Alicia Feria Ávila
Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Feria Ávila y Otros.
- Alicia Feria Ávila
- Javier Gonzalo Reyes Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Se da cuenta con el oficio de mérito suscrito por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, atento a su contenido, únicamente se agrega a los autos para los efectos legales correspondientes, en virtud que en auto de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se mandó archivar el presente expediente como asunto definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Devuélvase al Titular de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el original del toca penal JOTPAI/00002/2022, así como los discos DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otra parte, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hizo consistir en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/00002/2022, en la cual, la Titular de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa, dentro de la causa penal 219/2021, del índice del juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, razón por la cual, en auto de cinco de julio del año en curso, se ordenó a la referida responsable, tomará las medidas pertinentes a efecto de que el juez de la causa de origen diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, que el procedimiento penal seguido en contra de los quejosos, continuara hasta el auto que declarara concluida la etapa intermedia, y de ahí, solo podría proseguir hasta que fuera notificado del auto que declarara ejecutoriada la sentencia dictada en el presente asunto. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte, no se dio cumplimiento a lo anterior, pues el juez natural, una vez concluida la etapa intermedia, dictó auto de apertura a juicio en la causa penal de origen, remitiendo la misma al Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, poniendo a su disposición a los quejosos para la celebración de la audiencia de debate; esto es, la responsable no le informó que debía continuar el proceso hasta el auto que declarara concluida la etapa intermedia, y de ahí, hasta quedar notificado del auto que declarara ejecutoriada la sentencia dictada en el presente asunto. En ese orden de ideas, dese vista a la representación social de la federación adscrita, a efecto de que en uso de sus facultades, determine lo procedente ante el incumplimiento de un mandato emitido por este órgano jurisdiccional, por parte de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número790/2022; R E S U L T A N D O : PRIMERO. ALICIA FERIA ÁVILA, JAVIER GONZALO REYES PÉREZ, DAVID REYES FERIA y NANCY REYES FERIA, por propio derecho, mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al magistrado titular de la Décimo Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que más adelante se precisará, y que estiman violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/0002/2022, en la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 219/2021, del índice del juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca. TERCERO. La magistrada titular de la Décimo Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió al efecto, consistentes en cuatro discos digitales versátiles DVD, y el original del toca penal JOTPAI/0002/2022, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si el concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En otras palabras, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese tenor, para que se actualice la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica, sin afectar la situación jurídica que al momento de resolverse en definitiva en juicio de amparo define su estatus jurídico, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al actualizarse una irreparabilidad jurídica. Ahora, en el caso se tiene que la parte quejosa reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPAI/0002/2022, en la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 219/2021, del índice del juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca. Luego, conforme al oficio remitido por la juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, el tres de agosto del año en curso, se advierte, en la referida causa penal, en la misma data se dictó el auto de apertura a juicio, y se ordenó poner a los acusados (aquí quejosos) a disposición del juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del mismo Circuito Judicial, para la celebración de la audiencia de debate respectiva; lo anterior se corrobora con el diverso oficio agregado en la audiencia constitucional que precede. Ahora, para solución del caso, deben tenerse presentes los artículos 211, 334, 347, primer y último párrafos y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio". "Artículo 347. Auto de apertura a juicio Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: . El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado". "Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia". De los preceptos transcritos se desprende que, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en tres etapas, cada una de las cuales comprende distintas fases; siendo que la etapa intermedia concluye una vez que el Juez de Control dicta el auto de apertura a juicio, teniendo cinco días para hacerlo llegar, junto con los registros y el acusado, al Tribunal de Enjuiciamiento correspondiente, y cuando éste los recibe, da inicio formal y materialmente la etapa de juicio oral, formal, pues así lo dispone expresamente la propia norma jurídica y material, porque es en ese momento cuando el Tribunal de Enjuiciamiento llega a tener conocimiento del asunto al comenzar a fungir como autoridad rectora del procedimiento penal. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la operatividad del principio previsto en el artículo 20 Constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar; este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia emitida por la referida Sala del máximo tribunal del país, bajo el número de registro digital 2018868, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." Bajo ese orden de ideas, tomando en consideración que los quejosos reclaman la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro en la etapa intermedia, la cual concluyó con el auto de apertura a juicio, y su puesta a disposición ante el tribunal de enjuiciamiento correspondiente, es inconcuso, que las violaciones aducidas en dicha resolución ya no pueden ser analizadas en la presente instancia constitucional, pues como ya se precisó no se puede retrotraer el proceso a la fase intermedia para salvaguardar el derecho del cual alegan su violación, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, afectaría la etapa posterior de juicio oral, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos dicha determinación, soslayando que la situación jurídica de los quejosos ya no obedece a la misma, pues la parte quejosa se encuentra a disposición del tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el artículo 63, fracción V de la ley en cita. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el registro digital 2023471, que dice: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EL JUEZ DE DISTRITO, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, DEBE ORDENAR AL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE QUE LA DECRETE UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA INTERMEDIA, SIN EMITIR EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, A FIN DE EVITAR QUE OPERE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Hechos: En la demanda de amparo indirecto el quejoso señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso; el Juez de Distrito en el auto admisorio ordenó al Juez de Control responsable la suspensión del procedimiento penal del que deriva el acto reclamado una vez concluida la fase escrita de la etapa intermedia, lo que constituye el auto impugnado en el recurso de queja, al ser un aspecto no reparable en sentencia definitiva. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en el juicio de amparo indirecto el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, el Juez de Distrito, al proveer sobre la admisión de la demanda, debe ordenar al Juez de Control señalado como responsable que decrete la suspensión del procedimiento penal acusatorio y oral en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia, sin emitir el auto de apertura a juicio oral, y no al concluir su fase escrita, a fin de evitar que opere un cambio de situación jurídica. Justificación: Lo anterior, porque en términos del artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones contenidas en el acto reclamado, al operar un cambio de situación jurídica; por ende, la autoridad que conozca del proceso penal debe suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia. Sin embargo, de la interpretación sistemática de dicho precepto con los artículos 211, fracción II y 334, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y, principalmente, continuidad, que rigen el proceso penal acusatorio, y en razón de que las etapas y fases que lo conforman son conclusivas, pues no pueden analizarse aspectos de una anterior al haberse iniciado la subsecuente, por lo que una vez decretada la apertura a juicio oral, no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de la sentencia, trayendo como consecuencia un cambio de situación jurídica, el Juez de amparo, al proveer sobre la admisión de la demanda, debe ordenar al Juez de Control señalado como responsable que decrete la suspensión del procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, pero sin emitir el auto de apertura a juicio oral." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 790/2022 promovido por ALICIA FERIA ÁVILA, JAVIER GONZALO REYES PÉREZ, DAVID REYES FERIA y NANCY REYES FERIA. NOTIFÍQUESE.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Alfredo Vazquez Rendón599/2016
- Alicia Agripina Martinez Jarquín626/2021
- Alicia Aurelia Morales Carrasco908/2018
- Alicia Azamar Tadeo1256/2017
- Alicia Cruz Dionisio849/2021
- Alicia Domínguez Sánchez572/2020
- Alicia Figueroa Ramírez676/2015
- Alicia García Muñoz692/2018
- Alicia Gutiérrez Cervantes600/2016
- Alicia Julia Martínez Mungía1859/2014
- Alicia López Chevez473/2021
- Alicia Mesinas Velasco220/2016