Alicia Colmenares Carreño
Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alicia Colmenares Carreño y Otros.
- Alicia Colmenares Carreño
- Joel Colmenares Jarquín
- Joel Colmenares Jarquín y Otros.
- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
PRAL 612/2021 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese un oficio de la secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el que acusa recibo del diverso oficio 4858/2022, que contiene la transcripción del acuerdo dictado el veintitrés de febrero del año en curso y por el que se le remitió a) el toca civil 3/2021, de su estadística, b) expediente 80/2018, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca y c) dos cuadernos de prueba relativos a este último expediente; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 612/2021 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el diecinueve de enero del año en curso, firmada y autorizada el veintiocho de enero siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Destino del incidente de suspensión. Del auto de seis de julio de dos mil veintiuno se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 7. Devolución de documentos a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió: - El toca civil 3/2021, de su estadística. - Expediente 80/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca; y, - Dos cuadernos de prueba relativos al citado expediente 80/2018. Que obran en tomos por separado; por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 612/2021 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 1. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el día de hoy causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, acuerdo del que se agrega copia a este expediente; por tanto deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en interlocutoria dictada el veinte de julio de dos mil veintiuno. 2. Archivo. Como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos, ni asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del incidente de suspensión (depurable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 4. Duplicado de incidente (destruible). Se precisa que por interlocutoria dictada el veinte de julio de dos mil veintiuno se acordó lo procedente al destino del duplicado del incidente de suspensión (destruible). 5. Instrucción a la Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del original del incidente de suspensión obre la leyenda de que este último es depurable y en el duplicado, destruible y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A AL PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 612/2021 MESA 2 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 612/2021; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad que se precisarán en el considerando relativo. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Prevención. Por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 612/2021 y se previno a la parte quejosa, para que, bajo protesta de decir verdad, señalara los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. 2.2. Admisión. Previo cumplimiento a ese requerimiento, en diverso acuerdo de seis de julio del año próximo pasado se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 2.3. Emplazamiento. El seis de septiembre y once de octubre de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a esta instancia de amparo a Esteban Colmenares Carreño y Francisca Ramírez de Colmenares, quienes por escritos recibidos el veintiséis de octubre último se apersonaron a este medio de defensa extraordinario, siendo necesario aclarar que en el ocurso respectivo (folio 13813), la última de las personas mencionadas señaló que su nombre es Francisca Ramírez Carreño; previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto se reclama de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por los quejosos y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo es: La resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 03/2021, en la que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, así como la apelación adhesiva interpuesta por Esteban Colmenares Carreño o Esteban Marcos Colmenares Carreño, a) se revocó la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada por la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el expediente 80/2018, relativo a la acción plenaria de posesión y b) se ordenó reponer el procedimiento, en virtud de la existencia de litisconsorcio activo, para el efecto de que se llame a deducir el derecho que le asiste a la coposeedora Francisca Ramírez de Colmenares. Lo que reclaman de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del magistrado presidente, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama. Al respecto, señaló que con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno se dictó resolución en el toca civil 03/2021, en la que se revocó la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada por la juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el expediente 80/2018, relativo a la acción plenaria de posesión o publiciana. Como justificación a su informe, remitió a) el toca civil 3/2021, de su