Alicia Gonzalez Hernandez

Expediente 1665/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1665/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Alicia Gonzalez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Alicia González Hernández, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1665/2016-V, promovido por Alicia González Hernández, contra actos de la Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Alicia González Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "La Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje como autoridad ordenadora, su secretario de acuerdos y Presidente adscritos como autoridades ejecutoras." ACTO RECLAMADO La omisión de requerir el cumplimiento del laudo de veintiuno de agosto de dos mil catorce. Sin que se haya tenido como autoridad responsable en el presente asunto al Secretario adscrito a la Junta responsable. SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 17 19), se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada, se solicitó de las responsables informe justificado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Previo diferimiento de la audiencia constitucional, la misma se llevó a cabo en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues el impetrante constitucional controvierte una omisión de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: la omisión de requerir el cumplimiento del laudo de veintiuno de agosto de dos mil catorce. CUARTO. Inexistencia Del Acto Reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje por sí y en representación de dicha Junta (foja 16), al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Circunstancia corroborada con las constancias que adjuntó como complemento a dicho informe, consistente en copia certificada de diversa actuaciones del expediente laboral J.29/483/2011; al cual se concede valor probatorio pleno, al haberse expedido por funcionarios públicos al ejercer sus funciones y en términos de los artículos 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de dichas actuaciones se advierte que el dieciséis de abril de dos mil quince, la parte actora solicitó ante la autoridad responsable se emitiera el auto de ejecución del laudo (foja 86), el ocho de febrero de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente y se comisionó al actuario adscrito para su cumplimiento (foja 87), diligencia que se llevó a cabo el ocho de julio de dos mil dieciséis, en el que las partes acordaron otorgarse un término de veinte días para su cumplimiento (foja 88 y 89); no obstante, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, la parte actora solicitó se requiriera a la demanda el cumplimiento del laudo decretado en el expediente laboral de origen (foja 91); promoción que fue acordada favorable y se le dijo a la actora, que se encuentra expedito su derecho para que se asociara con el actuario a afecto de dar cumplimiento al auto de ejecución (foja 82); sin que en el caso se advierta, que la parte actora aquí quejosa haya comparecido ante la autoridad responsable para efecto de dar cumplimiento al auto citado en último término. En ese orden, ante la inexistencia del acto reclamado y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos vertidas por las responsables, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe precisar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número de registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer la presente resolución, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a su receptor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Alicia González Hernández, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por si y en representación de dicha Junta, atendiendo al requerimiento realizado en auto de veintiocho de noviembre pasado (foja 18), remite copias certificadas de las constancias de las que emanan los actos por esta vía impugnados; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, teniéndose por cumplimentado el requerimiento de mérito y dejándose sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó para el caso de ser omisa. Asimismo, con fundamento en los artículos 117, cuarto párrafo y 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la oficiante las documentales que exhibe, así como las videograbaciones que remite, sin necesidad de diligencia previa, dada su propia y especial naturaleza, en el entendido de que se tiene por desahogada como instrumental de actuaciones, ya que al obrar en autos debe tomarse en consideración al momento de resolver en el presente juicio constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL.". De igual forma, apoya por igualdad de razón, la tesis XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que se encuentra por transcurrir el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable en auto de veintiocho de los cursantes, a fin de que exhiba copia certificada legible y completa de las constancias de las que emanan los actos por esta vía impugnados (foja 18). En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se complemente lo anterior, y no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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