Alicia Barrera Quintero
Expediente 741/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alicia Barrera Quintero
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ALICIA BARRERA QUINTERO y AZALIA VILLALOBOS BARRERA, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del referido Acuerdo General Conjunto; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede tomando en cuenta que las quejosas no dieron cumplimiento a la prevención efectuada el diez de mayo del año en curso, no obstante de estar debidamente notificadas; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto. Vista la demanda de garantías que promueve Alicia Barrera Quintero y Azalia Villalobos Barrera, por derecho propio, contra actos del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial Del Estado de Morelos; se provee lo siguiente: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, con relación al diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Lo anterior es así en virtud de que del acto antes precisado a criterio de quien resuelve, no constituya la última resolución que ha de pronunciarse en las etapa de ejecución del expediente de origen 266/2011-I del índice del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial. Para una mejor comprensión del asunto, atendiendo al contenido integral del escrito inicial de demanda, se destaca lo siguiente: 1.- La quejosa es parte demandada en el juicio de origen. 2.- El juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución. 3.- La parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho dictado en el expediente de origen en virtud del cual la juez responsable declaró infundado la petición de prescripción de ejecución de la sentencia intentada por las quejosas ya que la parte actora interpuso el incidente de ejecución forzosa el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al considerar que con ello se interrumpe el plazo de prescripción de la sentencia. Todo lo anterior fue manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. De lo anteriormente trascrito se advierte que en el juicio ejecutivo mercantil de origen, se dictó una sentencia definitiva, asimismo, en dicho asunto se está tramitando un procedimiento de ejecución de sentencia. Sin embargo, el auto de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho dictado en el expediente 266/2011-1 como acto reclamado en el presente juicio, a criterio de quien resuelve no es la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, aquellas que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. De ahí que, respecto del acto reclamado antes citado no es procedente el juicio de amparo, pues en todo caso, podrán ser objeto de análisis, como violaciones procesales, al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que el juicio de amparo es improcedente contra los actos intermedios que se realicen en la secuela de este, pues la intención de ello es evitar la proliferación de juicios en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final venga a sanear toda la actuación de la autoridad, como lo dispone la Jurisprudencia VII.3o.C. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 804 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, correspondiente a la Novena Época del rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". En consecuencia, si el acto del que se duele la parte quejosa fue emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 266/2011-1 del índice del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado; entonces, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Esto es así, porque en los términos literales del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución dictada en el mismo. Señalando la propia ley reglamentaria del juicio de garantías que por última resolución se entiende aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Luego, el acto que se reclama a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido dentro del procedimiento de ejecución, pero que no es el definitivo; ya que no constituye la última resolución dictada en tal procedimiento ni se trata de aquella que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo o se declare la imposibilidad material de cumplirlo. Por tanto, la tramitación del juicio de amparo contra el acto que aquí se impugna no puede entorpecer u obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva del juicio de origen, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, se desprende que, la intención del legislador ha sido de no hacerlo mediante la promoción del juicio constitucional por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Es aplicable al caso por analogía, la tesis P./J. 1/2016 (10ª.), del Pleno, consultable en el Tomo I, Abril de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 15, del rubro siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." No se debe soslayar que las reglas para los actos dictados fuera, dentro y después de concluido el juicio, no se deben entremezclar, puesto que para la procedencia del juicio de amparo se ciñen a distintas exigencias, aun cuando sean actos de imposible reparación; pues como sucede en el caso concreto, al haberse dictado una sentencia que se encuentra firme e iniciado el procedimiento de ejecución, no se le pueden aplicar las reglas de procedencia del amparo biinstancial que rigen para los actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para hacerlo procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó las reglas contenidas en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías; debiendo entonces, esperar para la procedencia del juicio de garantías, que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para que se esté en posibilidad de reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 11, cuyo rubro se trascribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." En consecuencia, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 266/2011, pero no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento y, al no tener la parte quejosa el carácter de tercero extraño al juicio, sino que tiene el carácter de parte demandada, entonces, no ocurre en su favor algún motivo que haga procedente el presente juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes citadas se desecha la presente demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe. Doy fe. LORE
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