Alicia del Carmen Sanchez Rangel
Expediente 1598/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Alicia del Carmen Sanchez Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos que sobreseyó en el juicio y se negó la protección constitucional; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/2736/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; de igual manera, se hace constar que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, omitió allegar su informe justificado, aún y cuando estaba legalmente notificada para ello como obra en la constancia de notificación del talón número 61663/2021, que obra en autos. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridade responsables. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención en este asunto. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos de su intención. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 465/2021 0 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido posteriormente a este Juzgado Federal, Alicia del Carmen Sánchez Rangel, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS. --- A.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO COAHUILA DE ZARAGOZA, se reclaman los actos de discusión, aprobación y expedición de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción 1, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio. Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, Tomo CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- B.- DEL H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama la promulgación y ordenar publicar los de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción 1, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166, 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio. Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, Tomo CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- C.- DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama el refrendo de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción I, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166, 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio, Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, TOMO CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- D.- DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS, el refrendo de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción I, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166, 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio. Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, TOMO CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- E.- DEL C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción I, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166, 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio. Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, Tomo CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- F.- DEL C ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION, El cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción I, II, incisos 1), 6), 56 fracciones II, VI, incisos 1), 2), 3), 4), 5),58, 59 fracciones V, X, 60 fracción I, II, incisos 1), 2), 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI, VII, 166, 167, 168, 169 y 170, Tercero Transitorio. Todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. Así también los artículos 12 y 13 del Decreto Extraordinario III, Tomo CXXVII, número 104, de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. --- Preceptos que se reclaman por su primer acto de aplicación contenidos en el pago por derechos registrales que se anexan a la actual demanda de garantías. --- De todas y cada una de las autoridades anteriormente mencionadas de igual manera se reclaman las consecuencias que por hecho y derechos se suscitaron de la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, y dichas consecuencias consisten en la ejecución que se materializo con el recibo oficial de pago que se ofrece como prueba." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto se violaron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1598/2021-VII-C, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. De conformidad con lo establecido en la circular SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 1, 54, fracciones I y II, incisos 1) y 6), 56 fracciones II y VI, incisos 1), 2), 3), 4) y 5), X), 58, 59 fracciones V y X, 60 fracciones I y II, incisos 1), 2) y 3), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI y VII, 166 a 170, Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. 2. La expedición y promulgación de los artículos 12 y 13 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el treinta de diciembre de dos mil veinte. Del Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 3. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio 766294102, 766294131 y 466294164, fechados el trece de diciembre de dos mil veintiuno, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman relativos a la aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Además, la negativa en comento se patentiza respecto del refrendo de la legislación combatida, pues el decreto que contiene las modificaciones impugnadas por la parte quejosa, no fue refrendado por la citada autoridad responsable, ya que dicho acto corresponde únicamente al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y así se encuentra plasmado en la publicación del ordenamiento que se reclama. Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes y decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir sus correspondientes informes justificados, así como las diversas responsables, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, publicación y refrendo de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por otra parte, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado respecto del acto atribuido, pese a que fue legalmente emplazada al procedimiento, como se advierte de la constancia de notificación existente en autos; por lo que, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto atribuido. Es aplicable la tesis sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2044, tomo XVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO OMISO". