Alicia Hernández Márquez
Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alicia Hernández Márquez
Actuaciones
- Principal
V.-C.A. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el expediente 658/2023, e informa que no insiste en declinar la competencia. Atento a lo anterior, vista la certificación de cuenta se advierte que en este cuaderno no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por tanto, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.
- Principal
V... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 925/2023-V, el cual es del tenor: Proveído 26/julio/2023.- "... Se tiene por recibido el oficio signado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite el expediente 658/2023 de su estadística, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alicia Hernández Márquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, en virtud que declaró carecer de competencia legal para conocer de ella; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 925/2023-V. CONSIDERACIONES PREVIAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA. Antes de entrar al análisis de la competencia declinada, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. En este sentido, en lo que atañe al caso a estudio, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. (.)" De la interpretación del numeral citado en primer término, se concluye que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere, el Juez más cercano del propio circuito y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado aun cuando resida en otro circuito. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA DECLINADA A LA LUZ DE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS POR LA AUTORIDAD OFICIANTE. En principio, se precisa que los actos que reclama la quejosa, se hacen consistir en: ? La orden de aprehensión girada en contra de la hoy quejosa, derivada de la carpeta de investigación número CIFICUH/CUH-8/UI-1 S/D/01353/12-2020, así como su ejecución. Ahora, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 658/2023, de su índice, esencialmente bajo los siguientes argumentos: Que de la demanda de amparo se advierte, que el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa en la averiguación previa CIFICUH/CUH- 8/UI-1 S/D/01353/12-2020, y su ejecución. Que la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó, que el tres de julio del año en curso se presentaron en su domicilio ubicado calle Valle de Obi, número 81, colonia Valle de Aragón, Tercera Sección, Código Postal 55280, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para cumplimentar la orden privativa de libertad en su contra. Que conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues esta se surte en favor de este órgano jurisdiccional, ya que el acto reclamado tendrá o tiene ejecución en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que es el lugar donde tiene su domicilio la quejosa. LA SUSCRITA NO COMPARTE EL CRITERIO DE LA AUTORIDAD DECLINANTE. En este contexto, para fundamentar porque este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, se estima necesario analizar el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto antes descrito, se establece que en cualquiera de las hipótesis que contempla el numeral citado para que el Juzgado de Distrito pueda conocer del asunto, se debe tener certeza del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto o norma reclamada, o bien del lugar en el que ha comenzado a ejecutarse y el lugar en donde sigue ejecutando, en caso contrario, el juzgado de Distrito no debe emitir una resolución de incompetencia, pues ello quebrantaría las reglas establecidas en la Ley de Amparo. En el caso concreto, el juzgado oficiante señala en esencia que dada la naturaleza del acto reclamado sus efectos se trasladan directamente al domicilio de la quejosa Alicia Hernández Márquez, es decir, en calle Valle de Obi, número 81, colonia Valle de Aragón, Tercera Sección, Código Postal 55280, Municipio de Ecatepec de Morelos; no obstante, el suscrito estima que el Juzgado declinante es quien debe conocer de la demanda en atención al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en primer término es preciso señalar que los actos que reclama las quejosa (privativos), son de aquellos que requieren ejecución material. Ahora, a fin de determinar el lugar en el que tendrán ejecución los actos reclamados, es preciso señalar lo siguiente: De la demanda de amparo se aprecia que la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión y su ejecución, que reclaman a los Jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio adscritos a las Unidades de Gestión número Uno; Dos; Tres; Cuatro; Cinco; Seis; Siete; Ocho; Nueve; Diez; Once y Doce, del Tribunal Superior de Justicia (en su calidad de ordenadores), así como a diversas autoridades Fiscal de Investigación estratégica del Delito de Homicidio; del Delito de Feminicidio y Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación 5 sin Detenido, de la Agencia 74 del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, (en su carácter de ejecutoras); todas adscritas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; de donde se deduce que aun cuando la solicitante del amparo refiere que elementos de la Policía, se presentaron en su domicilio, en calle Valle de Obi, número 81, colonia Valle de Aragón, Tercera Sección, Código Postal 55280, Municipio de Ecatepec de Morelos, en el domicilio en que tiene jurisdicción este Juzgado, a efecto de cumplimentar la orden de reclamada, lo cierto es que puede ser cumplimentada en cualquier parte del territorio del Estado de México o Ciudad de México, ya que fue encomendada a autoridades cuya competencia comprenden a la Ciudad de México; esto es, pueden tener ejecución en más de un distrito judicial. Ello en la inteligencia que del propio dicho de los quejosos en el capítulo de antecedentes de la demanda, señalaron que los elementos que acudieron a ejecutar la orden de aprehensión venían de la Ciudad de México; de ahí que dichos elementos aprehensores pueden cumplimentar la orden reclamada en cualquier parte del territorio del Estado de México, o diversa incluyendo la Ciudad de México. Además, al margen del domicilio expuesto por la quejosa, por el momento no se tiene certeza del lugar en el que se ejecutará el acto privativo de libertad; por ende, es posible sostener que puede ejecutarse en la circunscripción territorial del Juzgado declinante, aunado al hecho que deberá descartar que los actos reclamados no se van a ejecutar en el lugar en que ejerce competencia, lo cual será hasta que se soliciten los informes justificados y se desahogue la audiencia respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2021325, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias (s): Común, Penal, Tesis: I.10o.P.34 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2547, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO POR NO HABERSE DESAHOGADO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SE HAN IMPUGNADO LOS INFORMES JUSTIFICADOS Y, POR TANTO, NO HA DESAPARECIDO LA POSIBILIDAD DE QUE SE EJECUTE EN MÁS DE UN DISTRITO. EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTE