Alicia Hernández Castro
Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Alicia Hernández Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1005/2022; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El veintiséis de julio de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. El veintisiete de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintinueve de julio de dos mil veintidós (foja 22) IV Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se hace consistir en: a La omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral ****** III Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, anexando copia certificada del acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós (foja 28), en el que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para el dictado dellaudo, a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV Sobreseimiento Se analiza la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal de examen oficioso, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta de aplicación la jurisprudencia 940 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Materia Común, página 1538, del rubro: "IMPROCEDENCIA" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: . XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 6 El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" Lo anterior, porque el presente juicio de amparo es promovido por ******y *****y la demanda únicamente fue firmada electrónicamente por ****** personas que se ostentaron como apoderados de la directa quejosa ***** actora en el juicio laboral de origen ******* sin acreditar que cuenta con la citada representación. En efecto, ******* acudió a esta instancia constitucional, ostentándose como apoderado de ******* sin embargo, del análisis que se hace de las constancias que conforman el expediente laboral ****** se desprende que mediante auto de trece de julio del año en curso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, lo tuvo como autorizado únicamente para oir y recibir notificaciones. Esto es así pues ****** no reúne las formalidades que contempla la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a efecto de que se considere apoderado de la directa quejosa, pues la autoridad responsable, en el juicio de origen, sólo lo tuvo con el carácter de autorizado para oír y recibir notificaciones, con lo cual, resulta evidente que no cuenta con las facultades para ser apoderado legal de la directa quejosa. Así las cosas, toda vez que en autos no obra constancia que acredite a ******* como apoderado de ***** se concluye que éste carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Por lo que, el promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum constituye un presupuesto procesal, el cual puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. Así, la legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. En apoyo de las anteriores consideraciones se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado a fojas 350, Tomo XI, mayo de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación el Juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos Civiles) La legitimación en la causa, en cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes" Luego entonces, al no tener reconocida la representación de la directa quejosa en el juicio laboral ***** del que deriva la omisión reclamada, es contundente que ****** carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de ***** Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, visible en la página 115, que dice lo siguiente: "APODERADOS QUE NO ESTAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso designó a varias personas como sus apoderados jurídicos dentro del juicio del que emana el acto reclamado y la autoridad responsable sólo a una de ellas le reconoció tal carácter, el amparo interpuesto por cualquiera de los restantes, ostentándose como mandatario de aquél, es improcedente, en términos de los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, último párrafo, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que no se promovió por parte legítima. Así como la Tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la foja 393, Registro 218979, Tomo X, Julio de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro, siguiente: PERSONALIDAD SI NO CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR EN EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE, EL APODERADO CARECE DE. Al no consignarse en el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio, otorgado al apoderado de una persona moral quejosa, la parte relativa del instrumento en que se designa al administrador de la sociedad, con ese carácter, ni haber exhibido el promovente en el juicio de garantías el testimonio notarial, resulta que la sola afirmación del fedatario público, ante quien se otorgó el poder, no basta para tener por comprobado que el administrador de la quejosa contaba con facultades para otorgarle la calidad de apoderado de la misma y, por lo tanto, legitimado para promover el juicio de amparo" De ahí que, **** al no haber demostrado en forma alguna estar legitimado para promover el amparo en nombre de ***** se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal, y por ende, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento en la presente controversia constitucional. No es óbice para llegar a la anterior determinación, el hecho de que en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, no se haya requerido a **** a efecto de que ratificara el escrito inicial de demanda, en virtud de que la misma se encontraba firmada electrónicamente por ***** y para dar trámite al presente sumario, es suficiente con la firma electrónica de uno de los que se ostentan como apoderados para dar cumplimiento con el requisito establecido por el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que de igual forma, se le tuvo como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, por lo que se encuentra en el mismo supuesto que ***** Aunado a lo anterior, se le concedió a las partes, el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de amparo, a efecto de que pudieran alegar respecto al informe justificado rendido por la responsable y constancias remitidas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO.SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****quien se ostentó como apoderado de ******respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, dada los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: PCP
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Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretaria adjunta. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que ofrece, mismas que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, las autoridades responsables manifiestan que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, se toma conocimiento de lo informado por la responsable en el sentido de que no le ha reconocido personalidad a los promoventes del amparo **** y *****, dentro del juicio laboral ****, en virtud de que solo se les autorizó para oír y recibir notificaciones, lo cual podrá ser tomado en cuenta en el momento procesal oportuno. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a las responsables el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.
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