ALICIA CASTILLO REYNA y Otros.
Expediente 1785/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1785/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- DIANA ERÉNDIRA VARGAS CASTILLO y Otros.
- ALICIA CASTILLO REYNA y Otros.
- Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
- Virginia de la Garza Apátiga
- María Guadalupe Rogerio Buendía
- Alejandra Guevara Castillo
- Pedro de la Garza Apátiga
- Alicia Castillo Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, toda vez que el Juez Quinto de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos V, VI y VII, en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual solicita la devolución de las copias certificadas de las constancias que emanan del toca civil 361/2016-6-2-16-6, que remitió en dos tomos al rendir su informe justificado; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, remítase a la autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diez de marzo de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Alicia Castillo Reyna, Virginia de la Garza Apatiga, Pedro de la Garza Apatiga, María Guadalupe de la Garza Apatiga, Ernesto Carrasco Zanini Castillo, Alejandra Guevara Castillo y Diana Erendira Vargas Castillo, precisando los efectos siguientes: "Que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, deje sin efecto legal la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Civil 361/16-6-2-16-6, y en su lugar, con libertad de jurisdicción resuelva lo que corresponda pero analizando el cada uno de los agravios que hizo valer el recurrente." Por auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió copia certificada del acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, así como de la resolución de siete de abril del mismo año, dictada en el toca civil 361/2016-6-2-16-6. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia de mérito realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Dictó una nueva resolución en la cual analizó los agravios planteados por los recurrentes, como se advierte a continuación: Respecto del primer y tercer agravio, determinó lo siguiente: "En ese tenor, se tiene que la sentencia que se impugnó no es contradictoria en razón de que del estudio integral del considerando II, se advierte que la juzgadora realizó un estudio diferenciado en dos etapas procesales distintas, es decir, la primera etapa correspondió al dictado de la resolución de primera instancia (veintitrés de junio de dos mil catorce) y la segunda etapa, relativa al fallo de segundo grado (veintiocho de mayo de dos mil quince), en razón de que las notificaciones que fueron materia de la nulidad corresponden al seis de marzo de dos mil catorce y trece de mayo del mismo año, anteriores a la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce (que pone fin en primera instancia al incidente de revocación de tutor y curador), así como las notificaciones de nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil catorce, anteriores al dictado del fallo de segunda instancia el veintiocho de mayo de dos mil quince; actuaciones que fueron llevadas a cabo dentro del incidente de nombramiento de tutor y curador. Siendo correcta la interpretación de la norma que realiza el juez inferior, al referir que la nulidad de notificaciones practicadas con posterioridad al dictado de la sentencia; puede ser interpuesta únicamente respecto de aquellas actuaciones que se realizan con posterioridad a la misma, no así las practicadas antes del dictado de la resolución. Así, tomando en cuenta lo que implica la cosa juzgada, en cuanto a la firmeza que corresponde a una ejecutoria, dicha circunstancia impide la procedencia del incidente de nulidad respecto de las notificaciones practicadas antes de la emisión del fallo sea de primera o segunda instancia y, por regla general aun en la etapa de ejecución de la sentencia, lo cual paralelamente implica que las actuaciones en cada fase del proceso, en principio sólo pueden ser impugnadas mientras no se concluya cada periodo procesal. En cuanto a la naturaleza de la cosa juzgada, resulta pertinente precisar que dicha característica de las sentencia consistente en el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las resoluciones; la cual puede entenderse en dos sentidos: uno formal o procesal y otro sustancial o materia; el primero implica la imposibilidad de impugnación de una sentencia, bien porque no exista recurso contra ella o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo; en el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al carácter reflejada en la sentencia. De lo anterior, se advierte que la cosa juzgada es una verdad legal y definitiva que ya no puede ser rebatida