Alicia Alvarado Ramírez

Expediente 245/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
245/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Alicia Alvarado Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación a) que antecede, se desprende que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que hiciera sus manifestaciones sobre proveído de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, en el cual se le requirió para que indicara lo siguiente: Si ya efectuó la nueva determinación del impuesto sobre la renta en los términos fijados en el fallo protector, atendiendo al principio de autodeterminación de las contribuciones y, - Si ya agotó la solicitud de pago de lo indebido, derivado de los efectos de la desaplicación del artículo en cuestión. Requerimiento que fue reiterado en autos de trece de septiembre y seis de diciembre de dos mil veintidós. Presupuestos que eran necesarios para que la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a los efectos ahí determinados. Pronunciamiento respecto del cumplimiento a la ejecutoria. Por otra parte, vista la certificación b) que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa para que hiciera manifestaciones respecto del proveído de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se le dio vista sobre el informe de cumplimiento de la autoridad responsable a la sentencia de amparo. Se hace efectivo el apercibimiento y se resuelve sobre cumplimiento. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto trece de marzo de dos mil veintitrés y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a resolver si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o bien, si existe o no imposibilidad para que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo protector pronunciado en el expediente en que se actúa. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K, de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo II, a fojas 1739, de rubro: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL." De los dispositivos 193, párrafo cuarto y 196, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo se colige que, una vez que se reciba el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido el plazo otorgado, con el desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará una determinación fundada y motivada en la que declare si la sentencia fue o no acatada, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Cuando se estime que la sentencia no fue cumplida, no se acató totalmente o correctamente o resulta imposible su cumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, siguiendo para ello las reglas a que se contrae el artículo 193 de la Ley de Amparo. 1. Antecedentes. Ahora, a efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1 El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, como apoyo a este órgano jurisdiccional, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ***, para el efecto de que la Jefa del Servicio de Administración Tributaria: "a) Permita a la causante, únicamente respecto de la declaración anual de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, con número de operación ****, presentada el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta al valor de la adquisición de las mercancías de materia prima, productos semiterminados o terminados que formen parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta- o sea que se venda el miso artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. (.) b) En caso de acreditarse en fase de ejecución de la sentencia de amparo, que se enteró a la autoridad tributaria cantidades en exceso por la aplicación de la limitante contenida en el recepto reclamado en relación con la revaluación del costo de lo vendido, deberá devolver tales montos debidamente actualizados. En el entendido de que la devolución que, en su caso se solicite, tiene como presupuesto que la quejosa acredite, mediante los recibos fiscales correspondientes, el entero de las cantidades pagadas en cumplimiento de la disposición objeto de la concesión de amparo y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a la contribución de que se trata, formule el cálculo por ese concepto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago de aquélla y la que se le debe devolver." 1.2. En proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo, dando respuesta a dicho requerimiento con el telegrama recibido con fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, del cual refirió que, en el caso, existe una IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA por parte de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria de pronunciarse respecto de dicho efecto, ya que, en síntesis, manifestó lo siguiente: - De conformidad con el principio de autodeterminación de las contribuciones, establecido en el artículo 6, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, es a la persona moral contribuyente a quien corresponde ejercer el derecho consagrado en el fallo protector, es decir, realizar la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos, por lo que la autoridad fiscal carece de facultades para pronunciarse a priori en relación con el ejercicio de un derecho establecido a favor de un contribuyente en la Ley o en una sentencia. - Es el contribuyente quien debe ejercer el derecho generado a su favor a través de la sentencia de amparo ante la autoridad competente; por lo tanto, corresponde a la quejosa ejercer tal derecho, y una vez que lo ejerza, y en caso de que exista alguna modificación en la determinación del impuesto, será esta última la que determinará si su declaración anual, debe ser modificada. En ese sentido, informó que corresponde a la quejosa indicar lo siguiente: - Si ya efectuó la nueva determinación del impuesto sobre la renta en los términos fijados en el fallo protector, atendiendo al principio de autodeterminación de las contribuciones y, - Si ya agotó la solicitud de pago de lo indebido, derivado de los efectos de la desaplicación del artículo en cuestión. Derivado de ello, en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, este juzgado ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que realizara sus manifestaciones en relación con lo informado por la autoridad oficiante, esto es, para que indicara si ya había efectuado la nueva determinación del impuesto sobre la renta en los términos fijados en la ejecutoria y en su caso, si había agotado la solicitud de pago de lo indebido, derivado de los efectos de la desaplicación del artículo en cuestión. Siendo el caso que la parte quejosa no emitió respuesta ni presentó constancias que le acreditaran haber realizado las actividades precisadas, por lo cual se le requirió nuevamente mediante auto de trece de septiembre de dos mil veintidós y de igual manera, al no obtener respuesta fue requerida por tercera ocasión por este órgano jurisdiccional en el proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós. 2. Desahogo de vista. Luego, de constancias se advierte que fue debidamente notificada de dichos proveídos, y una vez que transcurrieron los términos concedidos en los aludidos autos, la parte quejosa fue omisa en dar contestación los requerimientos realizados. 