Alicia Bonilla Heras

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Alicia Bonilla Heras

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 298/2022-C, que remite la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 30/2022; gírese el acuse de recibo respectivo. Ahora bien, de la copia certificada de la ejecutoria dictada en el en el conflicto competencial 30/2022, se desprende que los Magistrados Integrantes del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, resolvieron lo siguiente: "Primero. Si existe conflicto competencial. Segundo. Se declara legalmente competente al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, para conocer del juicio de amparo promovido por Alicia Bonilla Heras; en consecuencia, con testimonio de este ejecutoria, remítanse los autos correspondientes." Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo antes indicado. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, por el cual informa que en proveído de nueve de junio del año en curso, se radicó el conflicto competencial suscitado entre el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada y el suscrito, el cual fue registrado con el número de expediente 30/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitió el juicio de amparo 382/2022, de este índice; asimismo informa que ese órgano jurisdiccional insiste en sostener la incompetencia legal del citado juicio de amparo; por lo que ordenó remitir la demanda promovida por Alicia Bonilla Heras y anexos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Turno, con residencia en Mexicali, para que determine lo que en derecho corresponda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el oficio número 16529/2022 y anexos que remite la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, al que adjunta el expediente original del juicio amparo 313/2022, promovido por Alicia Bonilla Heras, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en Ensenada y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 382/2022-G. Expídase acuse de recibo respectivo. No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, el suscrito considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: La quejosa señala como actos reclamados los siguientes: .- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 45, CON SEDE EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA, COMO AUTORIDAD ORDENADORA SE LE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN, EMITIDA POR EL TRIBUNAL AGRARIO CON FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DICTADA EN EL EXPEDIENTE AGRARIO 455/2016, EN EL QUE ADJUDICA A ERNESTO BONILLA HERAS LOS DERECHOS AGRARIOS QUE CORRESPONDIERON A SU EXTINTA MADRE VALENTINA HERAS FLORES EN EL EJIDO PLAN LIBERTADOR, MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. .- REGISTRO AGRARIO NACIONAL, SE LE RECLAMA COMO AUTORIDAD EJECUTORA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARCELARIO QUE LO ACREDITE COMO TITULAR DE LA PARCELA 9z-1 P1/3 Y DE USO COMÚN A FAVOR DE ERNESTO BONILLA HERAS, EN EL EJIDO PLAN LIBERTADOR, MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, DE LOS QUE PERTENECIERON A LA EXTINTA EJIDATARIA VALENTINA HERAS FLORES. Asimismo la promovente solicita la suspensión para el efecto siguiente: "solicito la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran (.) es decir que la autoridad responsable ordenadora se abstenga de entregar los billetes de depósito en favor de ALICIA BONILLA HERAS, LEONOR BONILLA HERAS, MIGUEL BONILLA HERAS, VALENTIN BONILLA HERAS, ERNESTO BONILLA HERAS, MARÍA DE JESÚS BONILLA HERAS Y SALVADOR BONILLA HERAS. ".a la autoridad responsable ejecutora REGISTRO AGRARIO NACIONAL en el Estado de Baja California para el efecto de que se abstenga de expedir el certificado parcelario que acredite como titular de la parcela 9Z-1 P1/3 y certificado de derechos parcelarios sobre tierras de uso común, en el Ejido Plan Libertador, Municipio de Playas de Rosarito en favor de ERNESTO BONILLA HERAS." Como se desprende de la transcripción anterior, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama el auto de tres de mayo del año en curso, en el que se ordenó la ejecución de la sentencia de seis de febrero de dos mil diecinueve y la interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 455/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 en Ensenada, Baja California, y como consecuencia de ello: 1) la entrega de los billetes de depósito a los coherederos y 2) la expedición del certificado parcelario, que en su caso expida el Registro Agrario Nacional, con residencia en Mexicali. Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados por la quejosa consisten en la ejecución de la determinación datada el tres de mayo del presente año, en el expediente 455/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 en Ensenada, Baja California; en el que se adjudicó a Ernesto Bonilla Heras, los derechos agrarios que correspondían a Valentina Heras Flores, en el Ejido Plan Libertador en Playas de Rosarito, así como la expedición del certificado que lo acredite como titular de la parcela 9 Z-1 P-1/3 y certificado de derechos sobre tierras de uso común, por tanto, al tener ejecución el acto reclamado dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional deviene su incompetencia. Empero, como se adelantó este juzgador no comparte el criterio adoptado por el declinante. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente esta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedites en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. Así, en principio, para aplicar alguna regla de competencia debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor con la promoción del juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al tener que tramitar aquél ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde éste se ejecutó o pretende ejecutarse, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente de suspensión. Y si el acto es de tracto sucesivo o carece de ejecución material, al fincar competencia al Juez ante quien se presente la demanda, entonces claramente se está privilegiando que el quejoso siga el juicio en el lugar que más resulte conveniente a sus intereses y le facilite el seguimiento del trámite. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que cuando el acto reclamado se ejecuta en un distrito y se continúa ejecutando en otro, es competente el Juez ante quien se presentó la demanda. Lo anterior porque en la determinación de tres de mayo de dos mil veintidós, cuya ejecución constituye el acto reclamado en esta instancia; se determinó entre otros temas lo siguiente: a.- Adjudicar a Ernesto Bonilla Heras, con la calidad de ejidatario, los derechos agrarios que correspondieron a su extinta madre Valentina Heras Flores en el ejido Plan Libertador, municipio de Playas de Rosarito, Baja California. b.- Requerir mediante oficio al Delegado o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que una vez realizado el pago de derechos y cumplimentados los requisitos de Ley, expida a favor de Ernesto Bonilla Heras el certificado parcelario que lo acredite como titular de la parcela 9 Z-1 P-1/3 y el certificado de derechos sobre tierras de uso común por el 1.850% de los derechos sobre tierras de uso común, del ejido Plan Libertador, municipio de Playas de Rosarito, Baja California, que pertenecieran a la extinta Valentina Heras Flores, previa cancelación de los certificados que pudieran estar vigentes respecto a los mismos derechos. c.- Entregar a favor de Alicia, Leonor, Miguel, Valentín, Ernesto, María de Jesus y Salvador, todos de apellidos Bonilla Heras, el billete de depósito que a cada uno corresponda, por ser quienes tienen derecho a la herencia, a quienes requirió para que en día y hora hábil comparecieran a dicho tribunal (ubicado en Calle Diamante número 85 bis, fraccionamiento Nueva Ensenada, Segunda Sección, Ensenada, Baja California), a recibir los billetes de depósito correspondientes. Así conforme a los preceptos invocados, se observa que la regla de competencia que tomó como premisa el juzgador declinante, en el caso concreto, es la prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo en cita, toda vez que, como lo sostuvo, el acto reclamado conlleva en principio la ejecución materializada y, por ende, consideró que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, por ser el lugar en que se ubica el bien inmueble materia de la litis; no obstante, atendiendo a la causa de pedir, se puede establecer que los actos combatidos también pueden ser ejecutados en los municipios de Ensenada y en Mexicali, incluso porque expresamente así lo manifestó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, además apoyó sus manifestaciones con diversas constancias relativas al juicio agrario 455/2016; de las que se advierte que efectivamente en la ciudad de Ensenada, Baja California, se ordenó la entrega de los billetes de depósito en mención, pues, en su caso, el Tribunal Unitario Agrario en el que habrán de comparecer los coherederos para tal fin, está ubicado en el municipio de Ensenada. Máxime que también la ejecución de la expedición del certificado parcelario, conforme se ordenó, estará en cargo del Delegado o Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Conforme a lo anterior, es evidente que el auto de tres de mayo, cuya ejecución se impugna por esta vía, se puede materializar en esta Ciudad, pero también en las diversas de Ensenada y Mexicali, según se precisó. Lo anterior, se estima suficiente en esta etapa procesal, para sostener que el presente asunto encuadra en el supuesto de la regla a que alude el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, se estima que al poder tener ejecución el acto también ante el Juzgado en el que se presentó la demanda, es competente el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. En tales condiciones, al concluir que diversos juzgadores pueden tener competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo supuesto del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia de la parte quejosa que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad; máxime, si se toma en consideración que la autoridad ordenadora reside en el ámbito territorial donde ese órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, registro 2003502, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Asimismo sustenta lo determinado, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1026, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES (FEDERALES O ESTATALES) Y SUS ACTOS DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO Y CONOCIÓ ORIGINALMENTE DE LA DEMANDA, NO OBSTANTE QUE DICHOS ACTOS SE ORIGINEN EN PROCEDIMIENTOS DIVERSOS Y SEAN INICIADOS POR AUTORIDADES DIFERENTES Y EJECUTADOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS. De la interpretación del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concluye que en los casos en los que se controvierte una norma general y, como consecuencia, actos de aplicación dentro de diversos procedimientos administrativos, seguidos en distintas entidades federativas contra la misma quejosa, es evidente que sus efectos han comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siguen ejecutándose en otro; de ahí que como la inconstitucionalidad se hace derivar de la planteada sobre aquella norma, el Juez competente para conocer del asunto es el que previno y conoció originalmente de la demanda, se controviertan esos actos por vicios propios o no, siempre que dentro de la jurisdicción de éste se hayan ejecutado actos de aplicación de los cuales deba conocer. Ello, porque el tema central de la controversia radica en la constitucionalidad de normas generales, de manera que el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o el reglamento del que concierne a su aplicación, ya que los actos de ejecución son precisamente los que causan perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o reglamento; sin que para ello sea óbice que los actos de ejecución se originen en procedimientos diversos, iniciados por autoridades diferentes y ejecutados en distintas entidades federativas, toda vez que la unidad de la controversia se encuentra en la impugnación de las normas generales, por lo que no puede dividirse la continencia de la causa." En las relatadas condiciones, como se adelantó, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, y se ordena devolver. En consecuencia, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese.

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