suscrita se avoca al estudio y conocimiento de dicho asunto, en razón de resulta es competente para conocer del asunto de que se trata. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el arábigo 3° de la ley aplicable, y regístrese en el libro de gobierno con el número 957/2021-II. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito de demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ********* La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Del análisis integral efectuado a la demanda se advierte que la promovente reclama lo siguiente: ? La sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca civil 357/2021/1, en el que se confirmó la sentencia de quince de abril del mismo año, emitida por la Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento inmobiliario 78/2017, seguido por la aquí quejosa en contra de Karen Angélica Hernández González, en la que se decretó la nulidad del emplazamiento efectuado a la demandada y se ordenó su reposición. Ahora bien de las constancias que integran el juicio de origen, se advirtieron los siguientes antecedentes: ********************* - La aquí quejosa Alicia Ibarra Ríos, demandó en la vía especia de controversia de arrendamiento inmobiliario a Karen Angélica Hernández González; la cual fue admitida por el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Poder Judicial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, registrándola con el número 78/2017. - Seguido que fue el procedimiento, el quince de abril del año en curso, se dictó sentencia definitiva, en la cual se decretó la nulidad de emplazamiento practicado a la demandada, como enseguida se aprecia. - Determinación contra la cual, la aquí quejosa, interpuso recurso de apelación y por resolución de seis de septiembre del año en curso, dictado dentro del toca 357/2021/1, la Décima Sala Civil del Poder Judicial de la Federación, confirmó el citado fallo. Siendo esta última resolución el acto reclamado en esta instancia constitucional. Partiendo de esa base, se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del normativo 172, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado en el caso, es la determinación de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual la sala responsable confirmó la sentencia definitiva de quince de abril del mismo año, en la que el juez primigenio decretó la nulidad de emplazamiento practicado a la demandadas en el juicio de origen; es decir, se trata de decisiones que si bien se verificaron dentro del sumario, pueden repararse a través de la sentencia definitiva favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se han consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano que se trate, ni tampoco es un acto que sea de imposible reparación, de ahí que la propia Ley de Amparo las contempla como una violación procesal reclamable en amparo directo. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la resolución ejecutoriada; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Ahora, conforme a lo dispuesto por los numerales 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 170 fracción I, párrafo primero, 171, párrafo primero y 172, fracciones VII y IX, de la ley reglamentaria, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, siempre y cuando afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son atendidos en el juicio biinstancial, cuando tienen efectos de imposible reparación conforme a la fracción V del precepto 107 de la normativa de la materia. Lo que no se da en el caso al contemplarse expresamente en su artículo 172, que el resolver ilegalmente un incidente de nulidad, como en el caso, el emplazamiento, constituye una violación procesal, reclamable en amparo directo, lo que implica que no existe necesidad de examinar si se dan o no tales efectos, pues el propio legislador, normativamente, ha determinado la naturaleza procesal de tales actos. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, para poder combatir actos como el aquí reclamado, mediante el juicio citado ante un tribunal colegiado de circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo, y hayan sido reclamados durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Se concluye que la resolución combatida, es un acto que puede repararse a través de la sentencia que llegue a pronunciarse en el juicio de origen y por lo mismo, no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate; porque ello podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de los diversos 170, fracción I, párrafo primero, 171, párrafo primero y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. **************** Los razonamientos expuestos con antelación y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 172, fracción V, de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ******************************************** Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Suprema, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 27, fracción I, de la ley de la materia y 305 de la supletoria ley procesal civil federal, se tiene como tal el que indica. Autorizados. Se faculta en términos amplios del precepto 12, del cuerpo de normas invocado a quien acredite tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se autoriza a las demás personas que refiere, para oír y recibir notificaciones y documentos en términos del párrafo segundo, última parte, del dispositivo invocado. Habilitación de horas y días inhábiles. Las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente, practíquense de conformidad con el dispositivo 21, tercer párrafo, de la normativa aplicable. Notifíquese

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