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la parte quejosa, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Administrador Local de Recaudación de Torreón, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, se desestiman los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegó los recibos electrónicos con números de referencia 766294102, 766294131 y 466294164, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si se trataran de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, los indicados recibos tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." En otro entorno, este juzgador advierte que la referida causal se actualiza por lo que hace a los artículos 1, 54, fracciones I y II, inciso 6), 56 fracciones II y VI, incisos 1), 2), 3), 4) y 5), X), 58, 59 fracciones V y X, 60 fracciones I y II, incisos 1) y 2), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI y VII, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; y el diverso 13 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el treinta de diciembre de dos mil veinte, pues no se acreditó el acto de aplicación de los referidos ordenamientos legales, por las siguientes consideraciones. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, por lo que debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad. La procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, la presencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Pues bien, como quedó precisado en el considerando segundo de este fallo, la parte quejosa reclama diversos ordenamientos que atañen al pago de derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad; ello, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en los recibos de pago de identificados con los números de referencia 766294102, 766294131 y 466294164, correspondientes a la inscripción de transmisión de dominio y modificación de crédito, expedidos por la Administración General de Recaudación; documentales que se adjuntaron a la demanda de amparo. No obstante ello, las referidas documentales únicamente acreditan la incidencia en la esfera jurídica de la parte quejosa, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, así como el artículo 12 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, esto es, el pago de derechos por inscripción de las operaciones mencionadas en el párrafo que precede. En ese sentido, considerando que únicamente se aplicaron los citados preceptos legales, claro es que no se justifica el primer acto de aplicación de los diversos ordenamientos anteriormente señalados, ello, porque dichos artículos se refieren a otros derechos de inscripción de documentos, así como estímulos fiscales, los cuales no aparecen aplicados en los precitados recibos de pago. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, respecto de los artículos 1, 54, fracciones I y II, inciso 6), 56 fracciones II y VI, incisos 1), 2), 3), 4) y 5), X), 58, 59 fracciones V y X, 60 fracciones I y II, incisos 1) y 2), 63 fracción V, 64, 65 fracciones II, IV, VI y VII, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, así como de los artículo 13 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el treinta de diciembre de dos mil veinte. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3ª./J. 9/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 17, que señala lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". En otro entorno, se advierte que respecto a los actos reclamados al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en la refrendo y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento de refrendo y publicación de la norma reclamada en el que tienen participación las autoridades en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del refrendo y publicación atribuida al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Luego, toda vez que no se advierte otra causal de improcedencia, además de que se examinó la propuesta por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Pues bien, la parte quejosa expone, medularmente, los siguientes conceptos de violación: 1) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021 es inalcanzable para algunos sectores vulnerables de la población, bajo el argumento que el legislador local omitió observar que el salario mínimo establecido asciende a $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 70/100 m.n.), por lo que al emitir la norma reclamada se violentó el principio pro persona, establecido en el numeral 1° constitucional. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa. 3) Que los numerales 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021, así como el artículo 12 del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, todos publicados en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, violentan los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, así como el principio de igualdad y no discriminación, establecidos respectivamente en los artículos 1° y 31 fracción IV, de la Constitución, pues aun y cuando se establece una cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, lo cierto es que a través del citado decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, se establece un trato diferenciado al fijar diversos descuentos a la citada cuota atendiendo el valor de la operación contenida en el documento que se inscribe, lo que al final genera que los contribuyentes paguen distintas cuotas por un mismo servicio. Los conceptos de violación se califican inoperantes e infundados. Para demostrar la anterior aseveración y a fin de dotar de claridad la presente sentencia, a continuación se abordará a su análisis en una forma distinta a la propuesta por la parte quejosa. De inicio, debe señalarse que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintiuno, los cuales disponen: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado." "ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Ahora, el también reclamado numeral 12, del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte dispone: "Artículo 12. Se otorga un estímulo fiscal, consistente en un descuento a las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El estímulo a aplicar se determinará tomando como base el valor de la operación, el valor catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba, de acuerdo con la siguiente tabla: Límite inferior Límite superior Estímulo fiscal 0.00 $50,000.00 80% $50,00.01 $100,000.00 75% $100,000.01 $200,000.00 70% $200,000.01 $400,000.00 60% $400,000.01 $700,000.00 45% $700,000.01 $900,000.00 35% $900,000.01 $1´000,000.00 30% Del precepto antes mencionado, se aprecia que el legislador determinó la aplicación de un estímulo fiscal en las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, descuentos que serán calculados de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba. Transgresión a los principios de justicia tributaria. Precisado lo anterior, es infundada la apreciación de la parte promovente del amparo al invocar transgresión a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 31 constitucional, pues los estímulos señalados en el numeral 12, del decreto publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte, no forman parte de los elementos esenciales de la contribución, por lo que no pueden analizarse bajo los principios de justicia tributaria. