Alicia Hernández Serrano

Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
154/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
08/12/2023

Partes del expediente

  • Alicia Hernández Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el dos de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido, y toda vez que obra por separado un legajo de pruebas consistente en el original del juicio de nulidad 2940/19-17-11-9, del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; devuélvase por conducto de Actuario adscrito el legajo de mérito a la citada autoridad, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector; por lo que, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ". a) Deje insubsistente la resolución reclamada de seis de noviembre de dos mil veinte; y, b) En su lugar, emita una nueva en la que, siguiendo las consideraciones sustentadas en la presente ejecutoria atienda los argumentos de la actora (hoy quejosa) expuestos en la queja por defecto, relativos a que la autoridad demandada desconoció los ajustes de pensión ya otorgados con antelación, sobre todo respecto del periodo comprendido del 01/04/1996 (uno de abril de mil novecientos noventa y seis) al 31/12/1999 (treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve); pues de resultar incrementos en mayor beneficio la cuota diaria de pensión previamente pagados a los que se determinaron por la demandada en cumplimiento de la sentencia de nulidad, ello repercutiría en la determinación de los incrementos subsecuentes. Además, la sala responsable, deberá reiterar las razones por las que declaró parcialmente fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo, consisten en: - Dejar insubsistente la resolución reclamada de seis de noviembre de dos mil veinte; dictada en el juicio de nulidad 2940/19-17-11-9. - Emitir una nueva en la que, siguiendo las consideraciones sustentadas por el Tribunal de alzada, atienda los argumentos de la quejosa, expuestos en la queja por defecto, relativos a que la autoridad demandada desconoció los ajustes de pensión ya otorgados con antelación, respecto del periodo comprendido del 01/04/1996 (uno de abril de mil novecientos noventa y seis) al 31/12/1999 (treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; y reiterar las razones por las que declaró parcialmente fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Para mejor resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, resulta oportuno imponerse de algunas de las consideraciones medulares, por las cuales se decretó la inconstitucionalidad del acto reclamado, las cuales son las siguientes: ". tal como se desprende de la relación de antecedentes realizada en líneas que preceden, específicamente en el numeral 2, en la sentencia de nulidad dictada el trece de agosto de dos mil diecinueve, se reconoció el derecho subjetivo de la actora, tomando en cuenta la regla procesal contemplada por el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que en ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, por lo que el nuevo acto que la autoridad demandada emita en cumplimiento a la sentencia, no implica que de forma unilateral se encuentre facultada para disminuir el incremento otorgado, por los años o periodos que se deban determinar. Lo anterior, en el entendido de que, si los incrementos que ya realizó la enjuiciada eran superiores, a los que debió efectuar, debía reiterarlos al no estar la autoridad facultada para revocar por sí y ante sí las resoluciones favorables a un particular. Al contraponer los efectos impresos en la sentencia de nulidad, en relación con respetar los incrementos que fueron otorgados en mayor beneficio de la pensionada, relacionada en el arábigo 5 de la relación de antecedentes, se desprende que, tal como lo alega la recurrente se están modificando los efectos decretados en el fallo de nulidad, pues del oficio SP/3310/2020, se desprende tanto la tabla de los incrementos que debió haber pegado el Instituto demandado (Tabla II) y los relativos a los incrementos que ha pagado la propia enjuiciada (Tabla III) (.) De la anterior reproducción, tal como lo aduce la parte quejosa, se desprende que al atender únicamente la autoridad demanda al periodo de dos mil a dos mil veinte, se desconocieron diversos incrementos de mayor beneficio que pudieron existir dentro del diverso periodo de mil novecientos noventa y ocho a dos mil; por ende se deja en estado de indefensión a la quejosa, en el sentido de que no se analizaron en su totalidad los argumentos expuestos en la queja por defecto, a través de los cuales señaló, que de acuerdo con la "Tabla III. Lo que el ISSSTE ha pagado", se advertía en diversos periodos (01/04/1996 a 31/12/1999), una cuota diaria de pensión en mayor beneficio a las señaladas por el instituto demandado en la "Tabla II. Lo que el ISSSTE debió haber pagado"; no obstante, en la primera tabla III referida, no se haya señalado el porcentaje de incremento, como se hizo en la segunda tabla II. En ese sentido, si se advierten incrementos mayores que señala haber pagado el instituto demandado, a los que señala que debieron pagarse, y con base en los cuales realizó los pagos por las diferencias; luego resulta patente, que la sala responsable en la resolución de queja por defecto, debió haber atendido los argumentos que advertían que dicha situación, en específico en el que se manifestó que el periodo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se aplico el 0% (cero por ciento) de ajuste pensionario, no obstante en ese periodo ya se había otorgado un incremento de 56.39% (cincuenta y seis punto treinta y nueve por ciento); y, lo mismo acontecía respecto del periodo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en donde la enjuiciada aplicó un porcentaje de 0% (cero por ciento), mientras que en ese periodo ya se había incrementado la pensión en un 14.07% (catorce punto siete por ciento)." De lo anterior se obtiene que, los vicios de legalidad advertidos en la sentencia de amparo, consistieron en que, al emitir la resolución de seis de noviembre de dos mil veinte; en el juicio de nulidad 2940/19-17-11-9, la Décimo Primera Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no analizó la totalidad de los argumentos expuestos en la queja por defecto, pues debió atender las manifestaciones, en el sentido de que se la autoridad demandada debió aplicar los incrementos porcentuales conforme a los sueldos básicos de los trabajadores en activo que no fueron aplicados; pero sin desconocer los incrementos ya aplicados en mayor beneficio, que ya habían sido otorgados. Corolario de lo anterior, se obtiene que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable debería dejar insubsistente la resolución de queja por defecto de seis de noviembre de dos mil veinte y emitir una nueva en la que atendiera los argumentos de la quejosa, expuestos en la queja por defecto, relativos a que la autoridad demandada desconoció los ajustes de pensión ya otorgados con antelación, respecto del periodo comprendido del 01/04/1996 (uno de abril de mil novecientos noventa y seis) al 31/12/1999 (treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; y reiterar las razones por las que declaró parcialmente fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Al respecto, mediante oficio recibido el diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la resolución de seis de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad 2940/19-17-11-9, por los Magistrados Integrantes de la referida Sala, en la que dejó insubsistente la sentencia seis de noviembre de dos mil veinte, y analizó los manifestaciones de la parte actora (aquí quejosa), declarando fundado el argumento respecto a que la autoridad demandada dejó de tomar en cuenta los porcentajes de incremento previamente aplicados a la cuota de pensión de la quejosa, que le generan mayor beneficio. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa y a la tercero interesada, en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En este orden de ideas, este órgano judicial determina que han sido colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable hayan incurrido en exceso o defecto, por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa; y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 19/04/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

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