Alice Adriana Patrón Correa
Expediente 461/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alice Adriana Patrón Correa
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 205/2019 formulado por la Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrita a este Juzgado, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a las manifestaciones que expone con relación a los actos aquí reclamados, toda vez que por auto de veintinueve de abril último, se sobreseyó fuera de audiencia en estos autos. Como lo solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad, la copia fotostática de las constancias que menciona, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: La omisión de proveer lo relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió el ocho de enero de dos mil diecinueve, a fin de que se fijara una pensión alimenticia a favor de su menor hija M.E.Z.P., a cargo de Brian Felipe Zapata Arceo, a la que correspondió el número 9/2019. Se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 461/2019-III-A, que es el que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Bajo apercibimiento, que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Ténganse por ofrecidas como pruebas las documentales y presuncional en su doble aspecto, que relaciona la parte quejosa en su escrito de demanda, mismas que se tomarán en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como domicilio de la parte quejosa oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como autorizados a Juan Antonio Herrera Aussin, Edgar Miguel Poot Delfo, Héctor Ernesto Franco Ceja y Rosalyn Guadalupe Gamboa Quintal, con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, mientras no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a María Cecilia Peraza Mendiburu, Priscila Monserrat Dzilo Esquivel, Alejandra Villanueva Navarrete, Yohanna Reyes Dorantes, Yesli Ahiran García May y Mariely Guadalupe Méndez Soberanis, para oir y recibir notificaciones e imponerse de autos. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y regístrese.
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