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que existen dos formas de analizar la constitucionalidad de los estímulos fiscales, la primera es bajo los principios de la justicia fiscal, como es abordado por la parte quejosa, o bien, bajo la luz del derecho de igualdad (lato sensu). Señaló que los estímulos fiscales además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, con la condición que la finalidad perseguida con los estímulos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables cuando el estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución. Sostuvo que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, debido a que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, es decir, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio. Precisó que la característica principal de este tipo de beneficios es que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva, atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir. En cambio, los estímulos fiscales típicos actúan junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica, de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se detrae al contribuyente. Conforme a ello, estableció que la distinción entre ambos estímulos fiscales (los que tienen incidencia en alguno de los elementos del tributo, denominados "con relevancia impositiva" y los que no guardan ninguna relación con ellos, llamados "sin relevancia impositiva") no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones, pues esta situación se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora el esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elementos esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva, porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; sin embargo, no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente. Esta diferenciación es útil para determinar si el presente asunto debe abordarse bajo los principios de justicia fiscal como expresión particular de ciertas garantías individuales (derechos fundamentales), o bien, si se debe sujetar a éstos en una connotación más amplia, porque si el beneficio fiscal mide la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, es idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo; y si el estímulo no está inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, es lógico que no puede apegarse a los principios de justicia tributaria, porque no se logrará su adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de beneficios fiscales surgen con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución. Luego, con el objeto de demostrar lo infundado del concepto de violación que se atiende en el sentido que la situación surgida con la creación del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, no puede ser analizada bajo el principio de justicia tributaria, resulta necesario definir cuáles son los elementos esenciales del derecho reclamado, para de esa forma evidenciar que los estímulos fiscales establecidos en el artículo 12 del decreto citado, son totalmente ajenos a la mecánica de su cuantificación, y que por ello no le son aplicables los principios de justicia fiscal de proporcionalidad y equidad tributaria que alega la parte quejosa. Así, tenemos que como elementos esenciales de los tributos, se han definido el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Ahora bien, conforme a la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en lo relativo a los derechos de inscripción tildados de inconstitucionales, dichos elementos se pueden definir de la siguiente forma: a) Sujeto: Los gobernados que soliciten del Registro Público de la Propiedad el servicio de inscripciones de los documentos señalados en los numerales 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte. b) Objeto: La inscripción que se realiza en el Registro Público de la Propiedad de las inscripciones de los documentos señalados en los numerales 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte. c) Base: Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una de las inscripciones que como servicio se realicen en el referido Registro Público de la Propiedad. d) Tasa o tarifa: Corresponde en todos los casos a una cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). e) Época de pago: Ésta será, por tratarse de un derecho, previo a la prestación del servicio, porque se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado. Luego, el estímulo fiscal contenido en el artículo 12, del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte, señala la aplicación de un descuento en las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, estímulos que serán calculados de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba. En atención a lo anterior, contrario a lo que señala la parte quejosa el hecho de que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador haya determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, estímulo este que para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo anterior, es que se considera que la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador, y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues como se ha señalado en la presente determinación, el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho, por lo que no es posible realizar un análisis de los principios de justicia tributaria respecto al estímulo, precisamente porque éste no incide en la mecánica para la determinación del derecho. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 1032, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165028, que dice: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto". De igual forma, por identidad jurídica, la diversa 2ª./J.185/2010, emitida por la propia Segunda Sala, localizada en la página 497, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, de la Época y Semanario en consulta, con registro número 163343, que señala: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales." Transgresión al principio de igualdad. No obstante lo anterior, si bien al artículo 12 del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, no le son aplicables los principios de justicia tributaria, éste no queda exento del escrutinio constitucional; por lo que, atendiendo a la causa de pedir expresada por la parte quejosa con relación a la justificación y finalidad de la distinción establecida en la norma reclamada, se procede a realizar un estudio constitucional a la luz del derecho fundamental de igualdad. En efecto, es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. Sólo en el caso de que las disposiciones legales que se reclamen en forma destacada no correspondan al ámbito específico de aplicación del principio de equidad tributaria, los argumentos en que reclaman la existencia de un trato diferenciado entre dos personas o grupos deben analizarse en un contexto más amplio, esto es, a la luz del diverso de igualdad, excepción hecha de que la distinción se base en una de las categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1° constitucional, pues en ese caso siempre se procederá al pronunciamiento en relación con el derecho de igualdad. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 97/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 231, registro digital 173569, de rubro y texto: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad." El derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional, del cual se advierte que el derecho humano de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Ahora, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 516/2015 conforme a la luz del principio de generalidad, los beneficios fiscales -como las exenciones, las condonaciones, los estímulos fiscales, los créditos fiscales para disminuir cargas tributarias, entre otros- no constituyen una regla general en nuestro sistema tributario, sino son excepciones aceptadas constitucionalmente, pero restringidas por la necesidad de satisfacer otros objetivos tutelados en la Constitución General. Asimismo, señala que a la luz del principio de generalidad tributaria, la carga argumentativa al momento de legislar sobre estímulos fiscales, no debe pesar sobre las razones por las que se limita ese beneficio; pues, bastará que el legislador y, en el caso que nos ocupa, el ejecutivo estatal, haya expuesto los motivos por los que consideró válido hacer tal limitación, para considerar que la medida fue adecuada. Esto, porque los contribuyentes no gozan de un derecho constitucional a los estímulos fiscales, sino que éstos se gestan como excepciones a su carga fiscal de contribuir con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía nacional. Cabe precisar para el caso específico que, a diferencia del legislador, el ejecutivo si bien no cuenta con facultades para configurar el sistema tributario sustantivo y adjetivo; no menos cierto es, que sí cuenta con facultades para conceder estímulos fiscales, como excepciones aceptadas constitucionalmente, pero restringidas por la necesidad de satisfacer otros objetivos tutelados en la Constitución General; y, en ese sentido, también cuenta con libertad configurativa respecto de dichos estímulos. En consecuencia, es inconcuso que, para no vulnerar la libertad política del ejecutivo en la concesión de estímulos fiscales, las posibilidades de injerencia de este órgano jurisdiccional son menores. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 510, registro digital 2016133, de rubro y texto: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. El test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado; en segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa: a) persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin; y, c) sea proporcional. Ahora, en materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables." Se invoca la tesis 1a. CIX/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 181, registro digital 163818 de rubro y texto: "ESTÍMULOS FISCALES ACREDITABLES. SU OTORGAMIENTO IMPLICA DAR UN TRATO DIFERENCIADO, POR LO QUE EL AUTOR DE LA NORMA LO DEBE JUSTIFICAR, SIN QUE SEA NECESARIO APORTAR RAZONES SOBRE LOS CASOS A LOS QUE NO SE OTORGA EL BENEFICIO RESPECTIVO. Al establecer un trato diferenciado en materia de beneficios fiscales, como lo son los estímulos acreditables que se otorgan con ese carácter, el autor de la norma respectiva debe proporcionar justificaciones, motivos o razones. En efecto, si nos encontramos ante créditos fiscales que conceden estímulos, que promocionan ciertas conductas, que no se otorgan por razones estructurales, sino que son el vehículo para el otorgamiento de determinados beneficios, que no resultan exigibles constitucionalmente, y que de algún modo están en tensión con las implicaciones del principio de generalidad tributaria, ello tiene implicaciones en lo que se refiere a las razones que debería ofrecer el legislador al justificar el otorgamiento del estímulo fiscal en comento. De esta forma, resulta radicalmente distinto acercarse al tema de la motivación legislativa en los casos en los que el gobernado denuncia que la legislación ordinaria establece un trato diferenciado que tiene como efecto privarle de un derecho constitucionalmente tutelado, restando a la esfera jurídica del quejoso, que en aquellos en los que el trato diferenciado se reduce a otorgar beneficios a terceros. Si, como ha sostenido esta Sala, lo ordinario no es la exención o, para el caso, el otorgamiento del beneficio fiscal, sino la causación y cálculo del gravamen en los términos legales, la carga justificatoria -la carga argumental al momento de legislar- no debe en estos casos pesar sobre las razones por las que no se establece el gravamen -o bien, sobre las razones por las que no se otorga el estímulo- pues tales extremos no son sólo "ordinarios" o "esperados", sino que son demandados por la propia Constitución, al derivar del principio de generalidad en la tributación. En tales circunstancias, bastará que el legislador justifique por qué otorga el crédito para determinados casos, sin que pueda obligársele a precisar las razones por las que no lo hizo en los restantes, pues no debe pasarse por alto que la persona o personas que no cuentan con el estímulo otorgado por el legislador, no están pagando una obligación fiscal excesiva o desajustada en relación con la capacidad contributiva que legitima la imposición del gravamen, y que sirve de medida para su determinación en cantidad líquida. Así, se aprecia que la situación ordinaria a la luz de lo dispuesto por la Constitución es no contar con la medida de minoración promotora de ciertas conductas. Por ello, si algo debe justificar el legislador cuando establece exenciones, o cuando autoriza beneficios y estímulos acreditables, son las razones por las que se siente autorizado a introducirlos en la legislación fiscal, pues se erigen en excepción al programa constitucional, al hacer que determinadas manifestaciones de capacidad, idóneas para contribuir al levantamiento de las cargas públicas, dejen de hacerlo." Asimismo, también resulta aplicable la tesis 1a. CII/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 