Alicia Araceli Arvallo García

Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
486/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Alicia Araceli Arvallo García

Actuaciones

  1. Principal

    Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA......

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que anexo la autoridad responsable al oficio que se atiende. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la constancia que acompaña se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, del estudio integral de la demanda, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de señalar fecha dentro de los plazos de ley para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del juicio laboral 200/19JE1, promovido por la aquí quejosa. Sin embargo, la junta responsable remite copia certificada del acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso, dictado en el controvertido referido, a través del cual corrigió el procedimiento y señaló las quince horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el numera 873 de la Ley Federal del Trabajo, En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable se restituyó al quejoso en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, no se soslaya que la fecha que señaló la responsable no se ajusta a los plazos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, hacer un requerimiento en ese sentido resultaría más perjudicial que benéfico para el quejoso, toda vez que sería una labor compleja notificar a las partes, lo que desemboca en su inminente diferimiento y, por ende, un trámite retardatorio, toda vez que los tribunales obreros cuentan con una carga excesiva de trabajo para realizar diligencias y demás actos judiciales. No obstante, se hace del conocimiento de la junta laboral que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que la corrección respecto de la audiencia trifásica, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio en este tema, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere en la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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