estadística, b) expediente 80/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca y c) dos cuadernos de prueba relativos a este último juicio, que obran en tres tomos por separado. Cuarto. Antecedentes del asunto. Previamente se procede a establecer los antecedentes del acto reclamado, que se advierte de lo expuesto por la parte quejosa en la demanda de amparo, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, como justificación a su informe, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haberse expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los diversos numerales 129, 197 y 202 del referido ordenamiento legal; de los que, en lo sustancial, se desprende lo siguiente: I. En escrito fechado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, Esteban Colmenares Carreño demandó en la vía ordinaria civil de acción plenaria de posesión o publiciana a Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, respecto del bien inmueble ubicado en el lugar conocido como El Mangal o El Huizache, en la jurisdicción de la Agencia de Policía, perteneciente al Municipio de Baranca Larga, Ejutla de Crespo, Oaxaca (fojas 2 a 8 del tomo anexo II). II. Mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca admitió a trámite dicho juicio civil y lo registró bajo el número 80/2018 (fojas 1 y 25 a 28 del tomo anexo II). III. Seguido el juicio en sus trámites legales, en sentencia definitiva de veintiuno de enero de dos mil veinte, el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca declaró que el actor Esteban Colmenares Carreño o Esteban Marcos Colmenares Carreño tenía mejor derecho que los demandados Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, para poseer la fracción de terreno que se ubica actualmente en el lugar denominado El Mangal o El Huizache, en la jurisdicción de la Agencia de Policía, perteneciente al Municipio de Baranca Larga, Ejutla de Crespo, Oaxaca (fojas 190 vuelta a 205 del tomo anexo II). IV. Inconforme con la anterior resolución, los demandados Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño interpusieron recurso de apelación, formándose el toca civil 03/2021 (foja 207 del tomo anexo II), medio de impugnación al que se adhirió el actor Esteban Colmenares Carreño (foja 230 del tomo anexo II), en el cual, por resolución emitida el doce de mayo de dos mil veintiuno (fojas 253 a 258 del tomo anexo II), la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: a) Revocó la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte dictada por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el expediente 80/2018, relativo a la acción plenaria de posesión o publiciana; y, b) Ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que la citada autoridad judicial llame a juicio a deducir el derecho que le asiste a la coposeedora Francisca Ramírez de Colmenares y sea oída en el procedimiento, con la finalidad de que se emita una sentencia válida y completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Quinto. Causa de improcedencia. En este juicio no se advierten motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . En vía de conceptos de violación, los quejosos, esencialmente, alegan que el acto reclamado lesiona sus derechos fundamentales, en virtud que al ordenar reponer el procedimiento y llamar a juicio a deducir el derecho que le asiste a la coposeedora Francisca Ramírez de Colmenares o Francisca Ramírez Carreño, la Sala responsable dilata el procedimiento, sin que exista fundamento para ello (lo que adujeron en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio). Resulta infundado ese concepto de violación, puesto que, en el caso concreto, derivado de que los coposeedores del bien inmueble que se reclama están unidos por el mismo derecho de posesión, surge la existencia de un litisconsorcio activo necesario. El artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca establece lo siguiente: "Artículo 15.- El comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario, o ley especial. No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitros el negocio, sin consentimiento unánime de los demás condueños". Del artículo transcrito se obtiene que cuando se ejerza la acción restitutoria, ésta puede ser ejercida por el dueño o por todos los copropietarios o coposeedores del bien común, una parte de ellos o uno solo; situación en la que, cuando una parte o solo uno de los copropietarios o coposeedores accione la función jurisdiccional de reivindicación o restitución, el juzgador tiene la obligación legal de llamar al resto de los copropietarios o coposeedores al juicio. En ese sentido, la institución jurídica de litisconsorcio surge de la relación sustancial única e indivisible para varios sujetos, que produce que cualquier declaración, modificación, adición y su extinción, sólo puede ser efectuada con eficacia, con la vinculación de todos los integrantes de la relación jurídica en el proceso jurisdiccional y, con ello, resolver el litigio en cuanto al fondo, otorgando garantía de audiencia a todos los litisconsortes. Ilustra lo anterior, la tesis aislada I.4o.C.31 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cuatro, marzo del dos