Alicia Hernández Hernández
Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/02/2019
Partes del expediente
- Alicia Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. I. Informe justificado Agréguense a los autos el oficio y anexo signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; así como por el Jefe del área de actuaría adscrito, mediante el cual rinden su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo el informe indicado . II. Designación de delegados Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia en vigor, se tienen como delegados a las personas relacionas en el comunicado de mérito. III. Pruebas Por otra parte, se tiene por ofrecida la prueba documental por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en copia certificada del auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y la constancia de notificación de ese proveído, relativas al expediente D-385/2015, de su índice. IV. Sobreseimiento Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito, la omisión de dictar el acuerdo de admisión con motivo de la demanda presentada el treinta de abril de dos mil quince, relativa al expediente laboral D-385/2015, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y, como consecuencia, la notificación de ese acuerdo. Al respecto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente. ... Dicho lo anterior, es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, pues se reclama la omisión de dictar el acuerdo de admisión con motivo de la demanda presentada el treinta de abril de dos mil quince, relativa al expediente laboral D-385/2015, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y, como consecuencia, la notificación de ese acuerdo. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho-, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la admisión de la demanda laboral y su notificación, presentada el treinta de abril de dos mil quince, siendo que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre ésta; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en donde el Tribunal responsable requirió a la parte actora para que precisara el nombre y domicilio de los demandados que señaló como responsables de la relación laboral. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la parte quejosa; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión de dictar el acuerdo de admisión con motivo de la demanda presentada el treinta de abril de dos mil quince, relativa al expediente laboral D-385/2015, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y, como consecuencia, la notificación de ese acuerdo. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes, influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la notificación de ese acuerdo- y la situación jurídica que se originó en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de señalar domicilio de la parte demandada para poder emplazarlos, auto que fue notificado en esa misma fecha. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de treinta de abril de dos mil quince mediante el cual la parte quejosa promovió demanda laboral, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla no acordó lo conducente respecto de la admisión de la demanda en el juicio laboral burocrático y la notificación de ese proveído, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. ... IV. Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Admisión de la demanda de amparo Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa ya desahogó el requerimiento efectuado mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, en atención a la demanda y al escrito aclaratorio registrado con número de folio 9, se advierten los siguientes datos: A. Parte quejosa: *** B. Tercero interesado: No existe C. Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito. C. Acto reclamado: La omisión de dictar el acuerdo de admisión con motivo de la demanda presentada el treinta de abril de dos mil quince, relativa al expediente laboral D-385/2015, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y, como consecuencia, la notificación de ese acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. II. Informe justificado Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. III. Se solicitan constancias Se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias legibles, completas y ordenadas del expediente. IV. Apercibimiento Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. V. Información sobre causas de improcedencia Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. VI. Información sobre otros juicios de amparo Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir sus informes con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente y acompañe las constancias respectivas. VII. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve. VIII. Incidente de suspensión No se tramita el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que los actos reclamados no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. IX. Intervención del Ministerio Público Adscrito Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. X. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. XI. Autorizados Se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, los cuales tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XII. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. XIII. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los actuarios judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. XIV. Digitalización Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. XV. Transparencia Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. XVI. Información reservada En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". XVII. Documentación confidencial Por otro lado, se informa a las autoridades responsables que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. XVIII. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. XIX. Existencia de las autoridades responsables con la denominación indicada En caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que se indica en la demanda no exista, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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