223, registro digital 2015028, de rubro y texto: "ESTÍMULOS FISCALES. LOS CONTRIBUYENTES NO GOZAN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL A BENEFICIARSE DE ELLOS. En atención al principio de generalidad tributaria, para legislar en materia de beneficios fiscales, la carga argumentativa no debe pesar sobre las razones por las que se limita ese beneficio, pues basta que el legislador haya expuesto por qué consideró válido hacer tal limitación, para considerar que la medida fue adecuada dado que los contribuyentes no gozan del derecho constitucional a los estímulos fiscales, sino que éstos se gestan como excepciones a su carga fiscal de contribuir, con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía nacional." Así, al efectuar un test de proporcionalidad a los estímulos establecidos en el decreto mencionado, únicamente se deberá verificar que persigan dos elementos: a) Una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, constriñendo tal situación, solamente a determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad. b) Que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Una vez precisado lo anterior, se considera que el decreto en controversia, sí tiene una finalidad constitucionalmente válida. Se estima de esa forma porque la expedición del decreto de estímulos fiscales tiene como fin establecer mecanismos para no afectar la economía de la población de escasos recursos, con el objetivo de activar la economía de los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, dicha finalidad se encuentra plasmada de la siguiente forma: "[.] Que el Gobierno del Estado, procurando que los coahuilenses cuenten con una mayor calidad de vida, que se sigan generando empleos por el establecimiento de nuevas empresas, continúa otorgando estímulos fiscales para no afectar la economía de la población de escasos recursos. [.] Que a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regulación de tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorga un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por el Instituto Registral y Catastral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, referidos a la tarifa de inscripción relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como toda clase de créditos, previstos en la fracción II del artículo 54, así como en la fracción II del artículo 60 de la Ley de Hacienda." Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los estímulos fiscales previstos en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, se otorgaron con la finalidad de apoyar a los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables, es decir, persigue un fin constitucionalmente legítimo; asimismo, constituye un medio apto y adecuado para conducir al fin que el legislador quiere alcanzar -no afectar la economía de la población de escasos recursos-, es decir, existe una relación de instrumentalidad entre la medida y el fin pretendido. En tales consideraciones, el Decreto reclamado no transgrede el principio de igualdad, protegido en el artículo 1° de la Constitución Federal, de ahí lo infundado del concepto de violación. Transgresión al principio de proporcionalidad al establecer la cuota para el pago de derechos por servicio de inscripción de documentos. Por otra parte, es inoperante el argumento de la parte quejosa referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, la parte quejosa fue omisa en aportar medios de convicción a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos 766294102, 766294131 y 466294164, las cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que se haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta la parte quejosa su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." Cuota inalcanzable para algunos sectores de la población. Por último, resulta inoperante el argumento de la parte promovente en cuanto a que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para el ejercicio 2021 es inalcanzable para algunos sectores vulnerables de la población, bajo el argumento que el legislador local omitió observar que el salario mínimo establecido asciende a $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 70/100 m.n.); lo anterior, pues la inconstitucionalidad de los citados preceptos la hace depender de situaciones o circunstancias hipotéticas, es decir, se tratan de manifestaciones genéricas. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 43, registro digital 183118, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa fueron calificados como inoperantes e infundados, es que, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Alicia del Carmen Sánchez Rangel, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alicia del Carmen Sánchez Rangel, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Hecho notorio. No ha lugar a admitir como prueba el hecho notorio de las resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en los diversos amparos indirectos en revisión que refiere, ya que el mismo no es un derecho de las partes en el procedimiento del juicio de amparo, sino una facultad del órgano jurisdiccional que, en el caso, no aplica cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí que, si la autoridad ocursante intervino como parte en los múltiples juicios que precisa como hecho notorio, por ende, le corresponde la obligación de gestionar y requerir directamente a la autoridad correspondiente la expedición de los documentos o información que pretende ofrecer en este juicio de amparo, pues en términos del artículo 117, quinto párrafo de la Ley de la materia, la autoridad responsable debe exhibir las constancias que apoyen las aseveraciones de su informe justificado; en consecuencia, no se acuerda de conformidad el ofrecimiento del hecho notorio invocado por la autoridad ocursante. Medios de contacto. Atento a su contenido, ténganse al compareciente por señalando el número de teléfono 8445345211; lo anterior, para que se tengan como medios especiales y expeditos de contacto durante la emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obra el informe justificado de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, ni el acuse relativo al oficio en el que se le pidió. Sin que en el caso haya lugar a requerir al Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que informe el trato dado a las piezas postales enviadas, pues a la fecha, no ha transcurrido tiempo que se considere suficiente para que las mismas sean entregadas a su destino y, éstas a su vez, sean devueltas a este órgano jurisdiccional. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós. Notifíquese.
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