Alicia Gómez Gutiérrez
Expediente 2052/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2052/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/02/2023
Partes del expediente
- Alicia Gómez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR JORGE ISAAC GARCÍA LÓPEZ, ACTUARIO JUDICIAL, MEDIANTE AVISO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL ACTUAL...
- Incidental
En veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el suscrito secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso c), se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, se establece que el duplicado de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Efraín Flores López, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Efraín Flores López, secretario que autoriza y da fe. fahs Número de
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 2052/2022-X, promovido por ..., por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Alejandro Barradas Morales, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de quince de noviembre de dos mil veintidós; constancias de notificación de las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que tanto la autoridad responsable, ofreció diversas documentales de su intención, las cuales adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales de mérito. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar. Se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario certifica que ninguna de las partes los vertió. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la certificación que antecede y por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 2052/2022- X, promovido por Alicia Gómez Gutiérrez, por propio derecho. A N T E C E D E N T E S. PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa refiere que vía portal electrónico el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, presentó un escrito por el cual promovió queja contra diversos funcionarios públicos del Estado de Nayarit; sin embargo, la autoridad responsable, ha sido omisa en acordar dicho escrito. Esta omisión constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Catorce de noviembre de dos mil veintidós (fojas 2 a 3). Admisión sin incidente de suspensión: Quince de noviembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 11). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Seis de octubre de dos mil veintidós (foja 15), quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Dieciocho de enero de dos mil veintitrés. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes: 2 Titular de la Secretaría de la Función Pública. a) La omisión de la responsable de acordar la promoción presentada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual la parte accionante promovió queja contra diversos funcionarios públicos del Estado de Nayarit. Autoridad responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Titular de la Secretaría de la Función Pública El citado en el inciso a) Niega 21 y 22 TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, donde 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." además expuso que el diecinueve de septiembre de dos mi veintidós, atendió la solicitud registrada con el número de folio 60607/2022/PPC/DD/PP6670, presentada vía portal electrónico por la parte quejosa, la cual hizo del conocimiento por esa misma vía (portal electrónico), anexando para tal efecto, copias certificadas de la solicitud y respuesta respectiva, así como de las constancias correspondientes para acreditar su dicho. Documentales que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,3 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. De inicio, es claro que la existencia del acto reclamado constituye un requisito sine qua non, en el planteamiento y análisis de la acción constitucional, toda vez que en lo general la autoridad ocasiona un perjuicio en detrimento de los derechos sustantivos tutelados del gobernado a través de los actos reclamados; estos "actos reclamados" consisten en un hacer o en un no hacer, los que el agraviado, atribuye a la autoridad responsable, como violatorios en su esfera jurídica de derechos. De inicio, es claro que la existencia del acto reclamado constituye un requisito sine qua non, en el planteamiento y análisis de la acción constitucional, toda vez que en lo general la autoridad ocasiona un perjuicio en detrimento de los 3 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" derechos sustantivos tutelados del gobernado a través de los actos reclamados; estos "actos reclamados" consisten en un hacer o en un no hacer, los que el agraviado, atribuye a la autoridad responsable, como violatorios en su esfera jurídica de derechos. Los actos reclamados impugnables en materia de amparo, tienen una clasificación doctrinal atendiendo a su naturaleza, a saber: Actos positivos. Consisten en un hacer de las autoridades voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Actos negativos. Implican una omisión, una abstención o un no hacer, o una negativa por parte de las autoridades. Actos negativos con efectos positivos. Se trata de los que sólo en apariencia son negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo. Actos prohibitivos. Son los que imponen al gobernado un no hacer o una abstención. En consecuencia, implican una actuación de la autoridad por la que se ordena al gobernado que se abstenga de llevar a cabo determinada conducta. Actos declarativos. Son actos por los que la autoridad evidencia o constata la existencia de una determinada situación jurídica, por lo que a través de ella no se crean, modifican o extinguen o transmiten derechos u obligaciones. Ahora bien, el análisis del fondo del asunto, sólo podría proceder cuando el acto reclamado se acreditara, puesto que por razón de técnica jurídica, dicho análisis requiere como primer paso, la existencia del acto reclamado; como segundo, que no exista causal de improcedencia alguna; y tercero, que el propio acto no sea contrario a derecho; esto es, tres requisitos previos que deben cumplirse a fin de, en lo general, poder estudiar el caso planteado ante esta Potestad Federal, siendo lógico que si no se cumple con el primer requisito, no pueden surtirse los demás. Es de resaltar, que el acto reclamado que aquí nos interesa, se encuentra en la categoría de los actos negativos, cuya existencia fue negada por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado. Además, no puede decirse que, la autoridad responsable estuviera obligada a probar la existencia de algo que negó, por lo que en ese supuesto debe estarse a la regla de que "El que afirma debe probar", pues tratándose de un acto autoritario como se planteó, de no ser admitido por su emisor, por lógica de razón no puede decirse que se esté en un caso de excepción a esa regla genérica y, por tanto, atribuirse a la autoridad, imputándole el deber de acreditar algo que de acuerdo al contenido de su informe se concluye que no existe.4 4 "Resulta aplicable al caso, la tesis con registro digital: 187728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.2o.A.4 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias En ese sentido, como se adelantó, de las constancias allegas al sumario se aprecia que en relación a la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, presentado el diecinueve de septiembre de dos mi veintidós, registrada con el número de folio 6060/2022, se advierte que no es cierto, pues el propio diecinueve de septiembre de dos mi veintidós (anexo de pruebas), se atendió la promoción de la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable tiene atribuciones para conocer e investigar conductas de los servidores públicos de la administración pública federal, sin embargo, en el escrito respectivo no se advirtió comisión de alguna falta administrativa cometida por algún servidor público adscrito a la administración federal, mismo que fue notificado vía portal electrónico en la propia fecha (anexo de pruebas). En esa tesitura, toda vez que la parte quejosa no aportó elemento de convicción eficaz con el cual desvirtuara lo manifestado por la autoridad responsable y, con el cual demostrara la existencia del acto reclamado, de ahí que, se tiene por inexistente el acto referido. 5 Máxime que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias que acompañó al mismo, respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". 5 Sobre el particular, es dable establecer que el acto reclamado fue inexistente y no hubo una cesación de efectos, dado que, previo a la presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, lo anterior de conformidad con la tesis con datos de localización: Registro digital: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II. 1o. C. T. 217 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313, de rubro y texto: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." acuerdo que fue notificado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que su interés conviniera, sin que lo haya hecho (foja 24 vuelta). En consecuencia, tomando en cuenta que no se demostró la existencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo6 , se sobresee en el juicio en relación con la autoridad y el acto precisado. CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ....., contra el acto y autoridad precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. 6 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe
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