desde ningún punto de vista; con lo que queda claro que sin desconocer la naturaleza y efectos de la cosa juzgada, existe la posibilidad de impugnar las notificaciones que se consideren ilegalmente realizadas, siempre y cuando no se haya dictado la sentencia que corresponde a cada caso en particular (primera o segunda instancia). [.] Dicho lo anterior, si bien es cierto la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia; Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número: 76, abril de 1994, Tesis: P./J. 5/94, Página: 12. NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVANA CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA, define la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, incluso contra aquellas que son posteriores al dictado de la sentencia, lo cierto es que no abarca las diversas hipótesis que pueden presentarse durante la sustanciación del juicio, dependiendo de cuál sea la notificación que se impugne, lo que en su caso determinará la procedencia o no del incidente respectivo. [.] En razón de ello, debe ponerse de 'manifiesto que, derivado de las referidas jurisprudencias, tanto que es jurídicamente factible solicitar la nulidad de notificaciones practicadas con posterioridad al dictado de la sentencia, pero sin menoscabo del principio jurídico de la cosa juzgada, respetando la firmeza que corresponde a toda resolución. Puesto que el hecho de que ya se haya dictado sentencia, ciertamente impide la impugnación de notificaciones realizadas antes de ese momento el procesal; sin embargo, las efectuadas con posterioridad al dictado de la sentencia de primer grado sí son susceptibles de impugnación, siempre y cuando no haya quedado en carácter de firmeza, ya sea por el ejercicio de un recurso legal ordinario o extraordinario, puesto que el dictado de la resolución de la segunda instancia traería como consecuencia, impedimento para el análisis de las violaciones alegadas en la nulidad al actualizarse nuevamente la calidad de cosa juzgada, representando dicho fallo una nueva sentencia que impediría la impugnación de actuaciones anteriores a éste. Por lo que, atendiendo al momento en que se encuentre el proceso, podrá derivarse la penitencia jurídica o la oportunidad para intentar el incidente de nulidad de notificaciones. La primera hipótesis es muy clara, si el juzgador de primera o segunda instancia no ha dictado sentencia, las partes están en aptitud jurídica de impugnar alguna notificación que en su concepto, haya sido realizada de manera distinta a la prevenida por la ley de la materia. Lo que queda claro es que, en todo caso como ya se precisó, debe ponderarse y evaluarse la etapa en que se encuentre el proceso y el tipo de notificación cuya nulidad se pretende, así como la trascendencia jurídica de la legalidad de dicha notificación. Se ha dejado establecido, reiteradamente que por medio de un incidente de nulidad de notificaciones no es jurídicamente factible dejar insubsistente una sentencia. Sobre las bases delineadas, en las jurisprudencias a las que ya se hizo referencia tomando en cuenta que existe la posibilidad de impugnar las notificaciones que se consideren ilegalmente realizadas, mientras no se concluya cada periodo procesal a fin de respetar la firmeza que en su momento adquiera una sentencia. Así mismo, existe una diversa hipótesis en la cual puede admitirse el incidente de nulidad de notificación respecto de aquellas notificaciones practicadas con posterioridad al dictado de la sentencia (primera o segunda instancia); lo que en ningún caso contraviene el criterio que al respecto tiene definido la Suprema Corte de Justicia en las jurisprudencias antes anotadas, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente de nulidad no afectan la decisión del Juez sea de primera o segunda instancia, plasmada en su sentencia pues en su caso, de resultar fundado el incidente sólo se tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia y actuaciones anteriores a la misma quedarían intocadas. Así cuando el Tribunal de Alzada ha resuelto el recurso correspondiente, como en el caso acontece (ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil quince), interpuesto contra la sentencia de primera instancia (veintitrés de junio de dos mil catorce), razón por la cual las partes se encontrarían en aptitud de solicitar la nulidad de las notificaciones practicadas con posterioridad a la fecha en que la Alzada dictó dicha resolución, pero de ninguna manera contra las realizadas con anterioridad al dictado de ese fallo. No obstante de la hipótesis de procedencia del incidente de nulidad respecto de las notificaciones practicadas con posterioridad al dictado del fallo (ejemplo: notificación de la sentencia) en el caso que se analiza, representa un obstáculo para la procedencia del incidente de nulidad, el hecho de que las notificaciones que son tildadas de nulas son anteriores a la emisión de la resolución tanto de la primera como de la segunda instancia; es decir para la procedencia del análisis de las notificaciones de seis de marzo y catorce de mayo de dos mil catorce, debieron hacerse vales antes de la emisión de la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce y para la procedencia del estudio de las notificaciones de nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil catorce, éstas debieron ejercitarse con anterioridad al dictado del fallo de veintiocho de mayo de dos mil quince; ello es así, porque de estimar lo contrario en estricto sentido se vulneraría el principio de cosa juzgada; ello en virtud de que como se ha dejado apuntado, dicha característica de las sentencias (cosa juzgada) consiste en el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las resoluciones. Institución jurídica (cosa juzgada) que puede entenderse en dos sentidos: uno formal o procesal y otro sustancial o material. El primero implica la imposibilidad de impugnación de una sentencia, bien porque no exista recurso contra ella o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo siempre que la notificación de la sentencia haya sido legalmente realizada. En el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al carácter irrebatible, indiscutible e inmodificable de la decisión reflejada en la sentencia. En este sentido, puede afirmarse que la cosa juzgada es la verdad legal, es una verdad definitiva que por regla general ya no puede ser rebatida desde ningún punto de vista. Lo anterior es así, en virtud de la imposibilidad del juzgador para revocar sus propias determinaciones y mucho menos para ir en contra de la cosa juzgada pues, como ya se dijo, la sentencia del Juez permanecerá intocada en la medida en que no ha sido objeto de revisión por parte del órgano jurisdiccional competente. En las relatadas condiciones y atento lo que ha quedado señalado, al analizar los diversos supuestos que existen en torno a la forma y términos en que se practican las notificaciones en el proceso, está claro que el incidente de nulidad de actuaciones o notificación no puede hacerse valer contra aquellas que hayan surtido previo al dictado de la resolución que pone fin tanto a la primera como a la segunda instancia, sea al tratarse de una sentencia definitiva o incidental, ello de acuerdo a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones contra aquellas que se practiquen con posterioridad al dictado de la sentencia, incluyendo desde luego la notificación de la propia sentencia pero no así de aquellas practicadas con anterioridad, y como en el caso acontece se actualizaron dos hipótesis, la primera relacionada a la nulidad de las notificaciones de seis de marzo y trece de mayo de dos mil catorce, anteriores a la emisión de la sentencia de primera instancia (veintitrés de junio de dos mil catorce) y la segunda en relación a las notificaciones de nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil catorce practicadas antes de la emisión de la sentencia de segunda instancia (veintiocho de mayo de dos mil quince). Por lo anterior esta Tercera Sala considera que es correcta la interpretación realizada por el juez inferior, dado que si bien es cierto como se dijo, hace un estudio diferenciado de la resolución de primera y segunda instancia, ello obedece a' que los actores incidentistas por conducto de su Apoderado Legal interponen el incidente de nulidad contra actuaciones practicadas antes del dictado de la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce por la juez de primera instancia, así como las notificaciones de nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil catorce, anteriores al dictado de la ejecutoria de veintiocho de mayo de das mil quince emitida por el Tribunal de Alzada, estudio que-si bien es cierto fue realizado de manera separada también lo es que no es contradictorio sino que ilustra con mayor claridad la improcedencia de la nulidad de las actuaciones materia del incidente. Pues de lo contrario, se afectaría la institución de cosa juzgada que rige las sentencias cuando éstas reúnen los requisitos de ley, de tal manera que ésta dota de firmeza y autoridad de una ejecutoria, principio que no debe ser vulnerado por la resolución del incidente de nulidad de notificaciones en los términos y condiciones que han quedado explicados. Por tanto como se dijo, la resolución materia del presente recurso es congruente toda vez que los razonamientos dados en los