Alicia García Ortíz
Expediente 589/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alicia García Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de procesal que guardan los autos, se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran. En esa virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que, en la especie, se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin que deba realizarse mayor proveído al respecto, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año que transcurre, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán y Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el cinco y diez siguientes (fojas 148 y 151). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 73 a 81), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Alicia García Ortiz, para los efectos que se reproducen: "[.] que los Ayuntamientos de los municipios de Puruándiro y José Sixto Verduzco, ambos del Estado de Michoacán: - Dejen insubsistente la orden mediante la cual, mandaron restringir la libertad personal de la quejosa". Lo anterior según las consideraciones de la sentencia en la que la Juez auxiliar estableció que la ilegalidad de la orden restrictiva de la libertad reclamada fue porque no se demostró constara de manera escrita -en su caso-, fundada, motivada y por autoridad competente, con apego a las normas del procedimiento, tal como establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que de ninguna manera se desprendían constancias que justificaran la emisión del acto reclamado privativo de los derechos de la quejosa, en la medida que las responsables omitieron allegar medios de convicción que demostraran la constitucionalidad de lo impugnado. Sentencia que causó ejecutoria el treinta de octubre de dos mil diecisiete y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 98-99). Mediante autos de veintidós y treinta y uno de enero y uno de febrero, todos de la anualidad que cursa, se solicitó nuevamente a las responsables el cumplimiento del fallo protector (fojas 118, 124 y 131). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Síndico Municipal, así como el Secretario, ambos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán, mediante oficios sin número de treinta de enero pasado y tres de abril anterior (fojas 122 y 144), comunicaron que se dejó insubsistente cualquier orden mediante la cual se hubiera mandado restringir la libertad personal de la solicitante del amparo, sin que constara mandato que ejecutar debido a que no existía orden de detención, aprehensión o comparecencia en su contra. Además, a la última comunicación anexaron copia del auto pronunciado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el cual se ordena dejar insubsistente cualquier orden mediante la cual se hubiera mandado restringir la libertad personal de la peticionaria de derechos. Por su parte, el Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán, mediante documento sin número (foja 142), manifestó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que ordenó a la policía preventiva de ese municipio que en caso de contar con orden de aprehensión en contra de la quejosa, la dejara sin efectos, puesto que esa autoridad realizaría lo propio. Del examen de las documentales allegadas a este juzgado, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán y Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán, cumplieron con el fallo protector, ello tomando en cuenta que el veintiuno y treinta y uno de enero del año en curso, decretaron dejar insubsistente la orden restrictiva de la libertad personal emitida contra la quejosa. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que las responsables acataron con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejaron insubsistente la orden de restricción de la libertad emitida contra la quejosa. En otras palabras, no dejaron de hacer algo que se les haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que las responsables no fueron más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una orden de restricción de libertad emitida contra la quejosa. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ALICIA GARCÍA ORTIZ. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año que transcurre, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán y Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el cinco y diez siguientes (fojas 148 y 151). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 73 a 81), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Alicia García Ortiz, para los efectos que se reproducen: "[.] que los Ayuntamientos de los municipios de Puruándiro y José Sixto Verduzco, ambos del Estado de Michoacán: - Dejen insubsistente la orden mediante la cual, mandaron restringir la libertad personal de la quejosa". Lo anterior según las consideraciones de la sentencia en la que la Juez auxiliar estableció que la ilegalidad de la orden restrictiva de la libertad reclamada fue porque no se demostró constara de manera escrita -en su caso-, fundada, motivada y por autoridad competente, con apego a las normas del procedimiento, tal como establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que de ninguna manera se desprendían constancias que justificaran la emisión del acto reclamado privativo de los derechos de la quejosa, en la medida que las responsables omitieron allegar medios de convicción que demostraran la constitucionalidad de lo impugnado. Sentencia que causó ejecutoria el treinta de octubre de dos mil diecisiete y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 98-99). Mediante autos de veintidós y treinta y uno de enero y uno de febrero, todos de la anualidad que cursa, se solicitó nuevamente a las responsables el cumplimiento del fallo protector (fojas 118, 124 y 131). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Síndico Municipal, así como el Secretario, ambos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán, mediante oficios sin número de treinta de enero pasado y tres de abril anterior (fojas 122 y 144), comunicaron que se dejó insubsistente cualquier orden mediante la cual se hubiera mandado restringir la libertad personal de la solicitante del amparo, sin que constara mandato que ejecutar debido a que no existía orden de detención, aprehensión o comparecencia en su contra. Además, a la última comunicación anexaron copia del auto pronunciado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el cual se ordena dejar insubsistente cualquier orden mediante la cual se hubiera mandado restringir la libertad personal de la peticionaria de derechos. Por su parte, el Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán, mediante documento sin número (foja 142), manifestó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que ordenó a la policía preventiva de ese municipio que en caso de contar con orden de aprehensión en contra de la quejosa, la dejara sin efectos, puesto que esa autoridad realizaría lo propio. Del examen de las documentales allegadas a este juzgado, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán y Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puruándiro, Michoacán, cumplieron con el fallo protector, ello tomando en cuenta que el veintiuno y treinta y uno de enero del año en curso, decretaron dejar insubsistente la orden restrictiva de la libertad personal emitida contra la quejosa. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que las responsables acataron con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejaron insubsistente la orden de restricción de la libertad emitida contra la quejosa. En otras palabras, no dejaron de hacer algo que se les haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que las responsables no fueron más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una orden de restricción de libertad emitida contra la quejosa. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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Notifíquese personalmente.
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