Alicia Cira Ruiz Jiménez

Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Alicia Cira Ruiz Jiménez
  • Juez Primero de lo Laboral del Circuito Judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 304/2023, promovido por ********************, apoderado legal de la parte actora ********************. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto exige determinar si se actualiza la alegada violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Como consta en autos, ********************, apoderado legal de la parte actora ********************, solicitó ante la responsable la impartición de justicia en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, apoderado legal de la parte actora ********************, presentó un escrito el veintitrés de marzo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 304/2023 la que previo cumplimiento al requerimiento formulado fue admitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión por parte de una autoridad que tiene su domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde este juzgado federal tiene jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de omisiones que crean situaciones permanente en la esfera jurídica de ********************, apoderado legal de la parte actora ********************, que no se subsanan mientras aquéllas subsistan. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama del Juez Primero de lo Laboral del Circuito Judicial del Centro: La falta de acuerdo respecto a la contestación de la demanda, y la omisión de pasar a la fase para la réplica con dicha contestación. La omisión de pasar a la fase de la contra réplica. INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado la Secretaria instructora del Juzgado Primero Laboral del circuito judicial del Centro, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de emitir acuerdo relativo a la contestación de los demandados y la vista para la réplica en el juicio laboral ********************, agregando que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se había proveído respecto de la contestación de la demanda y la vista para la réplica a la parte actora, aquí quejosa, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de dichas constancias; documental a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedida en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se les confiere valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código procesal Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego entonces, si la autoridad responsable proveyó el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, respecto de la contestación de la parte demandada y en esa misma data ordenó dar vista para la réplica a la parte quejosa; en consecuencia, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -23 de marzo de 2023- el acto reclamado no existía, lo que ratifica la negativa de la responsable. De lo anterior, se estima que, al veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que se presentó la demanda de amparo, ya no existía ese acto reclamado por la quejosa, puesto que la autoridad responsable con anterioridad había dado proveído en relación con la contestación de la demanda y ordenado la vista para la réplica, de lo cual se duele en esta instancia constitucional la disidente del amparo. Toda vez, que el peticionario de garantías no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, se concluye que para el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que se presentó la demanda de amparo ante este juzgado, ya no existía el acto reclamado, pues, según se aprecia de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que omisión reclamada se satisfizo desde el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, sin que el quejoso impugnara el contenido de ese acuerdo; en consecuencia, por inexistencia del acto reclamado a tal autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por otra parte, es cierto el acto reclamado a la Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral del circuito judicial del Centro, consistente en la omisión de pasar a la fase de contra replica en el juicio individual ordinario ********************, de su índice, puesto que al rendir su informe con justificación aceptó el acto que le fue atribuido, además, así se desprende de las constancias que adjuntó a su informe justificado, las cuales ya fueron valoradas con anterioridad. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, el quejoso reclama de la Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral del circuito judicial del Centro, la omisión de pasar a la fase de la contra réplica en el expediente laboral ******************** de su índice. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de dar vista a la parte demandada para la contra réplica. Sin embargo, la autoridad responsable Secretaria Instructora del Juzgado Primero Laboral del circuito judicial del Centro, al rendir su informe justificado, exhibió copia certificada del proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, mediante el cual, entre otras cosas, tiene por admitida la replica formulada por la parte actora y con ella, ordena dar vista a la parte demandada para que dentro del plazo de cinco días formule su contra réplica. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable remitió copia certificada de proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés en el expediente laboral ********************, del índice del ya citado Juzgado. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado la vista para replica con la contestación de la demanda señalada en el párrafo que antecede, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada desde el momento en que fue informada del resultado de aquellos, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. DECISIÓN Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, apoderado legal de la parte actora ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que el plazo de quince días para que la responsable Juez Primero de lo Laboral del Circuito Judicial del Centro, Oaxaca, rindiera su informe justificado venció el tres de mayo de este año; en consecuencia, solicítese a la referida autoridad que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a su notificación remita copia certificada y legible de las constancias que tengan relación con el acto reclamado. Apercibido que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial de treinta y uno de marzo de esta anualidad. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad judicial responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, en atención a que mediante oficio ***/***/****, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez ************, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez *********** con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este juicio de amparo. Notifíquese.

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