considerandos resultan acorde al análisis antes expuesto, y del cual se puede concluir que no existe contradicción al versar el referido análisis del incidente de nulidad sobre cuatro actuaciones de las cuales dos (seis de marzo y trece de mayo de dos mil catorce) acontecieron antes del dictado de la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce (primera instancia), así como las dos restantes (nueve de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil catorce) que corresponden a notificaciones practicadas con posterioridad al dictado de la resolución de Alzada de veintiocho de mayo de dos mil quince, siendo materia de esta última la revisión de la citada sentencia de primera instancia (veintitrés de junio de dos mil catorce), lo que hace inatendible el análisis tanto de las notificaciones de seis de marzo, trece de mayo, nueve de septiembre y veintiuno de octubre todas del año dos mil catorce, toda vez que el dictado de ambas resoluciones, imposibilitan el análisis de las multicitadas actuaciones materia del incidente de nulidad planteado por el ahora quejoso dentro de los autos del incidente de revocación de nombramiento de tutor y curador, interpuesto por María Guadalupe Rogerio Buendía, contra Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo y Anacleto Pedraza Flores al tratarse de una cosa juzgada, la cual de acuerdo a lo establecido por el artículo 298 del Código Procesal Familiar vigente para el Estado de Morelos,3excluye la posibilidad de volver a plantear en juicio una cuestión ya resuelta por sentencia firme y que además el Juzgador al tener conocimiento de su existencia lo declarará de oficio." Respecto del segundo y cuarto agravio, determinó lo siguiente: "Por lo cual, en el análisis realizado por la juez inferior se advierte que fue claro y preciso, al referir los motivos por los cuales consideró declarar sin materia el incidente planteado, ya que si bien es cierto ninguno de los dispositivos invocados establece de manera expresa hasta que momento procesal debe interponerse el referido recurso, ello ha quedado resuelto por la jurisprudencia además que el juzgador es el intérprete de la norma, siendo obligación de éste de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Código Procesal Familiar vigente que la norma dudosa en ningún caso debe ser impedimento formal o material para dejar de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento; sin que la resolución materia del presente recurso se advierta la falta de fundamentación dado que aplicó los dispositivos legales consistentes en los artículos 117 y 140 del Código Procesal Familiar vigente para el Estado de Morelos, así como del numeral 565 de la citada legislación; y de la interpretación de los mismos concluyó que al tratarse el incidente de nulidad respecto de las notificaciones de seis de marzo y trece de mayo de dos mil catorce, practicadas con anterioridad a la emisión de la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce (primera instancia), así como de las notificaciones de nueve de septiembre y veintiuno de octubre del mismo año, practicadas con posterioridad a dicha sentencia pero antes de la emisión de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil quince (sentencia de segunda instancia) dicho incidente debería quedar sin materia; por lo cual, no se advierte contradicción alguna dado que la juez inferior hace una correcta interpretación de la norma al referir que al quejoso le asiste la razón para combatir los actos practicados con posterioridad al dictado de la resolución de primera instancia, pero dicha posibilidad se vio obstaculizada con el dictado de la resolución de segunda instancia, puesto que la impugnación debió realizarse antes de la emisión de la resolución de segunda instancia, dado que se actualizó por segunda ocasión que aquellas notificaciones practicadas antes de la emisión de la sentencia no pueden ser materia del incidente de nulidad de actuaciones; puesto que de acuerdo al numeral 565 como lo refiere la juez de origen, se encontraba imposibilitada para revocar la resolución de veintitrés de junio de dos mil catorce; análisis por el cual la A quo determinó claramente el motivo por el que declaró sin materia el multicitado incidente de nulidad resultando de ello lo infundado del agravio antes precisado. Ahora bien, el quejoso arguye que es dable promover el incidente de nulidad de actuaciones pues tratándose del incidente de nulidad del llamamiento al proceso (emplazamiento) como lo dispone el artículo 93 del código de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la norma procesal familiar, la nulidad de actuaciones deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de