Alicia Hernández Dorado por conducto de su apoderado

Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
103/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Alicia Hernández Dorado por conducto de su apoderado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio 9694/2020, que contiene el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por el que se le devolvieron las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en el duplicado del expediente laboral número 01568/2018/JE1-1 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente. ...

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya certificado el término a las autoridades responsables y al tercero interesado para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, las constancias consistentes en el duplicado del expediente laboral número 01568/2018/JE1-1 de su índice; solicitándole el acuse respectivo. Por otra parte, una vez que se encuentre integrado este expediente, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte, que transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado *** mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otro lado, téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual la actuaria de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente a dicho tercero interesado, el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, por las razones que ahí expone. En consecuencia, y como está ordenado en párrafos precedentes, hágase a la citada parte la notificación del auto en comento, por lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por el cual remite copia autógrafa del laudo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral 01568/2018/JE1-1; documental que se tiene desahogada por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de proveer lo relativo al dictado del laudo, en los autos del expediente laboral 01568/2018/JE1-1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, se observa que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el uno de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, a través de su presidente, rindió su informe justificado, manifestando la certeza del acto reclamado y remitió en su apoyo el duplicado del expediente laboral 01568/2018/JE1-1 de su índice, con el que se formó el anexo uno de pruebas. Por otra parte, del anexo recibido en el oficio de cuenta, se desprende que el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, los integrantes de la Junta responsable emitieron el laudo correspondiente dentro de los autos del procedimiento laboral de origen. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto al dictado del laudo en el expediente laboral 01568/2018/JE1-1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las DIECISÉIS HORAS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, por el cual remite copia autógrafa del laudo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral 01568/2018/JE1-1; documental que se tiene desahogada por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de proveer lo relativo al dictado del laudo, en los autos del expediente laboral 01568/2018/JE1-1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, se observa que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado y acompañara las constancias correspondientes. Igualmente, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el uno de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, a través de su presidente, rindió su informe justificado, manifestando la certeza del acto reclamado y remitió en su apoyo el duplicado del expediente laboral 01568/2018/JE1-1 de su índice, con el que se formó el anexo uno de pruebas. Por otra parte, del anexo recibido en el oficio de cuenta, se desprende que el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, los integrantes de la Junta responsable emitieron el laudo correspondiente dentro de los autos del procedimiento laboral de origen. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proveer lo conducente respecto al dictado del laudo en el expediente laboral 01568/2018/JE1-1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las DIECISÉIS HORAS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente.

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