mil catorce, tomo II, localizable en la página mil ochocientos diecinueve, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONCEPTO. El litisconsorcio necesario es una institución que surge ante la existencia de una relación sustancial única e inescindible para varios sujetos, que produce que cualquier declaración, modificación, adición, y especialmente su extinción, por cualquier motivo, sólo puede ser efectuada con eficacia, con la vinculación de todos ellos al proceso en que esa relación jurídica común se somete a un litigio jurisdiccional, y por esa razón, la falta de tal vinculación impide la formación válida de la relación jurídica procesal, y con ello, la posibilidad jurídica de resolver el litigio en cuanto al fondo. El ejemplo de litisconsorcio necesario, por antonomasia, es el que surge ante la defensa de la copropiedad, cuando se pretende la nulidad de una escritura pública respecto de un bien que pertenece pro-indiviso a varias personas, o cuando se demanda la división de la cosa común o la venta de ésta, por no admitir cómoda división ni existir acuerdo para que se adjudique a uno de los copropietarios, porque en esos casos, la cuestión jurídica que se dilucida en el juicio afecta a todos los copropietarios, por lo que no puede dictarse sentencia válida, si no están vinculados al proceso todos los litisconsortes. También es el caso en que se demanda la nulidad de un contrato de compraventa, hipótesis en la cual no es factible resolver la controversia, sin llamar a la parte vendedora y a la compradora, pues en virtud de la relación de estrecha comunidad en que se encuentran inmersos los contratantes, han de obtener, necesariamente, una misma sentencia, pues no es posible que el acto sea válido para alguno de los contratantes y nulo para el otro." En la resolución impugnada, la Sala responsable, para revocar la sentencia apelada y ordenar reponer el procedimiento, determinó, esencialmente, los tópicos siguientes: - En escrito fechado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, Esteban Colmenares Carreño demandó, en la vía ordinaria civil de acción plenaria de posesión o publiciana, a Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, respecto del bien inmueble ubicado en el lugar conocido como El Mangal o El Huizache, en la jurisdicción de la Agencia de Policía, perteneciente al Municipio de Baranca Larga, Ejutla de Crespo, Oaxaca. - Para acreditar el justo título para poseer el referido bien inmueble motivo de la controversia, el actor exhibió copia certificada de un contrato privado de compraventa fechado el veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, celebrado entre Andrés Colmenares, como vendedor y Esteban Colmenares Carreño, quien compró para sí y su esposa Francisca Ramírez de Colmenares, una fracción de terreno ubicado en la población de Barranca Larga, denominado El Mangal. - Por lo anterior, se evidenciaba que dicho bien inmueble es coposeído tanto por el actor como por Francisca Ramírez de Colmenares, quien en el referido título se advierte es su cónyuge, lo que, dijo, se equipara al régimen de copropiedad para efectos de ejercer la acción plenaria de posesión o publiciana. - En ese sentido, la acción intentada por Esteban Colmenares Carreño puede favorecer o perjudicar a Francisca Ramírez de Colmenares como coposeedora del bien inmueble controvertido, en virtud de la existencia de un litisconsorcio activo necesario, razón por la que se debe llamara de oficio a esta última en cualquier etapa del juicio, para que la sentencia que se dicte sea válida para todos los interesados y comparezcan al procedimiento a deducir sus derechos. - En consecuencia, en virtud que se advierte que en el juicio natural hubo un litisconsorte que no fue llamado al mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, la Sala responsable resolvió revocar la sentencia apelada y ordenar reponer el procedimiento, para el efecto de que el juez de primer grado llame a deducir el derecho que le asiste a Francisca Ramírez de Colmenares, y sea oída en el procedimiento, a fin de que, en su oportunidad, se dicte una sentencia válida y completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. Una vez que se ha conocido a plenitud los antecedentes de la sentencia de segundo grado e incluso de las consideraciones que le dan sustento, cabe señalar que la misma se encuentra ajustada a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que, efectivamente, se coincide con la responsable que, en el caso, se actualiza la figura procesal de litisconsorcio activo y, por ende, se hace necesario ordenar la reposición del procedimiento natural, sin que ello implique desde luego infracción alguna a la diversa garantía de acceso a justicia pronta y expedita que se consagra en el artículo 17 de la Carta Magna. En efecto, el actor en la acción plenaria de posesión, aquí tercero interesado, Esteban Colmenares Carreño, exhibió como documento fundatorio el contrato de compraventa fechado el veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, en el que consta que este último adquirió para sí y para su esposa Francisca Ramírez de Colmenares (quien se apersonó a este juicio