Alicia Barrera Sosa
Expediente 878/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Alicia Barrera Sosa
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. Finalmente, en cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el [la] Secretario[a] en la carátula del expediente principal en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la autoridad responsable, remite copia certificada del laudo pronunciado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 93/2012, así como de su notificación a la parte actora aquí quejosa. Asimismo, con las constancias remitidas fórmese por cuerda separada el tomo I de constancias, para el mejor manejo del presente expediente. Por otra parte, del estado de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de emitir el laudo y/o sentencia definitiva, en el juicio ordinario burocrático radicado bajo el número 93/2012, no obstante de haberse declarado concluido el procedimiento y de haberse turnado los autos originales a presidencia a fin de que se realizara el proyecto de laudo correspondiente. Ahora bien, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias remitidas por la autoridad responsable de las que se acredita que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve dictó el laudo en el expediente 93/2012, misma que notificó a la aquí quejosa el once de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El artículo en cita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de las constancias de autos se acredita que, la autoridad responsable, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitió el laudo en el expediente 93/2012, el cual notificó a la aquí quejosa el once de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el citado expediente, y la autoridad responsable ya emitió la resolución correspondiente, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica del quejoso y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las nueve horas con dos minutos del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] rinde[n] su[s] informe[s] justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Respecto a la[s] documental[es] ofrecida[s], se admite[n] y se tiene[n] por desahogada[s] en razón de su propia y especial naturaleza, la[s] cual[es] se considerará[n] al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, con dicho anexo fórmese por cuerda separada el tomo I de constancias, para el mejor manejo del presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el [los] informe[s] rendido[s] no fue[ron] conocido[s] por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del cuatro de noviembre del dos mil diecinueve.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 878/2019-II. Pídase el informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s], quien[es] deberá[n] rendirlo por escrito. Con apoyo en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos de la demanda de amparo, entre los que se encuentran: el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); por tanto, en caso de que la[s] autoridad[es] señalada[s] como responsable[s] resulte[n] inexistente[s], es innegable que el acto que se le[s] atribuye también es inexistente, y por tanto, se suspenderá de toda comunicación con la[s] misma[s], sin que se necesario dar vista a la con dicha circunstancia, pues quedan a salvo sus derechos para hacer la designación correspondiente, acontecimiento que le será notificado por medio de lista de acuerdos. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. En razón de que la parte quejosa no solicitó expresamente la medida cautelar, se hace innecesaria la apertura del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con doce minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Intervención al Ministerio Público Federal. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional.
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