Alicia Edali Hermida García

Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1007/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Alicia Edali Hermida García

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa 'para la devolución de documentos

  2. Principal

    Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, y carecer de relevancia documental.

  3. Principal

    Se desecha la demanda de amparo en términos de lo precisado en el presente auto.

  4. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a uno de agosto de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta como apoderado legal de **************, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa refiere como acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO.-Lo constituye la DENEGACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN ADMITIR LA DEMANDA EN LA VIA ESPECIAL Y DARLE TRAMITE A LA MISMA. Dentro del expediente laboral **************." Asimismo, de una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acuerdo dictado por la ahora autoridad responsable determinó prevenir a la actora -aquí quejosa- para exhibir la constancia de no conciliación y de no exhibirla se remitirían los autos a el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Morelos. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: ? La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese orden de ideas, tenemos que el acuerdo de admisión de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio burocrático **************, del índice del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que la resolución reclamada emana de un procedimiento seguido en forma de juicio y, se desarrolla ante una autoridad en materia de trabajo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la sentencia, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues si bien la consecuencia de tal determinación conlleva al trámite de la demanda promovida por la ahora quejosa, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener una sentencia adverso a sus intereses, ya que la responsable debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. En el entendido que si trascendiera en el dictado de la sentencia es reclamable como violación intraprocesal en el amparo directo que se promueve en contra de dicho fallo. A mayor abundamiento, la resolución reclamada es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima se actualiza la causal contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe una afectación real e inminente que cause perjuicio a la parte quejosa, en virtud de que, al proveer el juez señalado como responsable, que antes acuda la parte quejosa a la conciliación ante el centro, se trata de actos futuros e inciertos. Asimismo, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Más aún el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, , no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la quejosa señala que el cuatro de julio de dos mil veintidós, dicho tribunal proveyó respecto de su escrito de demanda, lo que se originó el acto que reclama en esta instancia constitucional, por lo que ello no significa que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, este Juzgador estima que no hay una dilación excesiva que se traduzca en la paralización del procedimiento para que proceda el juicio de amparo en contra de dilaciones en el procedimiento laboral, tal y como lo determina la resolución de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 294/2018, que dio vida jurídica a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), con número de registro 2019400, publicada el viernes, uno de marzo de dos mil diecinueve, décima época, del Semanario Judicial de la Federación En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en la omisión de la autoridad señalada como responsable, de admitir su demanda laboral en la forma propuesta. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, es evidente que la omisión que la parte quejosa combate por esta vía, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues la propia parte quejosa señala que el día cuatro de julio del año en curso, la responsable proveyó respecto de su escrito demanda. En consecuencia, en razón de que la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

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