Alicia Hernández Velazquez
Expediente 664/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alicia Hernández Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el cinco de julio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede. Conste.León, Guanajuato, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto dictado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el veinte de junio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta con un escrito con ocho copias registrado en el libro de correspondencia bajo el número 10448. Conste. León, Guanajuato, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial, se precisa que los actos reclamados consisten en: La resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada en expediente * del índice del Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En esa determinación se precisó que no había lugar a tenerle por aceptado el cargo de depositaria que la quejosa solicitó al contestar su demanda, por lo que el referido acuerdo de trece de marzo pasado únicamente se modificaba para indicar que éste se fundamentaba en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 59 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en el principio de seguridad jurídica que debe seguir en todo proceso. La falta de notificación de la radicación del expediente * del índice del Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, turnado con motivo de la excepción de incompetencia planteada por la peticionaria y, como consecuencia, el emplazamiento efectuado por edictos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por *, contra actos del Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, se concreta la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. A efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y otro de carácter procesal o adjetivo, la doctrina jurisprudencial ha venido clarificando con el paso de las épocas, sin asignarles un orden, que los derechos sustantivos son prerrogativas como la vida misma, a las propiedades o posesiones, la integridad personal, el patrimonio, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la libertad en sus múltiples manifestaciones, tales como la libertad personal, de conciencia, de expresión, de asociación, de tránsito; otros derechos como al honor, a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones particulares, la dignidad, la igualdad de las personas, la inviolabilidad del domicilio como prolongación a la libertad individual, o cualquier otro de los valores supremos consagrados en la Constitución Federal o también denominados "los bienes de la vida". Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes sustantivos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pueden serlo la vida, la propiedad, la posesión, la salud, el derecho a la intimidad persona, entre otros, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, puede ser en todo caso impugnada en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva o en este caso, impugnando la interlocutoria que se dicte en el incidente de liquidación de intereses promovido por la parte amparista. En ese tenor, si lo que se pretende tutelar con el dictado de la sentencia que se emita en el juicio de origen, es precisamente uno de esos valores supremos que reconoce la Constitución Federal, entonces, serán derechos adjetivos aquellos de carácter formal o intraprocesal que instrumenten todo el procedimiento con el que se aspira a la obtención de esa tutela sustantiva. Esto es, serán derechos adjetivos aquellos que encauzan el procedimiento, o con la intervención e impulso de las partes, con vista a la obtención de una sentencia favorable para alguna de ellas; de manera que, si se consigue que el fallo definitivo le favorezca, las infracciones a estas normas procesales se habrán extinguido sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues precisamente el objetivo de tutela sustantiva -la protección o reconocimiento de derecho sustantivo en sí se habría colmado con la obtención de ese fallo favorable. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes del caso, según la demanda y el juicio de amparo 93/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, que se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles: Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de Culiacán, Sinaloa, admitió la demanda promovida por *, por conducto de su apoderado legal en contra de *, de quien demandó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria y otras prestaciones; bajo el número *; oportunidad en la que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa. Por determinación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora cediendo los derechos de crédito y de litigio a favor de *. El treinta de enero de dos mil veinte, se emplazó a la demandada, aquí quejosa, en el domicilio que defiende en esta instancia constitucional. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se agregó el escrito por el que la demandada, aquí quejosa, contestó la demanda instaurada en su contra, y entre otras cuestiones, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria a fin de que fuera un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en esta ciudad quien conociera de dicha demanda; excepción que se declaró fundada mediante resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el juez Tercero Civil de Partido de León, Guanajuato, se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró bajo el número *, para finalmente ordenar notificar a las partes para que acudieran a hacer valer sus derechos. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, ante la imposibilidad para notificar a la parte demanda dicha determinación y agotados los medios establecidos para ello, el juez responsable ordenó emplazar a la aquí quejosa por medio de edictos. El dieciocho de noviembre de ese mismo año, el juez responsable agregó el escrito signado por el autorizado de la parte demandada quien solicitó se le tuviera como depositario del bien inmueble dado en garantía y afecto al presente juicio de amparo, lo que se acordó de conformidad y respecto del cual se ordenó ponerlo en posesión en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós. En diligencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo dicha diligencia y el seis de ese mismo mes y año se aprobó la misma. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés se le indicó a la quejosa que no había lugar a tenerla como depositaria tal como lo manifestó en su contestación de demanda; determinación en contra de la cual interpuso recurso de revocación. En resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió el aludido medio de impugnación, en que se determinó que no había lugar a tenerle por aceptado el cargo de depositaria, por lo que el referido acuerdo de trece de marzo pasado únicamente se modificaba para indicar que éste se fundamentaba en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 59 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en el principio de seguridad jurídica que debe seguir en todo proceso. Enterada de lo anterior, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional. La resolución destacada en el último inciso constituye el acto reclamado. Esto es, las decisiones reclamadas no inciden en sus derechos sustantivos como puede ser la vida, la propiedad, la salud o la intimidad personal, sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al seguir rigiendo la determinación de depositaria decretada anteriormente - sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Debiendo destacar, además, que la revocación que pretende combatir la quejosa no fue la que en todo caso la privó del derecho de conservar en depósito el inmueble litigioso, sino que ésta fue dictada desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; y que no constituye la materia de reclamo de acuerdo con su demanda de amparo. La anterior postura es la más acorde con el propósito que el legislador previó al redactar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, previamente trascrita, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Luego, será cuando se dicte sentencia cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de los actos reclamados, y será hasta entonces cuando la quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener resolución favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. De ese modo, y aunque no constituye un presupuesto para la causa de inviabilidad que se invoca, es oportuno recalcar que el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia que se llegue a dictar, si es que ésta es desfavorable a los intereses del peticionario, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Además, cabe aclarar que la quejosa no es tercera extraña al juicio, pues precisamente es parte procesal en el expediente de origen; y, de acuerdo con lo por ella narrado en el expediente de origen aún no se dicta sentencia definitiva, por lo que aún está en posibilidad de acudir a éste a defender sus derechos. Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1 de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Cobra aplicación la tesis I.2o.C.1 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del siguiente tenor: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por tanto, al materializarse el supuesto en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite el juicio original 691/2022 y el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 515/2022 interpuesto en contra de la sentencia, el que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por la Jueza Decimoprimero de Distrito en el Estado, relativa al juicio de amparo indirecto 691/2022. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Arturo Reyes Pérez, en contra del acto reclamado al Secretario de Economía, consistente en la inconstitucionalidad del punto 3.1.1., Capitulo 3.1, Título 3, denominado "Programas e Instrumentos de Fomento, así como del diverso Transitorio Primero, fracción lll, del Acuerdo por el cual la Secretaría de Economía emitió las Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el considerado quinto de la presente "." Se instruye a la secretaria que da fe del presente acuerdo, para que dentro del día hábil siguiente a su publicación, acuse recibo a la Superioridad vía interconexión. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción l, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental es susceptible de DESTRUCCIÓN...
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