Alicia del Pilar Avellaneda Romero

Expediente 77/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
77/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Alicia del Pilar Avellaneda Romero
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento Penal del Estado, Con Sede En Acapulco, Guerrero Y Jurisdicción En el Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 66/2019 y su acumulado 77/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO...se, RESUELVE ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Oscos Alvarado y Alicia del Pilar Avellaneda Romero, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 77/2019, promovido por Alicia del Pilar Avellaneda Romero, por su propio derecho, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero y Jurisdicción en el Distrito Judicial de Tabares y de otra autoridad; tramítese incidente de suspensión por duplicado. AUDIENCIA INCIDENTAL. Ahora bien, de autos del incidente de suspensión 66/2019, se advierte que se señalaron las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental y dada la acumulación suscitada, subsiste dicha fecha para la celebración la citada audiencia. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el cual expresen si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, así como las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe previo. PRUEBAS Por otra parte, conforme con el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que acompañó a la demanda, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia incidental. DECISIÓN A efecto de proveer sobre la medida cautelar, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente: La resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del cuadernillo sin antecedentes 05/2019 por el Juez responsable, en la que ordenó la cancelación de las medidas de protección en favor de la incidentista en su carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación 12030280300164061218. Asimismo, se solicita la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute dicha cancelación. Ahora bien, por regla general se ha considerado que la suspensión solamente tiene efectos conservativos, esto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sin que exista la posibilidad de ir más allá ni hacer un estudio sobre la constitucionalidad del acto reclamado, lo que es propio de la sentencia, lo cual fue sostenido en diversos criterios, por citar alguno, la Jurisprudencia número 12, consultable en la página 368, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, Materia(s): Común, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". La excepción a esa regla la desarrolló la jurisprudencia, al establecer que la suspensión participa de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El peligro en la demora implica analizar que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resulten prácticamente inoperantes; se basa en el temor fundado en la configuración de un daño o un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. A partir de ese criterio se ha considerado que es procedente adelantar los efectos de la decisión final, al conceder la suspensión, si es necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos. Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo, prevé que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Que no es otra cosa que la valoración que el juez debe hacer de los antecedentes del hecho y fundamentos de derecho de la pretensión de fondo con los elementos aportados hasta ese momento, sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo. De ahí que el criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipen la decisión final por ser propios de la sentencia, basado en el examen de la apariencia del buen derecho ya no está basado sólo en la jurisprudencia, ahora tiene soporte constitucional y legal. De esta manera se pone de manifiesto la obligación que tiene todo órgano jurisdiccional de amparo, de que siempre y cuando exista interés suspensional del solicitante y materia para la suspensión, realice un análisis de la apariencia del buen derecho. Con lo cual se abandona la idea de que la suspensión solamente tiene efectos conservadores o paralizadores, para pasar a un esquema nuevo, que dependiendo el caso en estudio, puede tener efectos anticipados de aquellos que pudiera tener la sentencia que decida el fondo. Lo anterior no contraviene lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual establece que el juzgado deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, así como tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y establecerá las condiciones en que cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos; sino que está en concordancia con lo previsto en aquél numeral, pues el hecho de que a través de la suspensión se puedan anticipar algunos de sus efectos, no significa que se constituyan en favor del quejoso un derecho que no tenía antes de presentar la demanda; ya que sus efectos son de carácter temporal. Al respecto, en el caso concreto no se advierten elementos suficientes para que este juzgador pueda adelantar una eventual protección constitucional, en virtud de que no es posible dilucidar de forma clara si la parte quejosa se encuentra en alguna clase de riesgo y, por tanto, a que se le otorgue la medida de protección que le impuso el Ministerio Público. Sobre estas premisas, no obstante que se cumple con el requisito a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada, es improcedente conceder la misma para los efectos que refiere la parte quejosa, y por tanto se niega la suspensión provisional de los actos reclamados, por tratarse de actos de naturaleza negativa y de concederla se le estaría dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el fondo se dicte. Lo anterior es así, al no aportarse elementos suficientes que permitieran establecer la actualización del presupuesto relativo al peligro en la demora, cuya existencia hace procedente la realización de un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho; con independencia de la constitucionalidad aparente que pudieran tener los actos reclamados. SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada del presente proveído, previa razón que obre para constancia legal, misma que podrá obtener y recoger en cualquier día hábil, por conducto de quienes designó para tales efectos. Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BEAT STEFAN STRUB, EL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL PRESENTE JUICIO MISMO QUE SE ENCUENTRA ACUMULADO AL 66/2019, PROMOVIDO POR ALEJANDRO OSCOS ALVARADO, QUE DICE... Acapulco, Guerrero; seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alicia del Pilar Avellaneda Romero, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero y Jurisdicción en el Distrito Judicial de Tabares y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 77/2019, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. ACUMULACIÓN Ahora, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que ante este juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 66/2019, formado con la demanda de amparo promovida por Alejandro Oscos Alvarado, en la que se señaló como autoridades responsables al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero y Jurisdicción en el Distrito Judicial de Tabares y a la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Delito de Despojo, en la que se reclama del Juez responsable la resolución de veintinueve de enero del año en curso, dictada dentro del cuadernillo sin antecedentes 05/2019, que determinó cancelar las medidas de protección decretadas en favor de la víctima (aquí quejosa) por el Ministerio Público en la carpeta de investigación 12030280300164061218; y, en el presente asunto se reclama la misma resolución de veintinueve de enero del año en curso, y autoridades responsables, cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P./J. 24/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, cuyo rubro y texto dicen: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así, atendiendo al criterio jurisprudencial que antecede y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, se procede a acumular ambos juicios. INFORME JUSTIFICADO. En razón a lo anterior, no obstante que en el juicio de amparo 66/2019, se haya requerido informes justificados a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, gírense oficios a los que se adjunte copia del escrito de demanda presentada por Alicia del Pilar Avellaneda Romero, a efecto de que estén en aptitud de exponer los fundamentos que estimen pertinentes respecto de la actualización de alguna causal de improcedencia. APERCIBIMIENTOS. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el entendido de que para la celebración de la audiencia constitucional subsiste la fecha señalada en el diverso juicio de amparo 66/2019, la cual se fijó para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. PRUEBA Por otro lado, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que acompañó con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. TERCERO INTERESADO Conforme a lo previsto en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Beat Stefan Strub; por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita para que le notifique esta determinación, en el domicilio ubicado en Cerrada Guadalajara, número 31, Lomas de Costa Azul, en esta ciudad; además, se le habilita para que, si con motivo de la investigación de tal domicilio logra identificar algún otro, se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda, previa razón que para el particular se asiente para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Horario Nelson, número 18, fraccionamiento Costa Azul, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Lenin Braine Dolores Díaz y Lizette González Díaz, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alfredo Nogueda Limones, Juan Iván Valente Pérez, José Armando Castro Pino y Adrián Alejandro García Radilla, por así haberlo solicitado HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por cuanto hace al incidente de suspensión que solicita, en virtud de que en el diverso juicio 66/2019, ya se ordenó su apertura, con copia simple de la demanda de amparo instaurada por Alicia del Pilar Avellaneda Romero, dese cuenta en dicho cuaderno incidental a fin de que se provea sobre el particular. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

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