Alicia Chávez Villalobos
Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alicia Chávez Villalobos
- Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con sede en Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
ista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la Ciudad de México; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El diecinueve de enero de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alicia Chávez Villalobos, para los efectos siguientes: "(.) Por tanto, se concede el amparo y la protección constitucional solicitados por la quejosa para el efecto de que la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cinco días contado a partir de que le sea notificada la presente resolución, emita en el expediente RP/96/2017, de su índice, la resolución final correspondiente y la notifique a la quejosa. (.)" Por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós (foja 103), causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficio recibido el catorce de junio del año pasado, allegó copia certificada de la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de responsabilidad patrimonial RP/96/2017 de su índice y de la constancia de notificación respectiva hecha a través de correo certificado. Con dichas documentales se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que ninguna de ellas desahogara la vista otorgada. Por lo que este órgano jurisdiccional procede a realizar el pronunciamiento respecto al cumplimiento del fallo protector. Como se aprecia en las constancias aportadas por la autoridad responsable, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitió la resolución definitiva en el expediente de responsabilidad patrimonial RP/96/2017 de su índice; en la cual declaró infundada la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado promovida por la aquí quejosa, y ordenó su notificación, mediante correo certificado. Bajo ese contexto, se advierte que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto, como se explica a continuación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. También indicó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. La Segunda Sala concluyó que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un obstáculo para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. Sostuvo que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original -artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo-. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada -artículo 214 de la Ley de Amparo-. En el caso el acto reclamado lo constituyó la omisión de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de emitir resolución de fondo respecto a la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, admitida a trámite el diecisiete de marzo de dos mil veinte dentro del expediente administrativo RP/96/2017. Mediante sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para efecto de que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que le fuese notificada la presente resolución a la autoridad responsable, emitiera en el expediente RP/96/2017 de su índice la resolución final correspondiente. Sin embargo, mediante promoción acordada en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable por remitiendo copia certificada de la resolución emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como de su constancia de notificación por correo certificado. Lo anterior demuestra que, en el caso, ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que derivado de la emisión de dicha resolución administrativa, no es posible materializar los efectos de la protección constitucional -los cuales versaron en la obligación de la responsable de resolver el procedimiento administrativo incoado por la quejosa-. De ahí que en la especie se actualice el supuesto que contempla el artículo 214 de la Ley de Amparo, relativo a que no exista materia para la ejecución de la sentencia; por ello, con fundamento en el citado dispositivo legal, es procedente archivar el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá solicitarse la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 28 DE ABRIL DE 2023, QUE A LA LETRA DICE "...ista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la Ciudad de México; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El diecinueve de enero de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Alicia Chávez Villalobos, para los efectos siguientes: "(.) Por tanto, se concede el amparo y la protección constitucional solicitados por la quejosa para el efecto de que la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cinco días contado a partir de que le sea notificada la presente resolución, emita en el expediente RP/96/2017, de su índice, la resolución final correspondiente y la notifique a la quejosa. (.)" Por auto de ocho de marzo de dos mil veintidós (foja 103), causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficio recibido el catorce de junio del año pasado, allegó copia certificada de la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de responsabilidad patrimonial RP/96/2017 de su índice y de la constancia de notificación respectiva hecha a través de correo certificado. Con dichas documentales se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que ninguna de ellas desahogara la vista otorgada. Por lo que este órgano jurisdiccional procede a realizar el pronunciamiento respecto al cumplimiento del fallo protector. Como se aprecia en las constancias aportadas por la autoridad responsable, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitió la resolución definitiva en el expediente de responsabilidad patrimonial RP/96/2017 de su índice; en la cual declaró infundada la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado promovida por la aquí quejosa, y ordenó su notificación, mediante correo certificado. Bajo ese contexto, se advierte que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto, como se explica a continuación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. También indicó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. La Segunda Sala concluyó que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un obstáculo para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. Sostuvo que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original -artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo-. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada -artículo 214 de la Ley de Amparo-. En el caso el acto reclamado lo constituyó la omisión de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de emitir resolución de fondo respecto a la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, admitida a trámite el diecisiete de marzo de dos mil veinte dentro del expediente administrativo RP/96/2017. Mediante sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para efecto de que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que le fuese notificada la presente resolución a la autoridad responsable, emitiera en el expediente RP/96/2017 de su índice la resolución final correspondiente. Sin embargo, mediante promoción acordada en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable por remitiendo copia certificada de la resolución emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como de su constancia de notificación por correo certificado. Lo anterior demuestra que, en el caso, ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que derivado de la emisión de dicha resolución administrativa, no es posible materializar los efectos de la protección constitucional -los cuales versaron en la obligación de la responsable de resolver el procedimiento administrativo incoado por la quejosa-. De ahí que en la especie se actualice el supuesto que contempla el artículo 214 de la Ley de Amparo, relativo a que no exista materia para la ejecución de la sentencia; por ello, con fundamento en el citado dispositivo legal, es procedente archivar el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá solicitarse la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación..."
- Principal
Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la Ciudad de México, remite copia certificada de la resolución emitida en el expediente de responsabilidad patrimonial de su índice; en la cual declaró infundada la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado promovida por la aquí quejosa, y ordenó su notificación, mediante correo certificado. En cuanto a la notificación de dicha resolución, se estima innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues en auto de catorce de febrero del año en curso se reservó proveer la promoción suscrita por el autorizado de la quejosa, en la cual expuso que la resolución en cuestión se notificó a su representada el cuatro de febrero anterior. Por ende, se levanta la reserva aludida y se tienen hechas las manifestaciones referidas. Asimismo, dese vista a la quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 15 DE JUNIO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la Ciudad de México, remite copia certificada de la resolución emitida en el expediente de responsabilidad patrimonial de su índice; en la cual declaró infundada la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado promovida por la aquí quejosa, y ordenó su notificación, mediante correo certificado. En cuanto a la notificación de dicha resolución, se estima innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues en auto de catorce de febrero del año en curso se reservó proveer la promoción suscrita por el autorizado de la quejosa, en la cual expuso que la resolución en cuestión se notificó a su representada el cuatro de febrero anterior. Por ende, se levanta la reserva aludida y se tienen hechas las manifestaciones referidas. Asimismo, dese vista a la quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable..."
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