Alicia García Valenzuela

Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Alicia García Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de diecinueve de enero del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de Secretaria General del*** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 3/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: "1) El acuerdo emitido aparentemente el día trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO y su integración, dentro del registro sindical número ***, correspondiente al *** mediante el cual aparentemente se otorga: "toma de nota a un nuevo comité directivo del Sindicato precisado con antelación". Sindicato del cual la suscrita soy Secretaria General ostentado la representación legal del mismo ya que la mesa directiva que represento fue electa por un período de seis años el cual a la fecha no ha concluido. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha no he sido notificada de resolución alguna mediante la cual se me inhabilite y/o revoque el carácter de Secretaria General" Lo anterior, pues conforme al artículo 7, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ***s" El artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. En la especie, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que comparece por propio derecho y con el carácter de Secretaria General del ***, asimismo, que se duele del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el registro sindical *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, en el que se determinó la toma de nota a un nuevo comité directivo del referido sindicato; así como su notificación. En ese orden de ideas, se indica que, desde el punto de vista competencial y legal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ejerce dos clases de funciones, las jurisdiccionales y las administrativas. 1. Las jurisdiccionales, en las que la autoridad dirime un litigio entre uno o varios trabajadores con uno o varios patrones, generalmente sobre las obligaciones, términos y condiciones en que se pactó la relación laboral. 2. Las administrativas, donde la autoridad ejerce funciones de trámite legal, limitadas a la recepción y/o registro de actos unilaterales en que no se emite resolución jurisdiccional, por ejemplo, el registro de un sindicato o la toma de nota de cambio de la directiva. Esto implica que la autoridad laboral puede confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos con lo que conste en las actas y documentos debidamente requisitados, ello para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, es decir, la finalidad de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa es determinar si se respetó el principio de legalidad en el aspecto formal (cumplir con los requisitos). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXI. (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DADA LA DUALIDAD DE SUS FUNCIONES SON COMPETENTES PARA CONOCER, VÍA JURISDICCIONAL, DE LA CANCELACIÓN TANTO DEL REGISTRO DE UN SINDICATO, COMO DE LA TOMA DE NOTA DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, desempeñan una dualidad de funciones, pues si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue ante aquéllas un procedimiento administrativo concerniente a la debida comprobación de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha congregación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, por tanto, de personalidad jurídica plena, para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que nacen para sus agremiados derechos adquiridos, por lo que debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el juicio arbitral correspondiente de conformidad con el numeral 369 de la Ley Federal del Trabajo. Además, los convenios internacionales de los que México forma parte, entre ellos, el Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de , por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, en su artículo protege a las organizaciones de trabajadores contra la disolución o suspensión en vía administrativa, estableciendo así en forma implícita la vía jurisdiccional para lograr dichos fines. Hipótesis que también se surte respecto de la cancelación de la toma de nota de la nueva mesa directiva de los sindicatos, en los que por similitud de razón aplica la misma consecuencia jurídica. En el caso que nos ocupa, la resolución reclamada en el juicio de amparo no fue emitida en una instancia jurisdiccional, sino que deriva de un proceso administrativo, regulado por el artículo 86, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, que prevé como una de las obligaciones de los sindicatos el comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurren en su Directiva o en sus Comités, las altas de sus Miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos. Sin que lo anterior conceda a la autoridad responsable, la facultad de allegarse de medios probatorios, para determinar lo que en derecho corresponda respecto de los cambios que ocurran en su integración, dado que el citado precepto únicamente constriñe a los sindicatos a "comunicar"; es decir, enterar o dar noticia, a la autoridad sobre las altas y bajas de sus miembros, lo que significa un mero trámite. De ahí que, la facultad de la autoridad laboral consiste únicamente en hacer una verificación formal de los requisitos para la toma de nota, un cotejo de lo asentado en las actas que al efecto se le presenten, sin que pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) a fin de llevar a cabo la toma de nota solicitada. Por tanto, se trata de un acto meramente administrativo que se limita a la presentación de una solicitud que debe ser acordada de manera favorable o desfavorable, en su caso, por la autoridad laboral, la cual, se considera que no dirime controversia alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos" (Lo subrayado es propio) Es ilustrativa la tesis XIII.1o.P.T.3 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con registro digital 2021936 y rubro:- "SINDICATOS. LA FACULTAD ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD LABORAL, DE TOMAR NOTA DE LAS ALTAS Y BAJAS DE SUS MIEMBROS, NO COMPRENDE EL ANÁLISIS DE LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN DE ALGUNO DE ELLOS. De una interpretación armónica de los artículos 356, 365, 366, 368, 370, 371 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 2019, la facultad de la autoridad laboral, en sede administrativa, de tomar nota de las altas y bajas de los miembros de los sindicatos, que éstos tienen obligación de informarle, cada tres meses, por lo menos, conforme al artículo 