3. Informe sobre el cumplimiento. Así, al no haber obtenido respuesta de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable para que informara si tenía conocimiento del cumplimiento de la parte quejosa a los procedimientos especificados, a lo que dio contestación mediante oficio recibido el catorce de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales "1" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, y en el cual comunicó respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo siguiente: ".Esta unidad administrativa a fin de atender el requerimiento de mérito, solicitó información a la Administración desconcentrada de auditoría fiscal en San Luis Potosí "1", toda vez que es la competente por razón de domicilio fiscal de la quejosa, la cual a través del oficio 500-50-00-02-05-2023-4012 de fecha 07 de marzo de 2023, informó lo siguiente (.) Oficio que se exhibe como copia certificada en el presente ocurso, en ese sentido, como podrá advertir su señoría a la fecha del presente escrito la quejosa no ha presentado trámite de solicitud de devolución por concepto de pago de lo indebido del Impuesto sobre la renta del ejercicio 2019; asimismo no ha presentado declaración en la que efectúe la nueva determinación en los términos fijados en el fallo protector." 4. Determinación sobre la imposibilidad. Así las cosas, se procede a determinar que existe una imposibilidad material para que la autoridad responsable pueda dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, pues si por una parte no existe voluntad de la parte quejosa en ejercer el derecho que le fue protegido en la ejecutoria dictada en el presente asunto, es dable determinar que la responsable no podrá actuar motu proprio y cumplir con la ejecutoria, ya que es un presupuesto indispensable que la quejosa haga valer lo anterior, para que la autoridad acate el fallo protector. Siendo las anteriores razones y circunstancias ajenas a la voluntad de la autoridad obligada al cumplimiento, por las cuales deviene imposible restituir la situación que imperaba antes de la violación que generó el fallo protector, como en la especie acontece. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo se declara que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. 6. Remisión de los autos al Tribunal Colegiado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo último, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, y una vez que transcurra el plazo señalado en el numeral 202 de la citada Ley, se ordena remitir el juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para que determine lo conducente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por medio de lista y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y a la Agente de Ministerio Público adscrita.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se provee: Llegada de autos. Se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja ********************. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************en contra del acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 245/2023-III." Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Con el carácter de autoridades ordenadoras reclama del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Secretario General de Gobierno y Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, publicado el treinta y uno del mismo mes y año en el Periódico Oficial Plan de San Luis, a través del cual: - Extingue las Juntas Especiales número Uno, Dos y Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, teniendo como último día de actividades el treinta y uno de marzo y veintiocho de febrero del año en curso, respectivamente. - Los asuntos que se encuentren en trámite ante dichas Juntas Especiales, inclusive en los que se haya pronunciado laudo o en los que se haya promovido juicio de amparo en contra de aquellas, serán tramitados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2. Con el carácter de autoridades ejecutoras reclama de los Presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con residencia en los municipios de Matehuala y San Luis Potosí, en esta entidad federativa, el cumplimiento al Acuerdo citado a través de órdenes realizadas mediante circulares, oficios o acuerdos (verbales o escritos) en los que se hubiese determinado la conclusión de funciones o cierre de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Desechamiento. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, respecto de tal acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que mediante oficio ********************, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que a partir del veintiocho de febrero se extinguían, entre otras dependencias, la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, y a partir del uno de abril del año en curso, la primera autoridad citada sería la que desahogue en todas sus etapas los asuntos pendientes de resolver por las autoridades que se extinguieron, y por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y mediante oficio que se remita al Tribunal de Alzada.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos, en virtud de que por auto de diecisiete de febrero de del año actual, se le dio vista al perito ****, en materia de topografía, con diversas constancias, a fin de que emita el dictamen encomendado. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.

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