lo contrario quedará convalidada de pleno derecho con excepción de la nulidad por falta o defecto en el emplazamiento; de lo anterior se desprende que no le asiste la razón al quejoso, al pretender que el artículo en cita sea aplicado de manera supletoria a la Ley Adjetiva Familiar, puesto que es claro que esta última establece de manera expresa en su artículo 140 las hipótesis y reglas en que será tramitada la nulidad de notificaciones sin que haya lugar a la aplicación supletoria del referido artículo 93 del Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos. Luego entonces, si bien es cierto el artículo 6 del Código Procesal Familiar vigente para el Estado de Morelos, establece que en los juicios del orden familiar ante el silencio, oscuridad o insuficiencia de la norma se aplicará de manera supletoria" el Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos, también lo es que los juicios familiares se regirán por las disposiciones del Código Procesal Familiar Vigente para el Estado, y solo para el caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, se aplicará supletoriamente la Ley Adjetiva Civil; no obstante ello el citado Código Procesal Familiar establece de manera expresa la figura jurídica que el quejoso pretende se aplique supletoriamente (nulidad de actuaciones y notificación), sin que exista omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado; puesto que ésta se encuentra regulada con mayor exhaustividad en la Ley Adjetiva Familiar, dado que de acuerdo a los numerales 117 y 140 de dicho ordenamiento, precisa de manera clara en el primero de los mencionados numerales lo correspondiente a la nulidad de actuaciones y el segundo a la nulidad de actuaciones en su modalidad de notificaciones; razón por la cual se estima que el Código Procesal Familiar establece claramente la forma en que habrá de tramitarse la nulidad de notificaciones; aunado a que el artículo 93 del Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos, que el quejoso solicita se aplique de manera supletoria, contraria el ordenamiento legal a suplir, puesto que en éste (Código Procesal Civil vigente) se refiere que la nulidad de actuaciones deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de lo contrario, quedará convalidada de pleno de derecho con excepción de la nulidad por falta o defecto en el emplazamiento; excepción que no se encuentra prevista en el artículo 140 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado, el cual establece la limitante expresa que hace inoperante la citada excepción, al referir que la notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada incluyéndose en ésta regla el emplazamiento; por lo cual no se actualiza la posibilidad jurídica de aplicar de manera supletoria el artículo 93 del Código Procesal Civil vigente para el Estado de Morelos, al Código Procesal Familiar vigente, y con ello lo inoperante del motivo de disenso planteado. [.] Igualmente resulta infundado lo alegado en el segundo agravio, que el juzgador principal haya emitido su sentencia con una inadecuada motivación dado que el juzgador natural funda y motiva su resolución en los ordinales 117 y 140 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, dando los razonamientos del porque no quedaba sin materia del incidente de nulidad hecho valer por Virginia, Pedro y María Guadalupe de apellidos de la Garza Apatiga, Ernesto Carrasco Zanini Castillo, Alejandra Guevarra Castillo y Diana Eréndira Vargas Castillo, pues los quejosos no hicieron valer el incidente de nulidad de actuaciones dentro del proceso como lo establecen los ordinales 117 fracción I y 140 fracción III ambos del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, de ahí lo infundado de lo argumentado por los quejosos. Por otra parte, en relación al cuarto agravio, éste quedó estudiado en la procedencia del recurso en el considerando II de la presente resolución." Con libertad de jurisdicción, y de manera fundada y motivada, declaró infundado el recurso de queja y confirmó la sentencia interlocutoria de seis de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro del expediente civil número 405/08-1. Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos precisados en la ejecutoria, es decir, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictó una nueva debidamente fundada y motivada, y con libertad de jurisdicción resolvió el recurso de queja interpuesto, pero analizando cada uno de los agravios que hizo valer el recurrente, está claro que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de la Sección de Amparos mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.ammg
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