377, fracción III, del mismo ordenamiento legal, se agota con la confrontación de los lineamientos establecidos en los estatutos respectivos o, subsidiariamente, los previstos en la ley de la materia, con los que conste en las actas debidamente requisitadas exhibidas ante la misma, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado; sin que la autoridad laboral pueda realizar investigaciones -de oficio o a petición de parte- sobre irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Por lo anterior, no puede considerarse el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el registro sindical ***, como un acto de autoridad para efectos del presente sumario constitucional, en virtud de que, conforme al artículo 86, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, compete a su función administrativa (no jurisdiccional) limitarse a tomar nota de lo informado por el sindicato, puesto que la facultad de verificación se reduce a aspectos formales, no así, a que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Pues se reitera, el sindicato únicamente y de forma unilateral le comunica, para su conocimiento y efectos registrales, los cambios que ocurren en su Directiva o en sus Comités, las altas de sus Miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos y cuya nota se pide, puede controvertirse mediante la vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Además, para efectos de la toma de nota, el tribunal señalado como responsable únicamente tiene una función meramente registral. Es aplicable por las razones que la integran, la tesis I.7o.T.83 L, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 178133 y rubro: "SINDICATOS, REGISTRO DE LOS. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NO COMPRENDE EL DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL. Los artículos, 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, establecen un procedimiento meramente administrativo para el registro de una agrupación sindical, de tal manera, que para obtenerlo, no se requiere probar la naturaleza de las funciones desempeñadas por los trabajadores miembros de la agrupación que ostenten un puesto de confianza, ya que esa cuestión sólo compete resolverlo a la autoridad jurisdiccional mediante un juicio laboral, cuando la litis trate sobre la estabilidad del empleo u otras semejantes, pero no es facultad del director general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgar el registro, determinar esa cuestión, ya que la observancia de lo dispuesto por el artículo 363 de la Ley Federal del Trabajo acerca de que los trabajadores de confianza no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores y por ende, no deben formar parte del padrón del sindicato que pretende su registro, de ninguna manera, debe dirimirse en esa vía, pues el artículo 19, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisa cuáles son las facultades de dicho director, entre las cuales no se comprende la anterior, de lo que se evidencia que el citado director, cuenta únicamente con atribuciones administrativas, para verificar el acatamiento de la normatividad en materia de registro de agrupaciones sindicales, pero no para pronunciarse sobre si un puesto por la naturaleza de sus funciones es o no de confianza" De ahí que, si la quejosa considera que se vieron afectados sus derechos derivados del cambio del comité directivo del ***, deberá controvertir dicha circunstancia en la vía jurisdiccional a través del juicio laboral respectivo, lo que torna improcedente la presente instancia constitucional. Al respecto, cabe resaltar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.6o.T. L, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página 3070, Tomo XXXI, Marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 1899, determinó lo siguiente: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL. De la interpretación de los artículos 67, 72, 73, 77 y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se colige que los sindicatos adquieren vida jurídica a partir de que la autoridad laboral (Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje) toma nota de los dirigentes sindicales, acto que, sólo, puede anularse a través del procedimiento respectivo. Esto es así, tomando en cuenta que si la referida ley establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre la cancelación del registro de los sindicatos, resulta inconcuso que, tratándose de la cancelación de la toma de nota de la nueva directiva de un sindicato, debe seguirse igual criterio, en atención al principio general de derecho relativo a que donde existe idéntica razón debe aplicarse igual disposición, por lo que si un grupo de agremiados solicita la nulidad o cancelación de la toma de nota otorgada a la nueva directiva, alegando irregularidades de fondo en la elección respectiva, esa controversia debe ventilarse en un juicio ordinario laboral, en el que se respete la garantía de audiencia de la directiva en funciones, en atención a que el sindicato actúa a través de ésta, y sus actos generan derechos y obligaciones que podrían incidir en su esfera jurídica, ya que en el procedimiento que dio origen a la toma de nota impugnada, la autoridad encargada de llevar a cabo el registro sólo está facultada para cotejar documentos (como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 10, con el rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."), pero no para determinar aspectos concernientes a la anulación de la ejecución, como lo es el hecho relativo a la autenticidad de una firma, de ahí que resulte indispensable sustanciar el mencionado juicio, a fin de resolver sobre la anulación o cancelación del acto cuestionado" Asimismo, resulta aplicable la tesis I.6o.T.2 L (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación" Por ello, al quedar demostrada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia en esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de Secretaria General del ***. Notifíquese personalmente. L

  3. Principal

