Alicia Barbosa Alonzo

Expediente 1917/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1917/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Alicia Barbosa Alonzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos al escrito signado por la parte quejosa ALICIA BARBOSA ALONZO, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. Con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio treinta y uno de julio; se le deja en aptitud de obtener la cita correspondiente para acudir al Juzgado a obtener las copias correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que rinde su correspondiente informe justificado y anexa un legajo de copias certificadas. Atendiendo a la voluminosidad de las copias certificadas que anexó a su informe de ley, la autoridad de mérito, fórmese un anexo con dichas constancias el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Ahora bien, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en el que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, no accedió a la notificación del demandado por edictos y por ende, que no se haya emplazado a la parte demandada al procedimiento de origen. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio ejecutivo civil federal, el proveído reclamado (veintidós de septiembre de dos mil veintiuno) fue emitido por un Tribunal Judicial (Juez Mercantil) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en el juicio y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. Para que proceda el recurso de apelación, contra los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, será necesario que lo disponga el código y que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, lo que sucederá en caso de que la suerte principal reclamada sea mayor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Por otro lado, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y será resuelto por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Lo anterior, corrobora la regla enunciada, esto es que cualquier auto o proveído dictado en un juicio mercantil puede ser impugnado a través de los recursos ordinarios, ya que son procedentes los medios de defensa citados, pues si no procede el recurso de apelación, entonces procede el de revocación. A diferencia de sentencias interlocutorias o definitivas contra las cuales sólo procede apelación, siempre que el monto de lo reclamado, supere el establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio. En el caso, como ya se dijo el proveído que se reclama fue emitido dentro de un juicio ejecutivo civil federal y acorde a la cuantía reclamada en el mismo, conforme a su actualización, procederá el recurso de apelación si la cantidad es mayor a los a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), o si la cantidad es menor a la que establece el artículo 1339 del Código citado, no sería procedente la apelación, por lo que en ese supuesto al tratarse un auto procede recurso de revocación como lo ordena el numeral 1334 citado; sin embargo, independientemente del supuesto que corresponda, la quejosa no lo hizo valer y por tanto, el acto reclamado carece de definitividad. Sin que pase inadvertido para la suscrita que no obstante que la quejosa no es parte actora o demandada en el juico de origen, sin embrago, al haber comparecido al mismo como postora, y más aún, al tener el carácter de adjudicatario del bien inmueble sacado a venta judicial, es indiscutible que se incorporó a la relación procesal y se sometió a la dirección del Juez en la etapa de ejecución de sentencia, de ahí que se encuentre obligado a controvertir a través de los medios ordinarios de defensa las resoluciones y actuaciones practicadas dentro del juicio en dicha etapa previo a promover el juicio de amparo en su contra, a fin de observar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Es aplicable al caso, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 103/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Laboral,, página 417, de rubro y texto siguiente: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo.". Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." No se soslaya que, tampoco se actualiza una excepción al principio de definitividad, puesto que no se trata de un acto que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso se trata de persona extraña al procedimiento. Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acto reclamado, es evidente, que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa ALICIA BARBOSA ALONZO, mediante el cual cumple con la prevención que le fue realizada en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, y al efecto refiere todos los antecedentes del acto reclamado, y de forma específica quienes son las partes contendientes en el procedimiento de origen de donde deriva el acto reclamado. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ALICIA BARBOSA ALONZO, contra el acto que reclama del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase atentamente el informe con justificación al Juez de Distrito señalado como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, solicítese al Juez de Distrito señalado como responsable, para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Se hace del conocimiento de la autoridad que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe solicitado podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el citado correo electrónico. Por lo que respecta al carácter que podría recaerle a la persona que la promovente señaló en la demanda de amparo como tercero interesada, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva; y no así a la documental a que hace referencia en su demanda de amparo, en virtud de que no la adjuntó a la misma. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Notifíquese.

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