Alicia Domínguez Hernández

Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
908/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Alicia Domínguez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la apoderada legal de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, 6. Suministrador de Servicios Básicos, Zona Veracruz, con sede en Veracruz; por el cual solicita la devolución de la copia certificada del instrumento notarial cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y dos de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, por el cual acreditó tal personalidad en el presente asunto, el cual exhibió junto con su informe previo. Al respecto, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído dictado el diecinueve de abril de dos mil veintidós en autos de incidente de suspensión derivado del presente juicio, por el cual se ordenó la devolución del aludido instrumento, una vez que exhiba la correspondiente copia del mismo para su cotejo, compulsa y certificación por la Secretaría de este juzgado, previa razón que por su recibo se otorgue en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 908/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 43 a 47 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 43 a 47 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas (foja 23) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 908/2021 promovido por Alicia Domínguez Hernández; el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Leonor Hernández Ortiz, Secretaria quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, la declaró abierta, sin asistencia de las partes.Acto continuo, la Secretaria da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, informa de las constancias que integran el expediente, y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias y, toda vez que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia, en las etapas que la conforman. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa; la instrumental de actuaciones del presente juicio de garantías y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, ofrecidas por la apoderada legal de la Comisión Federal de Electricidad 6. Suministrador de Servicios Básicos, Zona Veracruz, con sede en Veracruz; la instrumental de actuaciones del presente juicio de garantías y la presuncional en su doble aspecto legal y humana y las documentales ofrecidas por la apoderada legal de la Comisión Federal de Electricidad 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz, con sede en Veracruz, que remitió con su informa de justificación. El Juez acuerda: Se tienen por anunciadas las pruebas de referencia, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, acorde a lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda; finalmente, al no existir prueba pendiente de relacionar, se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, la Secretaria certifica que las partes no formularon manifestaciones en esta vía. El juez acuerda: Como de dicha certificación se aprecia que las partes no formularon alegatos, se da por concluido este período de la audiencia constitucional, la que es firmada por quienes en ella intervinieron, quedando los autos en estado para dictar sentencia. Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 908/2021, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Alicia Domínguez Hernández promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-16). SEGUNDO. Desecha. Por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se acordó: desechar la demanda de amparo (fojas 17-26) auto contra el cual la parte quejosa interpuso el recurso de queja (fojas 28-40) mismo que por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz (fojas 54-58) y por resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, declaró fundado el recurso de queja (fojas 61-76). TERCERO. Trámite. En consecuencia, por auto de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda; requerir a las autoridades responsables su informe justificado, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 77-80). Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 86-100, 106-130, 141-144, 145-146, 160-179 y 185-188) así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 85) tuvo verificativo la audiencia constitucional quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio señalando como actos reclamados, actos que estima provienen autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; acto impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos que la parte quejosa reclama se producen en su domicilio, el cual está dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz, derivado del contrato 886 120 203 850 y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia del acto reclamado antes señalado. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz, con sede en Veracruz en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en: "La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz, derivado del contrato 886 120 203 850 y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio"(foja 106-130). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dicha autoridad responsable se sobresee en este juicio constitucional, por cuanto al acto reclamado a la misma, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 4. Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en: "La iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica" (fojas 185-188, 160-179, 145-146). Asimismo la diversa autoridad responsable 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos con sede en Veracruz admitió el acto consistente en "La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz, derivado del contrato 886 120 203 850 y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio" (fojas 86-100). Por otra parte, la diversa autoridad responsable 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, negó el acto reclamado consistente en: "La iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica" (fojas 141-144) sin embargo, al formar parte del proceso legislativo, debe de tenerse por cierto el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Motivo de improcedencia advertido por la autoridad responsable CFE Suministrador de Servicios Básicos. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, todos de la Ley de Amparo, por cuanto hace a: La iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz, derivado del contrato 886 120 203 850 y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio." En virtud de que la Comisión Federal de Electricidad no es parte para los efectos del juicio de amparo, como a continuación se verá. MARCO LEGAL Los referidos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". Como puede apreciarse, de una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis 97, de texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: a) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. b) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa se duele del primer acto de aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, que se hace consistir en el corte de energía eléctrica derivado del servicio número 886 120 203 850 que se presta en el domicilio ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz. De lo anterior, se advierte la estrecha relación que guarda la parte quejosa, en virtud del convenio que tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, relativo al servicio de energía eléctrica contratado; de ahí que, se estime que no le resulta el carácter de autoridad responsable al CFE Suministrador de Servicios Básicos con sede en Veracruz, Veracruz; ya que el acto reclamado deriva de la relación de coordinación entre dicha empresa productiva y el usuario del servicio. En efecto, el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio, que en el caso es la Comisión Federal de Electricidad, y la ahora promovente, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre el usuario y dicha empresa. Por ende, la Comisión citada no actúa con potestad de imperio, esto es, en una relación de supra-subordinación con la impetrante de amparo; sino en un vínculo de coordinación, derivado de un contrato de energía eléctrica celebrado entre ambas partes. Se afirma lo anterior, dado que de la reforma a la Constitución Federal en materia de energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el sistema eléctrico nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la industria eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce se desprende, que la Comisión en cita se creó, como nueva figura jurídica la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. En efecto, los artículos 3, 7, 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen: "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios.- Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.- En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética". "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto.- Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda". "Artículo 82.- Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa.- Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable". "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo.- Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias". "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.- Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.- Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que será de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos, merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en la que consideró que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia número 2ª/J.156/2017 (10a.) emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Conforme al criterio anterior, se puede concluir que actualmente existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define que las controversias suscitadas entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, pues su origen deriva de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación, lo que permite constatar que los actos emitidos por dicha Comisión con motivo de la existencia del referido contrato no se originan en un plano de supra a subordinación (Estado-particular) y, por ende, no pueden constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte promovente, dado que si bien, la Comisión Federal de Electricidad es un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, el impetrante en caso de incumplimiento del mismo, está en aptitud legal de acudir ante los tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del convenio celebrado en su calidad de consumidor; lo que permite vislumbrar, además de lo ya expuesto, que el acto reclamado no constituye acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. En razón de haber resultado improcedente el juicio de amparo intentado respecto del primer acto de aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, que se hace consistir en el corte de energía eléctrica derivado del servicio número 886 120 203 850 que se presta en el domicilio ubicado en calle Acayucan número ochenta, colonia La Tampiquera, en Boca del Río, Veracruz, también deviene improcedente su pretensión de reclamo respecto de los actos consistentes en la discusión, expedición, aprobación, iniciativa y refrendo, del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, que controvierte con motivo de un acto concreto de aplicación (corte de energía eléctrica derivado del servicio 886 120 203 850). Ello es así, en razón de que no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, porque en todo caso, dicha aplicación es la que causa perjuicio a la parte promovente del juicio, y no por sí sola, considerada en abstracto la ley. En ese sentido, el máximo tribunal del país ha explicado que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, hace que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprenda a la ley si el juicio de amparo es improcedente contra los actos de aplicación de las disposiciones que reclama. Luego, como en la especie se ha determinado que el juicio de amparo es improcedente contra respecto del corte de energía eléctrica derivado del servicio identificado con el número de medidor 886 120 203 850, como acto de aplicación de los preceptos relativos de la Ley de la Industria Eléctrica, esa improcedencia comprende necesariamente a la legislación que reclama. Por ello, también es improcedente el juicio de amparo en contra de los actos destacados siguientes: ".Del CONGRESO DE LA UNIÓN. Le reclamo la discusión, aprobación y expedición del artículo 41, de la Ley de la Industria Eléctrica. 2. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la iniciativa enviada al Congreso de la Unión para la aprobación, así como la orden de Promulgación y publicación del precepto antes indicado. 3. Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el Refrendo del Decreto mediante el cual se promulgó y se publicó el artículo mencionado en antelación." Es aplicable la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." *El subrayado se hace en esta ejecutoria. De igual forma, resulta aplicable la diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Finalmente, también sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Tratándose de una ley que sólo puede afectar los intereses de los particulares mediante un acto de aplicación, la procedencia del juicio de amparo para el estudio de la constitucionalidad de la ley combatida, deberá relacionarse con la procedencia del propio juicio para resolver sobre la legalidad del acto de aplicación impugnado; en consecuencia, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto de aplicación, también lo es respecto a la constitucionalidad de la ley." Resulta importante precisar que la conclusión a que aquí se arriba, respetuosamente, no implica desatender la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, que revocó el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior en virtud de que se denunció contradicción de tesis ante el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, suscitada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver en ejecutoria de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el recurso de queja número 315/2021, contra el diverso criterio del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver en ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 7/2022; ambos recursos derivados de juicios de amparo indirecto del índice de éste órgano jurisdiccional, misma contradicción de tesis que fue radicada con el número 2/2022, misma que se encuentra pendiente de resolver. Es de señalarse que también la propia Suprema Corte de Justiciad de la Nación, ha considerado que los convenios internacionales sobre derechos humanos no pueden dejar sin efecto los principios del sistema jurídico mexicano, en tanto que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes; por tanto, la utilización del principio pro persona no puede ser sustento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2004748, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Igualmente, es aplicable la tesis número 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2002359, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, promovida por Alicia Domínguez Hernández, por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alicia Domínguez Hernández, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando sexto de este fallo.

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