Alicia Gonzalez Vicente
Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alicia Gonzalez Vicente
- Didier Arellanes Morales
- Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para hacer las manifestaciones que estimaran convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. El quejoso solicitó el amparo contra actos de la autoridad responsable y actos reclamados que a continuación se detallan: ? La resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el Toca Penal VII-204/2019, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que modifica el auto seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal 107/2015-I-8, por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, únicamente por lo que hace a la cantidad establecida para garantizar las obligaciones 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO procesales a su cargo, por el delito de daños imprudenciales, previsto por el artículo 247 fracción IV y sancionado por el artículo 251 fracción II, del Código Penal vigente, en agravio de Rosángel Castillo González y María del Pilar Pérez Hernández. Mediante sentencia autorizada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se amparo el presente juicio de amparo, para los siguientes efectos: "[.]: ? Siguiendo los lineamientos precisados en párrafos que anteceden, dicte una nueva resolución en la que, dejando intocados los demás aspectos de la sentencia reclamada, deberá eliminar el concepto de multa que se pudiera imponer al quejoso de referencia, en caso de resultar penalmente responsable del ilícito que se le instruye en la causa penal de origen." Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, la cual por ejecutoria dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del amparo en revisión penal 119/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, dictó los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Jesús Alcalá Patiño; conforme las razones y efectos expresados en el considerando noveno de la sentencia recurrida y lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria." En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio 260/2021-II de veintiséis de octubre de la presente anualidad, signados por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal VII204/2019 de su índice, del que se advierte que no se fijó cantidad alguna por el concepto de multa que se pudiera 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO WordSISE ??????????????? imponer al quejoso; documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Constancia con la cual se dio vista a las partes mediante proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgador procedería a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido o no, sin que ninguno lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por oficio 4404/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia incidental se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún no obran los informes previos de las autoridades responsables Presidenta, Sexto Visitador e Integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, residentes en la Ciudad de México, ni los acuses de recibo de los que se desprenda que dichas autoridades hayan sido notificadas de los oficios 25563/2021, 25564/2021 y 25565/2021 por medio de los cuales se les requirió. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. En el entendido de que se fija dicha data, tomando en consideración que las citadas autoridades tienen su domicilio fuera de esta jurisdicción territorial, lo que evidencia que aun cuando se fijara como fecha para la celebración de la audiencia incidental el término de cinco días que prevé el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, sería prácticamente imposible contar con los acuses de recibo que acrediten que dichas responsables quedaron notificadas de la solicitud del informe previo y menos aún, con los propios informes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por oficio 4404/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 1001/2021 que se le remitió para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se emplazara al presente juicio al tercero interesado Didier Arellanes Morales; en tal virtud, glósese a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que Alicia González Vicente, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indica: (.) En ese tenor, y tomando en consideración que en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, quien aceptó el acto reclamado, sin embargo, precisó que el veintiocho de junio del año en curso, dictó sentencia definitiva en el juicio de divorcio incausado F-165/2021-I, de su índice, como se advierte de la parte conducente del referido informe siendo del tenor siguiente: Precisado lo anterior, quien ahora resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)". Ahora, del precepto trascrito se colige que el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esa última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En ese contexto, a partir de la interpretación del artículo 73, fracción X, de la abrogada Ley de Amparo, realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 51, publicada en la página treinta y nueve, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.", la cual es acorde a la fracción XVII del referido artículo 61 de la actual Ley de Amparo, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva, las violaciones que se reprochan quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Para demostrar lo anterior, es oportuno señalar que el proveído motivo del presente juicio de amparo, emitido el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, en el que estableció que no fijó derechos alimentarios en favor de la parte demandada (aquí quejosa), por no contar con mayores elementos para establecer los mismos, acuerdo que lo conducente, es del tenor siguiente: Ahora bien, el juez responsable el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva en el juicio de divorcio incausado F-165/2021-I, del cual deriva el acto aquí reclamado, en la que en su punto resolutivo Séptimo, dejó a salvo los derechos de los divorciantes para que vía incidental, resolvieran las diferencias de los puntos de los convenios propuestos, entre ellos lo relativo a los alimentos, determinación que causó ejecutoria por auto nueve de julio del año en cita, como se desprende de las imágenes siguientes: (.) (.) (.) Así, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen al proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el juicio de origen, generada por el dictado de la sentencia definitiva el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado F-165/2021-I. En el caso en estudio, el acto reclamado consiste en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable señaló, que al no contar con mayores elementos para establecer los derechos alimentarios en favor de la parte demandada (aquí quejosa), no fijó los mismos, sin embargo, de las constancias allegadas por la ahora autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, se advierte que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva en el juicio de divorcio incausado F-165/2021-I, misma que en su Séptimo punto resolutivo, estableció dejar a salvo los derechos de los divorciantes para que vía incidental, resolvieran las diferencias de los puntos de sus convenios, entre ellos lo relativo a los alimentos, determinación que causó ejecutoria por auto nueve de julio del año en cita; constancias que al tratarse de documentos públicos se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia. Consecuentemente, debe decirse que es obvio que la situación jurídica establecida en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ha cambiado al haberse dictado sentencia definitiva el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de divorcio incausado F-165/2021-I, la cual causó ejecutoria por auto nueve de julio del año en cita. Lo expuesto pone de manifiesto las razones por las cuales se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, pues los efectos del auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, reclamado en la presente instancia constitucional cesaron con el pronunciamiento de la sentencia definitiva de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado F-165/2021- I; por ende, la posible vulneración de derechos que pudo sufrir la aquí impetrante, no obedecerá al proveído por la cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, pues los efectos de éste desaparecieron al resolverse en definitiva el juicio civil de origen. Ahora, para el caso de que este órgano de control constitucional analizara el acto reclamado y declarara fundados los conceptos de violación vertidos, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, lo que traería como consecuencia la reposición del procedimiento desde el momento en que se hubiera cometido la violación; sin embargo, el acto sobrevenido (sentencia definitiva de veintiocho de junio de dos mil veintiuno) se vería afectada por la sentencia de amparo, pues es lógica y jurídicamente inadmisible que la primera fase del procedimiento se destruya y quede en pie la nueva situación jurídica, porque la segunda fase supone la existencia y culminación de la primera, por tanto, esa sobrevenida y nueva etapa del proceso hace que se consideren irreparablemente consumadas las presuntas violaciones imputadas al proveído combatido, pues ya no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta, sin afectar al actual. Siendo que la quejosa no podría substraerse de la nueva situación indestructible y no se le podría restituir en el goce de los derechos humanos conculcados por ser en el caso imposible la reposición total del procedimiento. Orienta a lo anterior, la tesis I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época, Materias, Constitucional, Común, página 1065) En consecuencia, si la autoridad responsable emitió sentencia definitiva el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado F-165/2021-I, en la que en su punto resolutivo Séptimo, dejó a salvo los derechos de los divorciantes para que vía incidental, se resolviera las diferencias de los puntos de sus convenios, en los que se encuentran lo relativo a los alimentos, determinación que causó ejecutoria por auto nueve de julio del año en cita; resulta evidente, que cesaron los efectos de los actos combatidos en el presente juicio y en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, con fundamento en la fracción V, de su artículo 63, del aludido ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías desde este momento. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe
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