    AVISO QUEJOSA.- Número de expediente: 3/2022 Acuerdo: I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de Secretaria General del*** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 3/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: "1) El acuerdo emitido aparentemente el día trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO y su integración, dentro del registro sindical número ***, correspondiente al *** mediante el cual aparentemente se otorga: "toma de nota a un nuevo comité directivo del Sindicato precisado con antelación". Sindicato del cual la suscrita soy Secretaria General ostentado la representación legal del mismo ya que la mesa directiva que represento fue electa por un período de seis años el cual a la fecha no ha concluido. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha no he sido notificada de resolución alguna mediante la cual se me inhabilite y/o revoque el carácter de Secretaria General" Lo anterior, pues conforme al artículo 7, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ***s" El artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. En la especie, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que comparece por propio derecho y con el carácter de Secretaria General del ***, asimismo, que se duele del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el registro sindical *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, en el que se determinó la toma de nota a un nuevo comité directivo del referido sindicato; así como su notificación. En ese orden de ideas, se indica que, desde el punto de vista competencial y legal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ejerce dos clases de funciones, las jurisdiccionales y las administrativas. 1. Las jurisdiccionales, en las que la autoridad dirime un litigio entre uno o varios trabajadores con uno o varios patrones, generalmente sobre las obligaciones, términos y condiciones en que se pactó la relación laboral. 2. Las administrativas, donde la autoridad ejerce funciones de trámite legal, limitadas a la recepción y/o registro de actos unilaterales en que no se emite resolución jurisdiccional, por ejemplo, el registro de un sindicato o la toma de nota de cambio de la directiva. Esto implica que la autoridad laboral puede confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos con lo que conste en las actas y documentos debidamente requisitados, ello para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, es decir, la finalidad de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa es determinar si se respetó el principio de legalidad en el aspecto formal (cumplir con los requisitos). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXI. (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DADA LA DUALIDAD DE SUS FUNCIONES SON COMPETENTES PARA CONOCER, VÍA JURISDICCIONAL, DE LA CANCELACIÓN TANTO DEL REGISTRO DE UN SINDICATO, COMO DE LA TOMA DE NOTA DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, desempeñan una dualidad de funciones, pues si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue ante aquéllas un procedimiento administrativo concerniente a la debida comprobación de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha congregación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, por tanto, de personalidad jurídica plena, para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que nacen para sus agremiados derechos adquiridos, por lo que debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el juicio arbitral correspondiente de conformidad con el numeral 369 de la Ley Federal del Trabajo. Además, los convenios internacionales de los que México forma parte, entre ellos, el Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de , por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, en su artículo protege a las organizaciones de trabajadores contra la disolución o suspensión en vía administrativa, estableciendo así en forma implícita la vía jurisdiccional para lograr dichos fines. Hipótesis que también se surte respecto de la cancelación de la toma de nota de la nueva mesa directiva de los sindicatos, en los que por similitud de razón aplica la misma consecuencia jurídica. En el caso que nos ocupa, la resolución reclamada en el juicio de amparo no fue emitida en una instancia jurisdiccional, sino que deriva de un proceso administrativo, regulado por el artículo 86, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, que prevé como una de las obligaciones de los sindicatos el comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurren en su Directiva o en sus Comités, las altas de sus Miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos. Sin que lo anterior conceda a la autoridad responsable, la facultad de allegarse de medios probatorios, para determinar lo que en derecho corresponda respecto de los cambios que ocurran en su integración, dado que el citado precepto únicamente constriñe a los sindicatos a "comunicar"; es decir, enterar o dar noticia, a la autoridad sobre las altas y bajas de sus miembros, lo que significa un mero trámite. De ahí que, la facultad de la autoridad laboral consiste únicamente en hacer una verificación formal de los requisitos para la toma de nota, un cotejo de lo asentado en las actas que al efecto se le presenten, sin que pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) a fin de llevar a cabo la toma de nota solicitada. Por tanto, se trata de un acto meramente administrativo que se limita a la presentación de una solicitud que debe ser acordada de manera favorable o desfavorable, en su caso, por la autoridad laboral, la cual, se considera que no dirime controversia alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos" (Lo subrayado es propio) Es ilustrativa la tesis XIII.1o.P.T.3 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con registro digital 2021936 y rubro:- "SINDICATOS. LA FACULTAD ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD LABORAL, DE TOMAR NOTA DE LAS ALTAS Y BAJAS DE SUS MIEMBROS, NO COMPRENDE EL ANÁLISIS DE LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN DE ALGUNO DE ELLOS. De una interpretación armónica de los artículos 356, 365, 366, 368, 370, 371 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 2019, la facultad de la autoridad laboral, en sede administrativa, de tomar nota de las altas y bajas de los miembros de los sindicatos, que éstos tienen obligación de informarle, cada tres meses, por lo menos, conforme al artículo 377, fracción III, del mismo ordenamiento legal, se agota con la confrontación de los lineamientos establecidos en los estatutos respectivos o, subsidiariamente, los previstos en la ley de la materia, con los que conste en las actas debidamente requisitadas exhibidas ante la misma, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado; sin que la autoridad laboral pueda realizar investigaciones -de oficio o a petición de parte- sobre irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Por lo anterior, no puede considerarse el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el registro sindical ***, como un acto de autoridad para efectos del presente sumario constitucional, en