LA DEMANDA. Del precepto y párrafo indicados se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. De esta manera, si se trata de la orden de aprehensión, y en los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y, acorde al momento procesal del juicio, aún no se ha desahogado la audiencia constitucional en la que pudieran impugnarse los informes y, así, desvirtuarse esa negativa, es inconcuso que no ha desaparecido la posibilidad de ejecución en más de un Distrito y, por tanto, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante quien se hubiere presentado la demanda. Por tanto, para que desaparezca la posibilidad de que la orden privativa de libertad pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, se requiere no solo que al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras nieguen los actos reclamados sino también que el quejoso no logre desvirtuar esa negativa en la audiencia constitucional. Sustenta lo anterior, con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2016596, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias (s): Común, Penal, Tesis: PC.I.P. J/39 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, Tipo: Jurisprudencia, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Por ello, el señalamiento de la peticionaria del amparo bajo protesta de decir verdad, que en el domicilio ubicado en calle Valle de Obi, número 81, colonia Valle de Aragón, Tercera Sección, Código Postal 55280, Municipio de Ecatepec de Morelos, se presentaron Policías con la finalidad de ejecutar el mandato de captura que constituye un dato que, atento al estadio procesal en que se encuentra el juicio de amparo, permite advertir la posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en más de un distrito judicial. En tanto que, no se ha eliminado tal posibilidad mediante la celebración de la audiencia constitucional en la que los quejosos tengan la oportunidad de desvirtuar la negativa de las autoridades ejecutoras con residencia en la Ciudad de México. No se inadvierte la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª), de la Primera Sala del Alto Tribunal de título y subtitulo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Sin embargo, dicho criterio no es aplicable, porque interpreta la primera regla contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que coincide medularmente con la primera hipótesis del numeral 37 de la Ley vigente, pero en el caso se estima aplicable la segunda regla (ejecución en más de un distrito). Asimismo, en dicho criterio jurisprudencial la Sala reiteró que el sólo domicilio señalado por la parte quejosa es insuficiente para fincar la competencia. Consecuentemente, se estima respetuosamente que el juzgado federal declinante, por conducto del Secretario Encargado del Despacho, deberá esperar a que cuente con mayores datos, durante la integración del juicio, con el fin de que se obtenga sin lugar a dudas que las señaladas como autoridades ejecutoras no materializarán el acto en el lugar de su residencia, o que se obtenga un dato fehaciente de que la ejecución, únicamente deberá tener lugar en la circunscripción de este Juzgado Decimoprimero de Distrito o uno diverso. Sirve de apoyo la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2014770, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias (s): Común, Tesis: I.5o.P.16 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1001, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE TERRITORIO. EN TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE LUGARES O ÁMBITOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la abrogada ley, contiene una novísima hipótesis en torno al lugar de ejecución ("Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.") que al igual que la hipótesis del párrafo primero del citado numeral, el lugar o ámbito espacial de ejecución sigue siendo la pauta para la determinación de la competencia por razón de territorio. Sin embargo, la diferencia entre ambos párrafos estriba en que mientras el primero presupone que la ejecución se materializa en un solo lugar o en una sola jurisdicción; el segundo contempla la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, que por la naturaleza de tracto sucesivo del acto, éste tuviere sucesiva realización en dos o más lugares o distritos. Así, en ese párrafo segundo el legislador creó una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del Juez de Distrito ante el que materialmente se presente la demanda de amparo." Aunado a ello, debe destacarse que en similares consideraciones sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 28/2021, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Así como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2022, suscitado entre el citado Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. De igual forma, el conflicto competencial 7/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que resolvió la controversia entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez y el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Estado de México. También, el conflicto competencial 5/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió la controversia entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito - no acepta la competencia planteada- para conocer de la demanda de amparo promovida por Alicia Hernández Márquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. DOMICILIO DEL QUEJOSO En virtud de que el domicilio que señala en la demanda para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en la dirección indicada por la quejosa y le notifique personalmente esta determinación; asimismo, le requiera para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad; en caso de ser necesario, practíquese la diligencia en dicho domicilio conforme lo establece el numeral 21, último párrafo, de la referida ley. Por otra parte se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Pinacho Corona, en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, por lo que hace a la otra persona que señala en su escrito, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 24 del propio ordenamiento legal, es decir, para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal, por así haberlo solicitado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa. Finalmente, para el caso de que las autoridades a quienes van dirigidos los oficios que derivan del presente acuerdo se encuentren en periodo vacacional, quedan a disposición del Actuario adscrito para que una vez que aquéllas reanuden labores sean entregados ..." Lo anterior en atención al aviso de fecha treinta de julio de dos mil veintitrés.
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V... Se tiene por recibido el oficio signado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite el expediente 658/2023 de su estadística, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, en virtud que declaró carecer de competencia legal para conocer de ella; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 925/2023-V. Antes de entrar al análisis de la competencia declinada, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo....
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