Alicia de la Cruz Martinez

Expediente 939/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
939/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Alicia de la Cruz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ALICIA DE LA CRUZ MARTÍNEZ, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 939/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, a efecto de proveer lo procedente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, es relevante tener en cuenta lo dispuesto el artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto anterior se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]." De las normas transcritas se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del arábigo 5º de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho precepto también establece que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo; que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan un menoscabo común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con lo anterior, ambos tipos de interés participan de cuatro elementos o rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, a saber: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, puede ser en lo individual o un grupo de personas; b) Poder de exigencia del titular: tratándose del jurídico es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio, mientras que en el legítimo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) Norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad; sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, página 1807, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Dicho principio consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal o por cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permite expresamente (numeral 6º). En ese orden de ideas, conforme a esos dispositivos la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de una ley o acto de autoridad, que transgreda los derechos previstos en el arábigo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por esa razón, se ha arribado a la conclusión de que aquel que carezca de interés jurídico puede acudir al juicio de amparo en virtud de un interés legítimo, el cual se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparezca al proceso, sin que requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, si dicha persona cuenta con ese interés, se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Así, ante la diversidad de interés que los gobernados pueden alegar en virtud del interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos que ha emitido, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, que corresponde a los juzgadores establecer qué derechos puede ser reclamados por los gobernados en virtud del interés legítimo y qué actos, aunque en forma indirecta, generen una afectación a sus intereses, que deban reclamarse a través de los mecanismos que el sistema democrático ha creado para tal afecto. (..) Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción iuris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés legítimo; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración. Ahora, en el caso que nos ocupa, se tiene que Alicia de la Cruz Martínez, por derecho propio, reclama lo siguiente: "[.] La inconstitucional orden, autorización, permiso y/o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, avenida universidad y carretera Federal No. 175 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca; derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado/" en el km 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal". El indebido e ilegal derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, avenida universidad y carretera Federal No. 175 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca; derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado/" en el km 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal" sin cumplir con todas y cada una de las normas aplicables para la conservación y cuidado del medio ambiente. [.]" (sic) Así, la promovente aduce que cuenta con interés legítimo para acudir a la presente vía, pues dice ser habitante del Municipio de Oaxaca de Juárez, como lo pretende demostrar con la copia fotostática de la credencial para votar expedida a su favor; y además, como vecino del aludido municipio, asegura transitar por la carretera troncal "175" que comprende la avenida Símbolos Patrios con sus intersecciones con la Avenida Universidad, el cual refiere ser su paso diario para la realización de sus actividades cotidianas, ya que su domicilio se encuentra a novecientos metros aproximadamente. Y por ende, dice que con los actos reclamados las autoridades responsables perjudican su derecho objetivo al medio ambiente, concretamente, a que las autoridades actúen cuidando, preservando y restaurando el equilibrio ecológico. Bajo ese contexto, se tiene que, contrario a lo sostenido por la promovente, no queda acreditado el interés legítimo que aduce, pues no se advierte que se ubique en una situación especial frente al ordenamiento legal que lo coloque en una situación jurídica identificable, ya que no se aprecia un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la promovente, que le permita estar en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad que habita el municipio de Oaxaca de Juárez, en el que dice tener su domicilio; pues lo que reclama en el presente juicio de amparo no se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, ya que alega una afectación genérica a la sociedad que comprende el municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que la sentencia concesoria que, en su caso, se dictara no tendría el alcance de representarle un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica. Esto es así, pues realiza su reclamo desde la perspectiva que como parte de la comunidad que habita el municipio de Oaxaca de Juárez, tiene el objetivo al medio ambiente, concretamente, a que las autoridades actúen cuidando, preservando y restaurando el equilibrio ecológico; sin embargo, tales alegaciones implican un interés simple, pues se trata de un reclamo genérico que afecta a la sociedad que integra Oaxaca de Juárez, sin que se pueda evidenciar que el acto reclamado le cause una afectación directa o indirecta en su esfera jurídica real, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional no implicaría la obtención de un beneficio determinado. Máxime que no podría aducirse una afectación directa o indirecta en sus derechos humanos como consecuencia de los actos reclamados, pues del contenido de la copia simple de su credencial para votar, misma que anexa a su escrito de demanda, se aprecia tiene su domicilio en "C GUADALUPE VICTORIA 377 COL. MIGUEL ALEMÁN 68120, OAXACA DE JUÁREZ"; lugar distinto al en que refiere se llevará a cabo el acto reclamado, es decir, en Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel. De ahí que, si bien es verdad que la reforma del artículo 107 constitucional de junio de dos mil once, abrió la posibilidad de acudir a la instancia constitucional la figura del interés legítimo, no se trata de una apertura absoluta, pues debe acreditarse algo más que un interés simple, entendido éste como el de cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, sino más bien, uno que jurídicamente resulta relevante, que se traduzca en un beneficio directo o indirecto para el quejoso. Lo anterior, porque quien impugna un acto en virtud de un interés legítimo no ha de limitarse a pretender la anulación de un acto y/o omisión de autoridad, ya que primero debe lograr el reconocimiento de una situación jurídica concreta que le resulta benéfica y que con el acto de autoridad ésta se ve lesionada, por lo que es indispensable que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa quede demostrada, ya que de lo contrario, como en el caso concreto, la acción intentada resultará improcedente al tratarse de un interés simple, que podría reclamar cualquier habitante del municipio de Oaxaca de Juárez, sin obtener un beneficio concreto y real sobre su esfera jurídica. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Agosto de 2016, Tomo 1, página: 822, registro: 2012364, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.- La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, la parte promovente no evidencia ni señala en forma alguna cómo el acto reclamado irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o colectiva, en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, afirmando que tales actos violan su derecho objetivo a que las autoridades actúen cuidando, preservando y restaurando el equilibrio ecológico. Sin embargo, no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloquen en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitimen para promover el juicio de amparo, pues ni siquiera refiere cuál es la afectación que se traslada hasta su esfera particular de derechos causándole un daño actual y real. De ahí que el acuerdo impugnado, no produce en modo alguno una afectación en la esfera jurídica del promovente, que haga procedente el juicio de amparo, a pesar de que se invocó un interés legítimo, ya que para tener por configurado un interés de tal naturaleza se requiere de una afectación por lo menos indirecta- dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad en la esfera jurídica del particular, como lo exige la propia norma constitucional; puesto que de permitir que la actuación de las autoridades responsables sea sometido a control constitucional por el gobernado inconforme, por el sólo hecho de manifestar interés legítimo pondría en tensión la naturaleza democrática de nuestra forma de gobierno. De modo que si la pretensión de la promovente no se basa en una situación específica que se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. El espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto, como es el caso. El interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de un derecho fundamental violado -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Entonces, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. Dado que en el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado, lo que en este asunto no se refleja, ni la quejosa señaló un beneficio inmediato o mediato que obtendría con la regulación del acto reclamado, pues únicamente alega una afectación genérica como habitante del municipio de Oaxaca de Juárez y, en concreto, por circular en la avenida Símbolos Patrios durante el trayecto hacia la realización de sus actividades diarias. (.) Por tal motivo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, como autorizado para ello a la persona que refiere, señalando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .. Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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