virtud de que, conforme al artículo 86, fracción II, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, compete a su función administrativa (no jurisdiccional) limitarse a tomar nota de lo informado por el sindicato, puesto que la facultad de verificación se reduce a aspectos formales, no así, a que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Pues se reitera, el sindicato únicamente y de forma unilateral le comunica, para su conocimiento y efectos registrales, los cambios que ocurren en su Directiva o en sus Comités, las altas de sus Miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos y cuya nota se pide, puede controvertirse mediante la vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Además, para efectos de la toma de nota, el tribunal señalado como responsable únicamente tiene una función meramente registral. Es aplicable por las razones que la integran, la tesis I.7o.T.83 L, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 178133 y rubro: "SINDICATOS, REGISTRO DE LOS. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NO COMPRENDE EL DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL. Los artículos, 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, establecen un procedimiento meramente administrativo para el registro de una agrupación sindical, de tal manera, que para obtenerlo, no se requiere probar la naturaleza de las funciones desempeñadas por los trabajadores miembros de la agrupación que ostenten un puesto de confianza, ya que esa cuestión sólo compete resolverlo a la autoridad jurisdiccional mediante un juicio laboral, cuando la litis trate sobre la estabilidad del empleo u otras semejantes, pero no es facultad del director general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgar el registro, determinar esa cuestión, ya que la observancia de lo dispuesto por el artículo 363 de la Ley Federal del Trabajo acerca de que los trabajadores de confianza no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores y por ende, no deben formar parte del padrón del sindicato que pretende su registro, de ninguna manera, debe dirimirse en esa vía, pues el artículo 19, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisa cuáles son las facultades de dicho director, entre las cuales no se comprende la anterior, de lo que se evidencia que el citado director, cuenta únicamente con atribuciones administrativas, para verificar el acatamiento de la normatividad en materia de registro de agrupaciones sindicales, pero no para pronunciarse sobre si un puesto por la naturaleza de sus funciones es o no de confianza" De ahí que, si la quejosa considera que se vieron afectados sus derechos derivados del cambio del comité directivo del ***, deberá controvertir dicha circunstancia en la vía jurisdiccional a través del juicio laboral respectivo, lo que torna improcedente la presente instancia constitucional. Al respecto, cabe resaltar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.6o.T. L, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página 3070, Tomo XXXI, Marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 1899, determinó lo siguiente: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL. De la interpretación de los artículos 67, 72, 73, 77 y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se colige que los sindicatos adquieren vida jurídica a partir de que la autoridad laboral (Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje) toma nota de los dirigentes sindicales, acto que, sólo, puede anularse a través del procedimiento respectivo. Esto es así, tomando en cuenta que si la referida ley establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre la cancelación del registro de los sindicatos, resulta inconcuso que, tratándose de la cancelación de la toma de nota de la nueva directiva de un sindicato, debe seguirse igual criterio, en atención al principio general de derecho relativo a que donde existe idéntica razón debe aplicarse igual disposición, por lo que si un grupo de agremiados solicita la nulidad o cancelación de la toma de nota otorgada a la nueva directiva, alegando irregularidades de fondo en la elección respectiva, esa controversia debe ventilarse en un juicio ordinario laboral, en el que se respete la garantía de audiencia de la directiva en funciones, en atención a que el sindicato actúa a través de ésta, y sus actos generan derechos y obligaciones que podrían incidir en su esfera jurídica, ya que en el procedimiento que dio origen a la toma de nota impugnada, la autoridad encargada de llevar a cabo el registro sólo está facultada para cotejar documentos (como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 10, con el rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."), pero no para determinar aspectos concernientes a la anulación de la ejecución, como lo es el hecho relativo a la autenticidad de una firma, de ahí que resulte indispensable sustanciar el mencionado juicio, a fin de resolver sobre la anulación o cancelación del acto cuestionado" Asimismo, resulta aplicable la tesis I.6o.T.2 L (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación" Por ello, al quedar demostrada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia en esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de Secretaria General del ***. Notifíquese personalmente. L

  4. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por **, en su carácter de Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de la Capital del Estado de Durango (S.T.U.M.), contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 3/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de derechos fundamentales y anexos, se advierte que procede efectuar una prevención, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, para lo cual, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si es su deseo acudir al amparo indirecto también por propio derecho o únicamente en su carácter de Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de la Capital del Estado de Durango. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, se tendrá como presentado el amparo únicamente como Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de la Capital del Estado de Durango. VI. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: por **, en su carácter de Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de la Capital del Estado de Durango (S.T.U.M.) a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. IX. Firma del presente acuerdo. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente.

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