de amparo con el nombre de Francisca Ramírez Carreño), la propiedad del inmueble cuya restitución reclama, por lo que ambos tienen el carácter de compradores. Consecuentemente, el derecho en que se funda la acción plenaria de posesión ejercida se sustenta en una coposesión. De ahí que, en términos del referido artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, se le permita al coposeedor deducir las acciones relativas a la cosa común, sin necesidad de tener el consentimiento unánime de los demás coposeedores, salvo pacto en contrario o ley especial; en el entendido de que la autorización del ejercicio del derecho de un coposeedor no es sobre una parte determinada de la cosa común, sino respecto de toda ella, en beneficio también de los demás coposeedores. Luego, la acción plenaria de posesión puede ser ejercida por todos los coposeedores, una parte de ellos, o uno sólo, porque es principio elemental del régimen de comunidad que el dominio de cada uno de los interesados sea en todo; y el fallo mediante el cual se resuelve dicha acción afecta a todos los coposeedores, con independencia de que sólo uno o una parte de ellos haya ejercido la acción relativa. No obstante lo anterior, cuando se demanda la restitución de un bien cuyo derecho deriva de una coposesión, surge la existencia de un litisconsorcio activo necesario, en tanto que todos los coposeedores están unidos por el mismo derecho de posesión. Consecuentemente, ante la existencia del litisconsorcio activo necesario, el juzgador debe llamar oficiosamente, en cualquier etapa del juicio, a todos los coposeedores para que, al igual que en el litisconsorcio pasivo, la sentencia que se dicte sea válida para todos los interesados y comparezcan al procedimiento para deducir sus derechos, a fin de que lo que se decida en él le pare perjuicio a todos los coposeedores. Estimar lo contrario, sería tanto como que la sentencia que se dicte en el juicio de acción plenaria de posesión intentada por uno de los coposeedores no le pare perjuicio a los demás, en la medida que ellos no intentaron dicha acción; lo que implicaría que si el que ejerció la acción y no tuvo el éxito deseado, entonces otros coposeedores podrían hacerlo sucesivamente, sin que pueda alegarse la cosa juzgada. Las anteriores consideraciones encuentran aplicación en la jurisprudencia 1a./J. 8/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro cinco, abril del dos mil catorce, tomo I, localizable en la página quinientos noventa y siete, del rubro y texto siguientes: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. PUEDEN EJERCITARLA TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL BIEN COMÚN, UNA PARTE DE ELLOS O UNO SOLO, PERO EL JUEZ DEBE LLAMAR A TODOS AL JUICIO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y SINALOA). La copropiedad supone un estado de indivisión en el que cada copropietario ejerce su derecho de goce, no sobre una parte determinada de la cosa, sino respecto de toda ella. Ahora bien, si la acción reivindicatoria tiene por objeto proteger el derecho de propiedad, es lógico reconocer en el copropietario la facultad de ejercer dicha acción, sin que ello implique que sólo pueda ejercerla por una parte proporcional, pues su derecho se extiende a toda la cosa común. De ahí que, en términos de los artículos 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y 2.12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al comunero o copropietario se le permite deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, sin necesidad de tener el consentimiento unánime de los demás condueños, salvo pacto en contrario, en el entendido de que la autorización del ejercicio del derecho de un copropietario no es sobre una parte determinada de la cosa común, sino respecto de toda ella, en beneficio también de los demás copropietarios. En ese sentido, la acción reivindicatoria puede ser ejercitada por todos los copropietarios, una parte de ellos, o uno solo, porque es principio elemental del régimen de comunidad que el dominio de cada uno de los interesados sea en todo, de forma que, al emitirse un fallo por el ejercicio de dicha acción, no obstante quien sea el actor, favorezca a los demás copropietarios, sin que pueda afirmarse que el reivindicante carezca de legitimación activa, porque al pedir la cosa uno de los comuneros, no actúa en representación de los demás, como si fuese su apoderado y necesitara justificar la existencia del mandato, sino que lo hace por su propio derecho, y si la sentencia favorece a todos, no es por algún fenómeno jurídico o de gestión oficiosa, o de mandato expreso o ficto, sino por la imposibilidad de hecho de separar el dominio del actor, del de quienes permanecieron en silencio, caso en el que debe favorecerse a todos. Por ende, es inexacto sostener que un solo copropietario esté impedido para ejercer la acción reivindicatoria por ser necesaria la concurrencia de todos los copropietarios, o bien, afirmar que carece de legitimación activa, en virtud de que se actualiza la figura de litisconsorcio activo necesario. Ahora bien, cuando se pretende demandar la reivindicación de un bien cuyo derecho de propiedad