Alicia Estrada Torres
Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2020
Partes del expediente
- Alicia Estrada Torres
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto que fue desechado; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa Alicia Estrada Torres, Erick Antocnieta Vela Esquivel y Arturo Sarabia Ramírez, todos por su propio derecho y las primeras dos en sus calidades de presidenta y secretaria respectivamente del Patronato de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón, Asociación Civil, no interpusieron el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintitrés de noviembre del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En otro contexto, téngase por recibido el escrito signado por Neiva Patricia Ceniceros Aguilar, a través del cual pretende interponer recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte; Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda de amparo signado por Alicia Estrada Torres, Erick Antocnieta Vela Esquivel y Arturo Sarabia Ramírez, todos por su propio derecho y las primeras dos en su calidad de presidenta y secretaria respectivamente del Patronato de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón, Asociación Civil, a través del cual, comparecen ante este órgano de control constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y las autoridades que ahí mencionan; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 783/2020-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje; y, 2. Actuarios adscritos a la citada Junta Especial. Asimismo, como acto reclamado: "De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, reclamamos, con el debido respeto, La ilegal Resolución Incidental sin número, del día veinticuatro de agosto de la presente anualidad, que nos fuera notificada actuarialmente por conducto de nuestros asesores jurídicos a las 11:40, 11:48 y 11:56 horas, del día 28 de septiembre de 2020, ya que TODA la pieza de referencia NOS CAUSA AGRAVIOS A NUESTRO PATRIMONIO JURIDICO-PATRIMONIAL, POR SER UN TODO INTEGRAL Y NO PIEZAS AISLADAS DE LA MISMA, PERO PARTICULARMENTE LOS RESOLUTIVOS: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la misma Resolución que se combate y consecuentemente se reclaman formalmente en este juicio constitucional, por todos los ahora aquí quejosos, porque de llevarse a cabo lo ordenado en ella nos causaría daños de difícil reparación y podría tomarse como un acto consentido, los actos que se vienen reclamando de las autoridades responsables violan en nuestro perjuicio las garantías individuales que en nuestro favor consagran los artículos 14 segundo párrafo y 16, de nuestra Constitución Política Federal, en relación con la vulneración de la garantía de Audiencia y Seguridad Jurídica, pues los suscritos quejosos nunca hemos sido oídos y mucho menos vencidos en TODAS las etapas procesales correspondientes COMPLETAS relativas." (sic) Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, se aseveró: "En efecto la H. JUNTA de marras, conoció dentro de su competencia jurisdiccional, del asunto laboral número: 875/E06/2019, cuya actora es la C. TERESA DE JESUS CEPEDA ROBLES, demandando tanto al patronato de la escuela RICARDO FLORES MAGON, a la fuente de trabajo dedicada a la impartición de educación media superior identificada como Preparatoria Ricardo Flores Magón y a la persona física de nombre Arturo Sarabia Ramírez, en su calidad de director de la misma, con una demanda consistente en TRES tantos exactamente iguales, como si fueran "copias al carbón", sin distinguir a quien se dirigían, si para personas morales o personas físicas; Presentadas estas, fuimos convocadas las partes en fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, (que DEBE comprender obvia y necesariamente nuestras CONTESTACIONES A SU DEMANDA), dentro del expediente de mérito, NO omito informarle a su Señoría, que durante la "ETAPA DE CONCILIACIÓN" la parte actora interpuso un incidente de falta de personalidad de los representantes de los demandados, ETAPA que es bien sabido y del dominio público como hecho notorio, que por ser una ETAPA todavía NO contenciosa, sino simbólicamente como su nombre lo indica, meramente "informal y de conciliación", que por lo mismo es más laxa, ligera y de mero formulismo, misma en que la contraria interpone el recurso de falta de personalidad en el representante de la demandada que compareció a la misma, continuándose acto seguido, con la ETAPA de DEMANDA Y EXCEPCIONES en la que por disciplina se le concede primero, el uso de la palabra a la parte actoral y su apoderado vuelve a interponer el recurso de falta de personalidad basado en el MISMO antecedente esgrimido en la propia ETAPA CONCILIATORIA y la H. JUNTA, cierra la ETAPA en la que se actúa, ."reservándose la resolución de dicho incidente planteado", PERO SIN CONCEDERNOS LA PARTICIPACIÓN que nos corresponde, precisamente para presentar por escrito las CONTESTACIONES a su improcedente demanda, como lo probamos con las copias otorgadas por la propia H. JUNTA, que nos permitimos adjuntar a este escrito como ANEXO DOS Y TRES, en que contestamos debidamente acreditados por la correcta delegación mancomunada de las personas autorizadas notarialmente para el efecto, (nos permitimos acompañar también el principio y el final de los escritos de mérito, para comprobar así, la razón de nuestro dicho) ¿Por qué, de qué manera pueden tanto la H. JUNTA y el apoderado de nuestra contraparte saber en qué términos vienen presentados los ocursos de CONTESTACIONES de ambos codemandados?, -solamente que tuvieran ambos entes del evento en comento, una bola de cristal para así adivinarlo y saberlo anticipadamente-, ya que mientras tanto, con semejante actitud de ambas partes, NOS DEJAN EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSION toda vez que la H. JUNTA de un solo plumazo RESUELVE tanto el Incidente planteado en la ETAPA CONCILIATORIA, como el planteado en la ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, esto equivale a hacerlo en la subsiguiente ETAPA pero que todavía NO sabemos en qué términos se va a desarrollar esta, pero sin darnos oportunidad de presentar los ocursos de CONTESTACION A LA INJUSTA DEMANDA planteada en nuestra contra, razón por la que reclamamos también la omisión de llamar a juicio legalmente a todos los suscritos, como lo probamos con las copias (adjuntas) de la misma etapa que nos otorgó la H, JUNTA el mismo día de la celebración de la propia audiencia en comento, por si todo esto fuera poco." (sic) Así las cosas, de lo anterior, así como de las constancias anexadas a la demanda, se desprende lo siguiente: El acto reclamado deriva del expediente administrativo laboral 875/E06/2019, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, promovido por Teresa de Jesús Cepeda Robles, en contra de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón, Asociación Civil y otros. