Alicia Artezan Bordonave

Expediente 992/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
992/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Alicia Artezan Bordonave

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinte de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículos 18, Fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruir con posterioridad al DIECISÉIS DE FEBRERO DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la federación adscrita.

  3. Principal

    ACTURIO JUDICIAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DICHA PARTE PROCESAL AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, DENTRO DEL PLAZO LEGAL DE DOS DÍAS CONCEDIDO PARA TAL EFECTO EN EL CITATORIO DE MÉRITO; ACUERDO QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que a la fecha de expedición del oficio que se provee (dieciocho de enero de dos mil veintitrés), la directa quejosa no acudió a recibir el padrón de ejidatarios expedido a su favor; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que ******, señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la omisión de darme contestación y/o respuestas y/o entregarme padrón de ejidqatarios(sic) y/o constancia de inscripción y de vigencia de derechos respecto a mi solicitud de trámite número ***** de fecha 29 de julio del año 2022. Ahora, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: Destacó que no era cierto el acto reclamado, debido a que desde el doce de septiembre de dos mil veintidós, fue expedido el padrón de ejidatarios del poblado Altillo, municipio de Nautla, Veracruz, expedido a favor de la quejosa ****, en términos del artículo 22, fracción IX, del Reglamento Interior el Registro Agrario Nacional, en las oficinas que ocupa esa delegación (en el módulo de atención a trámites). Indicó que al tratarse este asunto de un juicio de amparo, se ponía a disposición de la quejosa el padrón de ejidatarios solicitado, en las oficinas que ocupa esa delegación (en el módulo de atención a trámites), a donde podía asistir siempre y cuando cumpliera con las medidas sanitarias, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Para justificar su afirmación, adjuntó copia certificada del padrón de ejidatarios del poblado Altillo, municipio de Nautla, Veracruz, expedido a su favor, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En mérito de lo anterior, por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó informar a la parte quejosa las circunstancias anteriores, es decir, que su petición había sido acordada favorablemente y se encontraba en condiciones de acudir a las instalaciones de la autoridad responsable a recoger el documento solicitado, notificándose de manera personal a su autorizado el ocho de noviembre de dos mil veintidós. Posteriormente, por oficio recibido en párrafos que antecede, la responsable informó a este juzgado que a la fecha de expedición del mismo (dieciocho de enero de dos mil veintitrés), la directa quejosa no había acudido a recibir el padrón de ejidatarios expedido a su favor. En ese contexto, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud de petición número 30220015942, formulada por la quejosa Alicia Artezan Bordonave, expidiendo al efecto el padrón de ejidatarios del poblado Altillo, municipio de Nautla, Veracruz, a favor de la referida quejosa, y el mismo se encuentra a su disposición en las instalaciones de Delegación responsable, lo que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el ocho de noviembre del año pasado, sin que a la fecha hubiera acudido a recoger el citado padrón. Por tanto, los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de acceso a la impartición de justicia. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa era que se le expidiera el padrón de ejidatarios del poblado Altillo, municipio de Nautla, Veracruz, y la autoridad responsable remitió copias certificadas de dicho título, expedido a su favor; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la parte solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. Sin que se óbice el hecho de que la quejosa no haya acudido a recoger el documento peticionado, pues ello ha obedecido a los propios intereses de la parte quejosa, pues este juzgado le notificó desde el ocho de noviembre de dos mil veintidós, que podía acudir ante la autoridad responsable a recoger la documentación multicitada. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) Por otra parte, si se toma en cuenta que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, deja a disposición de la parte quejosa el padrón de ejidatarios del poblado Altillo, municipio de Nautla, Veracruz, circunstancia que le fue debidamente notificada por conducto del actuario adscrito a este juzgado. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la omisión de darme contestación y/o respuestas y/o entregarme padrón de ejidqatarios(sic) y/o constancia de inscripción y de vigencia de derechos respecto a mi solicitud de trámite número ***** de fecha 29 de julio del año 2022." Asimismo, que por proveído de cuatro de noviembre último, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, del que se advirtió que había dejado a disposición de la quejosa *******, el padrón de ejidatarios del poblado ******, Veracruz, expedido a su favor, en términos del artículo 22, fracción IX, del Reglamento Interior el Registro Agrario Nacional, en las oficinas que ocupa esa delegación (en el módulo de atención a trámites), sin que a la fecha la responsable haya informado si ya compareció la parte quejosa a recoger la documental de referencia. En ese tenor, con fundamento en los artículos 62 y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informe si la quejosa ******, ya compareció a sus instalaciones a efecto de recoger el padrón de ejidatarios del poblado ******, Veracruz, y en caso de ser así, deberá anexar copias certificadas de las constancias con las cuales soporte la información proporcionada. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado en el tiempo y forma concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." De igual manera, apoya a lo anterior por analogía la tesis I.11o.T.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Para lo anterior, se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.

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