deriva de una copropiedad, surge la existencia de un litisconsorcio activo necesario, en tanto que todos los copropietarios están unidos por el mismo derecho de propiedad. Por tanto, ante la existencia de éste, el juzgador debe llamar -oficiosamente- en cualquier etapa del juicio para que, al igual que en el litisconsorcio pasivo, la sentencia que se dicte sea válida para todos los interesados y comparezcan al procedimiento para deducir sus derechos, a fin de que lo que se decida en él, le pare perjuicio a todos los copropietarios. Estimar lo contrario, esto es, la inexistencia de un litisconsorcio activo necesario, sería tanto como que la sentencia que se dicte en el juicio reivindicatorio intentado por uno de los copropietarios, no le pare perjuicio a los demás en la medida que ellos no intentaron dicha acción, lo que implicaría que si el que ejercitó la acción y no tuvo el éxito deseado, entonces otros copropietarios podrían hacerlo sucesivamente, sin que pueda alegarse la cosa juzgada." Luego, toda vez que, en el caso, Francisca Ramírez de Colmenares (quien se apersonó a este juicio de amparo con el nombre de Francisca Ramírez Carreño) está vinculada directamente con las cuestiones litigiosas que atañen a la acción plenaria de posesión o publiciana ejercida por Esteban Colmenares Carreño, respecto de un bien inmueble del que ella es coposeedora, por estar inmersa en ese acuerdo de voluntades, es innegable que para el análisis de dicha acción es necesaria su integración a la relación jurídica procesal, ya que sólo de esa manera será dable dictar una sentencia completa que sea válida para todas las partes, lo que es una cuestión de orden público, respecto de lo cual los órganos jurisdiccionales deben citar a todas las partes en el juicio, con lo que, además, se atienden los principios de igualdad, seguridad jurídica, economía procesal y cosa juzgada. En esas condiciones, al ser el litisconsorcio necesario un presupuesto procesal, debe ser analizado de manera previa, en cualquier etapa del procedimiento para integrar la relación jurídico procesal, aun en la segunda instancia, aunque no medie petición de parte, para evitar que el fallo sea nulo si se impugna antes de que cause ejecutoria por no haber sido notificados los integrantes no emplazados. Por ende, aun cuando el artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, de manera genérica, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada confirme, revoque o modifique la resolución de primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados; lo cierto es que esa disposición no pugna con el sentido de esta resolución, que versa sobre una figura jurídica especial como lo es el litisconsorcio activo necesario, cuyas características particulares la distinguen de la generalidad de los casos, y su invocación oficiosa por la Alzada no puede considerarse como una introducción de cuestiones ajenas a la litis, en virtud de que ésta no se discute, sino que lo que se persigue es aclarar una modalidad procesal de carácter especial para poder emitir una sentencia válida y efectiva. Razón por la cual, cuando la autoridad de apelación advierta que no todos los interesados fueron llamados al juicio natural, oficiosamente debe mandar reponer el procedimiento, esto es, aunque no medie petición de parte o se haya planteado agravio al respecto, dado que la finalidad de esta figura jurídica, como se dijo, consiste en que la sentencia que se pronuncie tenga plena validez y esté apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, y sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Criterio que, incluso, ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya bajo el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos, al emitir la jurisprudencia 19/2013 (10a.), que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." Sin que, por ende, asista razón legal a los quejosos, al referir que con la resolución reclamada la autoridad responsable dilata el procedimiento, toda vez que dicha afirmación carece de sustento jurídico que demuestre o justifique su dicho, pues, como se ha aducido, ante la existencia del litisconsorcio activo, debe reponerse el procedimiento natural a efecto de que se llamen a todos los interesados (litisconsortes); en el particular, a todos los coposeedores del bien raíz en conflicto para que, de estimarlo, comparezcan al procedimiento a manifestar lo que a su interés legal convenga, y así la sentencia que se dicte sea válida para todos ellos, por ser una cuestión de orden público. En esa tesitura y ante lo infundado del concepto de violación aducido, sin queja deficiente que suplir, procede negar la protección constitucional que solicitan los quejosos Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño, contra la resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 03/2021, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a los quejosos Joel Colmenares Jarquín y Alicia Colmenares Carreño contra la resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 03/2021, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional. Dos firmas ilegibles".
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