ALICIA DE LA TORRE VALENTÍN y Otros.
Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Raúl Gómez de la Torre
- ALICIA DE LA TORRE VALENTÍN y Otros.
- Alicia de la Torre Valentín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO."
- Principal
Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; .". El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido en contra de un acto que emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y con posterioridad se pronuncie una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el acto que la parte quejosa atacó en primer término y, por ello, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de este último, sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí que para la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica en que se encontraba el acto que reclamó en el juicio de amparo. III. Que debido a esa nueva determinación, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, a nada práctico conduzca en virtud de la nueva situación creada. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Puede consultarse sobre el tema, la tesis aislada 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso, como se indicó, la parte quejosa reclama la resolución del recurso de revocación de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************, la cual confirmó el auto de treinta de mayo del presente año, en el que se decretó la caducidad del incidente de oposición a la rendición de cuentas del albacea, presentada por los quejosos. No obstante, los accionantes del amparo manifestaron bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable emitió un diverso acuerdo en data veintidós de agosto del año en curso en el que dio por concluida la tercera etapa del juicio sucesorio de origen. Manifestaciones vertidas por la parte promovente en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En efecto, en el juicio sucesorio intestamentario de origen, la autoridad responsable confirmó el auto en el que se decretó la caducidad del incidente de oposición a la rendición de cuentas del albacea, presentada por los quejosos; determinación en contra de la cual los aquí quejosos promovieron el presente juicio de amparo. Sin embargo, la propia parte quejosa, en su escrito de demanda, informó que el veintidós de agosto del año en curso, la responsable emitió un acuerdo en el que dio por concluida la tercera sección de la sucesión (etapa dentro de la cual se promovió el incidente de oposición de cuentas cuya caducidad constituye el acto reclamado). En este contexto jurídico, y tomando en consideración que la sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, compuesto de cuatro etapas: 1. La sucesión; 2. La de inventarios; 3. La de administración, y; 4. La de partición. Siendo la última sección con la que finaliza el juicio sucesorio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. Luego, si de conformidad con los criterios que a continuación se citarán, solo la sentencia de adjudicación tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, en tanto que el amparo indirecto procede contra las resoluciones que deciden el fondo de las tres primeras etapas, pudiendo reclamarse las violaciones procesales acontecidas dentro de la propia etapa. Los criterios a los que se hace referencia son los siguientes: Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 187-192, cuarta parte, página 231, registro 240224, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACION TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Criterio cuyos alcances fueron ampliados en la tesis I.3o.C.439 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, enero de 2004, página 1546, registro 182385, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Luego, resulta evidente que, en relación con el acto reclamado, ha cambiado la situación jurídica, pues al haberse emitido el auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el que se dio por concluida la tercera etapa del juicio sucesorio de origen, este fallo es el que regula la actual situación legal de la sucesión, por lo que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado que se gestó dentro de esa etapa ya declarada concluida, sin afectar su nuevo estado jurídico. De modo que este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por los justiciables, habida cuenta que no podría concederse la protección federal solicitada, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución que dio por concluida la tercera sección del juicio sucesorio. Aunado a que existe una autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, con lo que se satisfacen los requisitos para la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que la anterior decisión deje en estado de indefensión al quejoso, ya que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se desprende que interpuso medio de defensa en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés que declaró concluida la tercera sección del juicio sucesorio; de ahí que, de serle desfavorable, está en aptitud de promover juicio de amparo en contra de la misma, en el que puede alegar como violación procesal la resolución de la que aquí se duele. Se ordena generación de versión pública de resolución. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin que presente una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Precise de manera clara y concreta cuál es el acto reclamado, lo anterior, ya que si bien en el capítulo respectivo señala que es la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario C-288/2020, la cual confirmó el auto de treinta de mayo del presente año, en el que se decretó la caducidad del incidente de oposición a la rendición de cuentas del albacea, presentado por los quejosos; sin embargo, de la narración de sus antecedentes se desprende que con posterioridad a la resolución reclamada el juez responsable emitió un auto en el que se tuvo a los herederos por conformes de la cuenta general de la administración rendida y se dio por concluida la tercera sección de la mencionada sucesión; de ahí, que deberá aclarar cuál es el acto del que se duele, esto es, si se duele de la resolución de dieciséis de agosto del presente año, o bien, si lo que pretende es reclamar el acuerdo de veintidós de agosto del año que transcurre, en el que se dio por concluida la tercera sección del juicio de origen y como violación procesal la resolución del recurso de revocación al que hizo referencia, o en su defecto, cuál es la resolución de la que se duele. Asimismo, deberá indicar, bajo protesta de decir verdad, el estado procesal del recurso de revocación que interpuso en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. De no cumplir con los anteriores requerimientos, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. V. Domicilio y autorizados. Como lo solicita téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a ********************por encontrarse su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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