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia en la etapa de demanda y excepciones dentro del citado expediente, en la que la parte actora por conducto de su apoderado promovió incidente de falta de personalidad en contra de quien compareció como representante de la parte demandada, reservándose la resolución del incidente planteado. Posteriormente, el veinticuatro de agosto del mismo año, se resolvió el citado incidente de falta de personalidad, mismo que se declaró procedente, determinando extinguir la personalidad de quien compareció como apoderado de la parte demandada, a quien se le tuvo por contestando la demanda en sentido afirmativo. En ese contexto, el acto reclamado dentro del presente asunto se hace consistir en la interlocutoria emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, misma que resolvió el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio de origen. Precisado lo anterior, en el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6º, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que este órgano jurisdiccional determina que el acto combatido en esta instancia deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que no se advierte que exista alguna afectación irreparable a los promoventes y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; por tanto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que de la resolución reclamada se derive algún perjuicio a los hoy promoventes del amparo y, por tanto, al no causarles perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de garantías. Atento a lo anterior, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación emitida por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ya que dicha resolución que declaró fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora dentro del juicio de origen, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no produce una afectación material a sus derechos sustantivos, pues únicamente produce una lesión adjetiva. En efecto, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Tales consideraciones encuentran sustento en la contradicción de tesis 377/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Tesis P./J. 37/2014 (10a.), página 39 la cual establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, página 1539 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Igualmente la tesis II.1o.C.1 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1890, misma que establece: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas del acto reclamado son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que se trata de una determinación que declara fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora, la cual no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la misma. Resulta aplicable la tesis XXVII.3o.147 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2593 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO ES CONTROVERTIR QUE SE LE DESCONOCIÓ AQUÉLLA EN EL JUICIO DE ORIGEN, ESA CIRCUNSTANCIA, AL CONSTITUIR LA CUESTIÓN DE FONDO PROPUESTA, DEBE RESOLVERSE EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo directo es controvertir la determinación que desconoció su personalidad en el juicio de origen, esa circunstancia debe resolverse en la sentencia que se dicte en el juicio, al constituir la cuestión de fondo propuesta. Así, si bien la personalidad constituye un presupuesto procesal y la falta de ésta se torna en lo pedido en la instancia constitucional, no debe considerarse dicha argumentación para justificar la no admisión de una demanda o la improcedencia del juicio de amparo, pues el mandato constitucional de legalidad requiere que se aprecie completamente la petición de jurisdicción que se le formula y se valoren las particularidades de cada caso, a fin de permitir que un justiciable cuente con un medio para controvertir las posibles arbitrariedades cometidas en su contra. Ello, en concordancia con la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". Consecuentemente, el presupuesto procesal de personalidad queda satisfecho si quien ejerce la acción constitucional es la persona a quien se le desconoció su personería en el juicio de origen y dicho tema es el motivo del juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de garantías promovida por Alicia Estrada Torres, Erick Antocnieta Vela Esquivel y Arturo Sarabia Ramírez, todos por su propio derecho y las primeras respectivamente en su calidad de presidenta y secretaria del Patronato de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Ricardo Flores Magón, Asociación Civil. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que promueva oportunamente los medios ordinarios o extraordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda; asimismo, toda vez que Neiva Patricia Ceniceros Aguilar, no se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se le faculta para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, conforme a la parte final del artículo 12 de la ley de la materia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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