Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta
Expediente 980/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
En tres de marzo de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.- VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 980/2020-5 promovido por Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, así como las documentales en copia certificada, consistentes en: Estado de cuenta con número 0256033555 a nombre de Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta, emitido por la Institución de Banco Banorte de la sucursal 3700 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del periodo del uno al treinta de septiembre de dos mil veinte, con la que se acredita la existencia de la cuenta bancaria de nómina. Actas de nacimiento de los menores C.H.G, L.A.H.G., y R.H.G. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 980/2020-5, promovido por Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta, por su propio derecho, contra el acto del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 5, 8, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil veinte (fojas a 40), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete del mismo mes, Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La orden verbal o escrita girada por el banco Banorte, sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco, para que se embargara la cuenta número 0256033555, a nombre de Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad ejecutora. 2 Gerente de Atención a Autoridades A, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 3 Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4 Departamento jurídico del banco Banorte de la sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco, autoridad ejecutora. 5 Gerente del banco Banorte de la sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco, autoridad ejecutora. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte (fojas 49 a 54), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 980/2020-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. PREVENCIÓN DE ACLARACIÓN DE DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte (foja 124), se ordenó agregar a los autos la devolución de las piezas postales, relativas a los oficios 20358/2020, 20359/2020, 20360/2020 y 20361/2020, dirigidos los dos primeros al 1) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; los restantes al 2) Gerente de Atención a autoridades A de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 3) Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos residentes en la Ciudad de México; respectivamente, las cuales fueron devueltas por el servicio de mensajería estafeta, con la leyenda "están mal dirigidos". Asimismo, se dio vista con lo anterior a la impetrante por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de ese proveído, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al domicilio o denominación de las aludidas autoridades, a efecto de que pudieran ser llamadas al presente juicio, se desistiera de dicho señalamiento o acreditara la existencia de las mismas, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo señalado, se dejarían de tener como tal y se tendrían sus actos como inexistentes. Acuerdo que fue notificado a la quejosa de manera personal, según razón actuarial de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 126). CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mi veintiuno (foja 128 a 129), se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. SEXTO. AUTORIDADES INEXISTENTES. En auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno (fojas 133 a 134), se hizo efectivo a la quejosa el apercibimiento precitado, en virtud de no haber hecho las aludidas aclaraciones, por lo que se tuvo como autoridades inexistentes al 1) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 2) Gerente de Atención a autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 3) Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos residentes en la Ciudad de México; suspendiéndose toda comunicación con las mismas. SÉPTIMO. VISTA PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE. En el proveído precitado, también se hizo constar que del informe justificado rendido por el Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, pIntegrante del Grupo Financiero Banorte, a través de su apoderada legal, autoridad señalada como responsable, se desprende la existencia del expediente de providencias precautorias 197/2020-IV-8, promovido por dicha institución bancaria, en contra de la aquí impetrante de amparo, tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa. razón de lo anterior, se dio vista a la quejosa por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de ese proveído, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación a la existencia de dicha autoridad responsable, a efecto de que pudiera ser llamada al presente juicio con el carácter de autoridad responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, el presente asunto continuaría con las autoridades inicialmente señaladas como responsables. Acuerdo que fue notificado a la quejosa de manera electrónica, según razón actuarial de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 136), por lo que el término concedido para los efectos precitados transcurrió del veintiocho del aludido mes, al dos de febrero del mismo año, sin que la impetrante realizara manifestación alguna, por lo que en auto de ocho de febrero del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento en cuestión y se determinó seguir el presente juicio con las autoridades inicialmente señaladas como responsables. CONSIDERANDO PRMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden verbal o escrita girada por el banco Banorte, sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco, para que se embargara la cuenta número 0256033555, a nombre de Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Departamento Jurídico y Gerente del Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Integrante del Grupo Financiero Banorte (sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco), por haberlo reconocido la apoderada legal de dicha persona moral en el informe justificado (fojas 79 a 80). Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, el suscrito considera que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, en términos de los artículos 61 fracción XXIII y 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales, en su orden, instituyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. El primero de los ordinales transcritos prevé que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley de la materia. En tanto que el segundo establece los requisitos que debe contener la demanda de amaro indirecto, entre ello, el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables, mismo que se considera no fue satisfecho por la impetrante. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se obtiene que la quejosa esencialmente reclama la orden verbal o escrita girada por el banco Banorte, sucursal 3700, de Villahermosa, Tabasco, para que se embargara la cuenta número 0256033555, a nombre de Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta. No obstante, al rendir informe justificado Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Integrante del Grupo Financiero Banorte, sostuvo que: la orden de bloqueo deriva del oficio emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficio 214-1-4782023/2020 de fecha 27 de octubre del dos mil veinte, del cual remitió el oficio 584/2020-IV-8 y 705/2020-IV-8, derivado y emitido. del expediente providencias precautorias 197/2020-IV-8 del índice del JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL y del cual solicitaban el aseguramiento de cuentas a nombre de GENCO OLL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CON RFC GOl130322SE8 ASI COMO DE ALICA GUADALUPE TORRES ACOSTA. CON RFC GOTA790623LD1, hasta por el importe de $1,823,314.90pes (un millón ochocientos veintitrés mil trecientos catorce pesos 90/00 M.N), por lo cual mi representada procedió al aseguramiento para solo depósitos, toda vez que al momento de la diligencia la cuenta, no presentaba el monto suficiente a lo ordenado asimismo se procedió dado a que la aquí quejosa es parte demandada dentro del juicio antes citado, asimismo se informa a su señoría que a la fecha no se ha remitido importe alguno a la autoridad extractora. En razón de lo anterior, mediante proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surtiera efectos la notificación del mismo, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación a la existencia de dicha autoridad responsable, a efecto de que pudiera ser llamada al presente juicio con el carácter de autoridad responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, el presente asunto continuaría con las autoridades inicialmente señaladas como responsables. Acuerdo que fue notificado a la quejosa de manera electrónica, según razón actuarial de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (foja 136), por lo que el término concedido para los efectos precitados transcurrió del veintiocho del aludido mes, al dos de febrero del mismo año, sin que la impetrante realizara manifestación alguna, por lo que en auto de ocho de febrero del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento en cuestión y se determinó seguir el presente juicio con las autoridades inicialmente señaladas como responsables. De lo anteriormente relatado, se desprende que la quejosa fue omisa en señalar como autoridad responsable al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, que en el caso le correspondería el carácter de autoridad ordenadora, no obstante que fue requerida para ese efecto. Por lo que, se considera incumplido el requisito previsto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo y, por tanto, deviene improcedente la acción constitucional en cuestión, en términos del numeral 61 fracción XXIII del aludido ordenamiento jurídico. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis 2a. CLXIV/98, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, Materia(s): Común, página 113, con número de registro 194684, del siguiente rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA., publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alicia Guadalupe Gómez Torres Acosta, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el considerando TERCERO, por las razones expuestas en el diverso CUARTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; como de la certificación que antecede se advierte que en proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés conviniera respecto del llamamiento a juicio de la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, sin que haya realizado pronunciamiento alguno respecto de dicha autoridad, término que transcurrió del veintiocho de enero al dos de febrero del presente año; en virtud de que la notificación le fue realizada de manera electrónica el veintiséis de enero del año actual. En esa razón, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo a que se alude; por lo que, el trámite del presente asunto se sigue con las autoridades que inicialmente señaló en su escrito de demanda. Notifíquese.
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